La comisión extraordinaria en el Ayuntamiento de Getxo sobre el polémico derribo de palacete protegido ha concluido con pocos avances en lo que a información nueva se refiere y muy pocas respuestas. La mayor parte de las cuestiones planteadas por EH Bildu y Elkarrekin para intentar arrojar luz sobre todo lo que hay alrededor del derribo de este edificio sin permiso del ayuntamiento en un solar en el que se van a construir viviendas de lujo por parte de una promotora, de la que son cooperativistas dos concejales del PNV, han quedado sin respuesta. La reunión se ha celebrado además sin presencia de la alcaldesa, de los concejales cooperativistas o de los técnicos de la obra, pese a que así lo había solicitado ambos grupos.
EH Bildu y Elkarrekin, los partidos solicitantes de la comisión, habían registrado un total de 104 preguntas y que han trasladado a los que estaban hoy presentes: En total 35 para Iñigo Urkitza Yañez responsable de disciplina urbanística; 13 para Janire Ocio Celada, tercera vicealcaldesa, presidente de la comisión de territorio y de responsable de infraestructuras y obras y servicios municipales; seis para la primera alcaldesa, Keltse Eiguren Alberdi en su condición de responsable de la Policía municipal; y 13 para la alcaldesa Amaia Agirre. Además, se trasladaban 14 preguntas Irantzu Uriarte, en su condición de miembro de la Junta de Gobierno que otorgó la licencia de construcción en 2022 y además cooperativista de la promotora de la obra; y 21 a Ignacio Uriarte Gorostiaga en su condición de miembro de la Junta de Gobierno que otorgó la licencia de construcción en 2022 y además cooperativista de la promotora de la obra. Por último, se han planteado dos cuestiones a Álvaro González en su condición de responsable de planeamiento urbanístico.
En la comisión han participado solo Janire Ocio como presidenta de la comisión y los responsables del Área de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística, Álvaro González, y del Servicio de Disciplina Urbanística, Iñigo Urkitza. Aunque la alcaldesa ha contestado por escrito a algunas de las cuestiones. Sus respuestas han sido siempre en la línea de defender la “legalidad y diligencia” de todas las actuaciones que ha llevado a cabo el ayuntamiento en todo el proceso, y que no se conoció el derribo del palacete sin licencia hasta el momento en el que ocurrió y que fue entonces cuando supo que dos concejales eran cooperativistas. Los comparecientes ha rechazado responder a la práctica totalidad de las cuestiones planteadas a los dos concejales cooperativistas, que estaban ausentes, argumentando que se trata de cuestiones personales y por “por prudencia, al haberse llevado el caso a la Fiscalía por parte de EH Bildu” como ha indicado la presidenta de la comisión, Janire Ocio. EH Bildu trasladó el pasado lunes toda la documentación del caso al Ministerio Fiscal para que estudie posibles irregularidades. En cuestiones técnicas, los concejales del equipo de Gobierno han remitido básicamente a las respuestas ya ofrecidas en la comisión anterior sobre este tema en el mes de septiembre y han defendido que en este caso han actuado “de idéntica manera que lo hace con cualquier otro caso similar de otorgamiento de licencias y de construcción de viviendas”.
Tampoco han querido adelantar si por parte del ayuntamiento se van a tomar acciones penales y han reiterado que tomarán la decisión “en la medida que la instructora encargada de este asunto las observe, en cuyo caso las deberá poner en conocimiento de la Fiscalía”.
Tanto Elkarrekin y EH Bildu han mostrado su preocupación por lo que han considerado “ocultación de información” y han criticado que los concejales que han comparecido han aludido en repetidas ocasiones a que no disponen de datos sobre tiempos de respuesta a expedientes urbanísticos o no se ha querido informar sobre la situación actual de los más de 100 edificios bajo custodia municipal, ni se ha explicado por qué durante ocho meses parte del edificio estuvo derribado sin permiso de obra y no se tuvo constancia.
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