Dos años desde la sentencia del 'caso De Miguel' y sin noticias del Supremo

Han pasado ya tres años desde que finalizara el juicio del mayor sumario de corrupción en Euskadi, el denominado 'caso De Miguel', y dos desde que la Audiencia Provincial de Álava emitiera una contundente sentencia condenatoria contra tres exdirigentes del PNV y otros cargos públicos o internos nacionalistas por haber participado de una trama de comisiones ilegales o manipulación de contratos públicos encabezada por quien fuera 'número dos' del partido en Álava y quien da su apellido al caso, Alfredo de Miguel, por todos conocido como Txitxo. Ahora, tras los recursos de trece de los quince condenados, la pelota está en manos del Tribunal Supremo, que ha designado ponente al magistrado Pablo Llarena, que ha dirigido muchas de las causas contra el 'procés' independentista catalán. Pero ninguna de las fuentes consultadas es capaz de fijar una fecha para que el alto tribunal emita su fallo, aunque la Fiscalía ve “probable” que pueda ser en la primavera de 2022. “Supongo que resolverán durante 2022, pero no sabemos en cuál de los trimestres”, explica otra fuente. Eso sí, un letrado personado en la causa recuerda que el 'caso De Miguel' no acabará ahí ni mucho menos: “Después del Supremo cabe el Constitucional y después queda Estrasburgo”.

El caso se originó hace ya doce años, en diciembre de 2009, cuando la empresaria y abogada urbanista Ainhoa Alberdi denunció ante el fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, que el entonces diputado foral De Miguel quiso cobrarle una comisión de 100.000 euros por haberle ayudado a obtener un contrato en un organismo público en el que no tenía ningún cargo, el parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria. El siguiente paso se dio en marzo de 2010, cuando el caso pasó a manos del juez instructor Roberto Ramos, quien ordenó la detención de De Miguel, de otros dos dirigentes del PNV de Álava, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, de sus tres esposas, del gerente de Miñano, Alfonso Arriola, también miembro del partido, y del empresario constructor Jon Iñaki Echaburu, contratista habitual de la Administración y exsocio de Alberdi al que se le escucha en una grabación que los pagos de mordidas son algo “dentro de lo normal”. Se había descubierto que De Miguel, Tellería y Ochadiano tenían una sociedad sin actividad aparente a nombre de las mujeres y que se llamaba Kataia Consulting. En ella entraba dinero por supuestos trabajos de asesoría y salía en forma de viajes, joyas, un Saab y copas.

Esa investigación judicial duró hasta 2015 no sin dificultades y, a su término, descubrió que la trama iba mucho más allá que Miñano. En el propio parque tecnológico se investigaron otras operaciones dudosas, apareció un pelotazo urbanístico en el pueblo de Zambrana, al sur de Álava, en el que llovieron las comisiones o también afloró una maraña de sociedades mercantiles controladas por De Miguel y en las que trabajaban cargos del PNV a las que les llovían los contratos de áreas como la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, cuyo titular con Juan José Ibarretxe era Xabier Sánchez Robles. Uno de los procesados llegó a definir a Txitxo como un “padrino” que daba juego y luego se cobraba los favores. En el juicio, Sánchez Robles presentó pruebas con apariencia de falsedad para tratar de demostrar su inocencia y, por el contrario, recibió una de las condenas más severas.

Después de un largo parón que ha permitido que las condenas se hayan visto rebajadas en aplicación de la atenuante de “dilaciones indebidas” -algo que está reduciendo las consecuencias de numerosos casos de corrupción en Euskadi-, esa vista oral arrancó en enero de 2018 y finalizó en diciembre. Algunos acusados admitieron los hechos y explicaron detalles de la trama con el ánimo de ver rebajada su condena, como Josu Arruti hijo. “¿Qué te parece si pides una comisión para ti y para mí?”, cuenta que le dijo Txitxo cuando trataba con los promotores catalanes de Zambrana. El propio De Miguel y su entorno amagaron con confesar, pero volvieron a última hora no solamente a negarlo todo sino a cuestionar la investigación. Txitxo recibió una pena de más de trece años de prisión y Tellería, Ochandiano o Sánchez Robles fueron castigados también con más de seis años. A los pocos días de la sentencia se celebró una vista porque el ministerio fiscal pidió el ingreso efectivo en prisión de los que recibieron las más duras condenas pero el tribunal optó por cautelares menos lesivas en vista de que el fallo puede ser aún revisado por el Supremo.

El recurso de la defensa de De Miguel se fundamenta en la vulneración de derechos constitucionales durante la investigación, tesis que ya ha sido desmontada en numerosas ocasiones pero que es necesaria para abrir la puerta a recursos ulteriores tanto al Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La Fiscalía, por el contrario, ha presentado un escrito de más de 500 páginas para que el fallo de la Audiencia Provincial de Álava sea ratificado. ¿Por qué una espera tan larga desde la sentencia de primera instancia hasta el pronunciamiento del Supremo? Por un lado, es una causa mucho más compleja de lo habitual, con un sumario gigantesco y abundante material en papel y soportes informáticos. Por otro lado, la pandemia ha retrasado todos los trámites judiciales.

Entretanto, De Miguel continúa trabajando para una sociedad pública del Gobierno vasco llamada Hazi y en la que, mientras estaba siendo investigado, ha tenido tres ascensos y subidas de sueldo hasta tener un salario público, al menos a principios de 2020, de unos 52.000 euros anuales. Ochandiano también continúa en la Administración vasca, concretamente en el parque de Miñano. Dos empresas de la trama como Errexal o Stoa siguen operativas y recibiendo adjudicaciones con otras denominaciones mientras Alberdi, la denunciante, explicó que estaba siendo vetada tras el paso que había dado: “Se han vengado de mí hasta hoy”. En este año el presidente del tribunal, el juez Jaime Tapia, ha dejado la toga y ahora es asesor en el Gobierno vasco, en un Departamento del PNV, y está encargado de coordinar la gestión de Prisiones, recién transferida por el Estado.