La sucia herencia de Garoña

Nada, que no hay forma de que de una maldita vez nos olvidemos de la obsoleta central nuclear de marras. La última ocurrencia del gobierno pronuclear de Mariano Rajoy para prolongar la amenaza es construir en Garoña un Almacén Temporal Individualizado (ATI), un depósito de residuos nucleares dentro de la propia central. Este ATI sería el depositario de los propios residuos que ha generado la central burgalesa durante décadas y que ya amenazan con desbordar la piscina en la que actualmente se almacenan. Entonces, ¿la construcción de este almacén indica que Garoña no se va a reabrir? Pues no, en realidad liberar la piscina que se usa actualmente sería un paso necesario tanto para reabrir la central como para clausurarla definitivamente. Esa piscina solamente tendría capacidad para los residuos de tres años de actividad, por lo que si Nuclenor decide poner de nuevo en marcha la central, tendría que hacer sitio en alguna parte para los residuos que su actividad produce.

Y sobre esta cuestión sobrevuela otra no menos controvertida, la de la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) que está previsto construir en la localidad conquense de Villar de Cañas. Se supone que esté será el destino, también provisional, de todos estos peligrosos residuos que han generado tanto Garoña como el resto de centrales nucleares españolas durante las ultimas décadas. Por supuesto, el gobierno del Partido Popular está empeñado en construir este almacén a pesar de todo. Considera que es una cuestión de Estado, algo que tanto las autoridades como el oligopolio eléctrico no ha tenido en cuenta en las cuatro décadas de historia de la energía nuclear en el Estado. Y el cortoplacismo no es una opción en esta materia, como es fácil de entender cuando los residuos que genera esta actividad continuarán activos durante muchos siglos.

Se reabra o no Garoña, lo que parece claro es que vamos a tener un almacén de residuos nucleares al aire libre y en pleno meandro del Ebro, algo que no da la sensación de ser muy seguro. No me cabe la menor duda de que los contenedores – de los que habrá 32 en ese descampado- habrán sido diseñados de forma concienzuda para que cumplan su función, pero también sabemos que los accidentes no se pueden prevenir al 100%. De momento, esa es la sucia herencia que nos deja la vieja central con la que tanto tiempo nos ha tocado convivir y que esperemos no vuelva a funcionar jamás. Una herencia que “disfrutaremos” nosotros y nuestros descendientes de muchas generaciones venideras. Esta es una de las ventajas de este capitalismo salvaje que defiende el Partido Popular, que podemos ir pasando el “marrón” a hijas y nietas, que ya se apañarán para solucionar unos problemas que son en realidad nuestros. Lo importante son los beneficios a corto plazo y el crecimiento económico. Mucho pan para hoy y más y más hambre para mañana.

Y aun hay quien dice que esta es una forma limpia de generar energía, la solución a problemas como el cenit de la producción de petróleo o el cambio climático. No se puede estar más ciego. Lo dicen como si el uranio fuese agua, un elemento abundante y limpio, cuando la realidad es bien distinta. Cuando agotemos el uranio, solamente nos quedarán los residuos. La energía nuclear no es la solución a nada, es solamente otra forma que tienen las eléctricas de llenarse los bolsillos a costa de una ciudadanía que será quien pague las consecuencias. Consecuencias que no tienen que pasar necesariamente por una catástrofe como las de Chernobyl o Fukushima. Simplemente clausurar una central como la de Garoña costaría millones de euros de dinero público. La ciudadanía corre el riesgo, las eléctricas se llevan los beneficios y, cuando estos dejan de existir, la factura también la pagamos nosotros. Esa ciudadanía que ha repetido hasta la saciedad que no quiere tener cerca una central nuclear, y menos, una que ya ha dado muestras de agotamiento después de tantos años de actividad. En fin, que Garoña sigue siendo un tema pendiente, pero su cierre definitivo es al fin y al cabo una decisión política con la que tendrá que lidiar el gobierno que salga de las próximas elecciones generales de diciembre.