Vecinos y ayuntamientos afectados por el boom del alquiler exigen al Gobierno que rectifique y controle los precios

Pepi volvió a protagonizar la semana pasada, a su pesar, algunos titulares. Esta vecina del barrio madrileño de Lavapiés esquivaba su quinto intento de desahucio gracias a la presión de sus convecinos y de las organizaciones sociales. El próximo miércoles podrá preguntar a la secretaria de Vivienda del Ministerio de Fomento por qué el Gobierno no permite a los ayuntamientos que controlen las subidas desmedidas de los precios del alquiler como la que le quieren aplicar a ella (300%), que vive con una pensión de 380 euros al mes.

Un caso parecido al de Ángel, de Santa Perpetua. Él vive en uno de los bloques de vivienda social que fueron vendidos a un fondo de inversión en distintas localidades cercanas a Barcelona. Todos los inquilinos han recibido cartas en las que les informan que les suben un 70% el alquiler. 

Ángel también va a estar en la reunión con la encargada de Vivienda, Helena Beunza, en la sede de Fomento, y con los grupos parlamentarios. Acuden a estos encuentros junto a miembros de los sindicatos de inquilinos de Madrid y Barcelona. “A ver cómo les explican a Pepi y a Ángel que no se va a incluir la regulación de precios abusivos del alquiler en el decreto sobre vivienda”, razona el portavoz del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera. 

Representantes de sindicatos de inquilinos y grandes ciudades gobernadas por confluencias de Podemos e IU redoblarán esta semana los esfuerzos para presionar al Gobierno y tratar de que incluya de algún modo el control de los precios desmedidos del alquiler en el decreto sobre vivienda que aprobaron el viernes pasado. Horas después de conocerse el contenido del texto, que incluye como medida estrella la ampliación de los años de contrato de tres a cinco o siete en el caso de personas jurídicas, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, advertía de que votarán en contra si no se faculta a los ayuntamientos para poder limitar las subidas excesivas de precios en zonas tensionadas.

Por el momento el texto ha sido aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes, pero no se conocen todos sus detalles porque, en contra de lo que suele ser habitual, no se ha publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se supone que esto ocurrirá el martes, con lo que entrará en vigor y afectará a los contratos de alquiler que se firmen a partir del miércoles. 

“Esperamos que rectifiquen, porque si no nos llevan al conflicto. Hace tiempo que estamos pidiendo que se regulen los precios, y si están amparando fondos buitre vamos a la guerra”, afirma Jaime Palomera. Entre las acciones con las que amenazan en el caso de los bloques de Barcelona se están plateando una “huelga de alquileres”. Esta acción consiste en retrasar de forma unitaria el pago de la cuota, lo que genera incertidumbre en el propietario. “Cuando la propiedad actúa de manera abusiva, hay que ir al impago de forma masiva”, afirma. 

A juicio de Palomera, regular la extensión de los alquileres para elevar su duración “es necesario e importante”, pero “el principal problema” es la subida de precios. “Es como si se disparase el precio de la gasolina y el Gobierno dijera que va a bajar los límites de velocidad”. Arremete también contra el hecho de que no se toque el “particular modelo fiscal de las socimi”, las viviendas vacías y los “honorarios abusivos” para los inquilinos cuando sus caseros son personas físicas. 

Un día después, los ayuntamientos 

Un día después será el turno de los ayuntamientos. Los regidores de Vivienda de varias ciudades gobernadas por Unidos Podemos e IU se reunirán esta mismo jueves con la secretaria de vivienda, Helena Beunza, en el Ministerio de Fomento. Era un encuentro previsto antes de la aprobación del decreto.

“Vamos a insistir en la necesidad de que nos den instrumentos para la regulación de precios”, explica el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de Madrid, José Manuel Calvo. Según explica, el ayuntamiento de la capital iniciará en enero el trabajo de campo para recoger información que permita establecer los citados índice (suelen ser un índice de precio medio, por encima del cual solo se puede subir la cuota de alquiler en un determinado porcentaje máximo, según las experiencias en otras ciudades como París y Berlín). Pero por el momento, en el caso de Madrid será consultivo. “Queremos que sea ejecutivo”, afirma Calvo. Su idea es que debe poder intervenirse en caso de superarse un precio excesivo, y bonificar con ventajas fiscales, por ejemplo a través del IBI, aquellos alquileres que queden por debajo del precio medio en un porcentaje por determinar.

Por su parte, el concejal de Vivienda y Deporte de Zaragoza, Pablo Híjar, se felicita por la ampliación de la duración de los contratos de alquiler, una demanda continúa de plataformas sociales y ayuntamientos en los últimos años, recuerda. “Pero necesariamente tenemos que recordar la necesidad urgente de ejercer el control de precios en el alquiler por parte de las administraciones, así como implementar políticas de inversión para aumentar el parque de vivienda pública para el alquiler”, avisa. Aunque Zaragoza no sufre la presión del turismo, como Barcelona por ejemplo, “tiene un número insoportable de desalojos por impago de rentas de alquiler (además de los ”desahucios invisibles“ por terminación de contrato)”, explica. En el año 2017 hubo 1.461 lanzamientos, 892 por alquileres.

Un mensaje similar al de la concejala de Vivienda de Cádiz, Eva Tubio: “Reconocemos un avance en este decreto y creo que va a cambiar bastante el panorama del alquiler, pero entendemos que es insuficiente, nos interesaba que se empezara a hablar de regulaciones precios”. En su caso concreto, sí habla de los problemas de turistificación de la ciudad y de los 5.000 pisos vacíos y deshabitados que tienen computados en Cádiz. “O bien son particulares o fondos inversión que los tienen ahí para cuando renten más, como el que tiene un collar de oro”, comenta.

Vanessa Valiño, asesora de la Concejalía de Vivienda de Barcelona, insiste también en que la subida de los años de alquiler es una antigua reivindicación de los movimientos sociales, y hace hincapié en que cada vez más propietarios son personas jurídicas, fondos de inversión e inmobiliarias, por lo que alargar este tipo de contratos hasta los siete años es positivo.   

Otro aspecto que le suscita preocupación a Valiño es que se mantenga la obligación burocrática de registrar el contrato de alquiler en el registro de la propiedad si se quiere evitar que las condiciones del contrato se modifiquen en caso de cambios en la propiedad del inmueble. Pero sobre todo hace hincapié, como el resto, en la necesidad de que se otorgue a los ayuntamientos potestad para regular los precios. “Somos las ciudades las que padecemos la presión y necesitamos herramientas para controlar las subidas excesivas y la expulsión de los vecinos”, concluye.