Cuatro años de retraso hacen que el excargo del PNV Víctor Bravo evite la cárcel y vea rebajada la multa a la mitad

El exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa y exsenador del PNV, Víctor Bravo, ha visto cómo la Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha ratificado la condena por tres delitos fiscales por el trato tributario ventajoso que obtuvo en el territorio foral la empresa domiciliada en Tarragona de su amigo Francisco González Enfedaque, Glass Costa Este Salou, de la que era socio. Se cumplen ahora exactamente cuatro años de la sentencia de primera instancia -entonces como ahora llegó en puertas de que Iñigo Urkullu convocara elecciones- y es una investigación que, además, data de 2007. Fruto de esa lentitud de la Justicia en resolver los recursos, la condena final se ha visto rebajada de siete años de cárcel por los tres delitos a dos años y medio, doce, diez y ocho meses, respectivamente. Como ninguna de las penas individuales supera los dos años, podrá solicitar una suspensión y con toda probabilidad no cumplirá la pena, según asumen fuentes judiciales. Las sanciones económicas caen también a la mitad.

El fallo contra Bravo, firmado por los magistrados Augusto Maeso, María Josefa Barbarín y Jorge Juan Hoyos y en cuya publicación se ha 'anonimizado' el nombre de un cargo público condenado, recoge una “atenuante muy cualificada” por “dilaciones indebidas”. Es algo común y corriente en otras causas de corrupción en Euskadi. Incluso las penas del 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción conocida fueron más bajas de lo que marca la ley por los retrasos en la fase intermedia. Ha sucedido algo similar con el saqueo del museo Balenciaga, otra causa originada en Gipuzkoa en las mismas fechas que el caso de Bravo. Antes ya fue condenado su hermano José María Bravo, que sí que llegó a entrar en prisión. En aquel otro sumario se comprobó que quien era responsable de la delegación de Hacienda en Irún cobraba dinero a los contribuyentes a cambio de sacarles de la lista de morosos.

La condena completa contra Bravo incluye también inhabilitación para presentarse a las elecciones, aunque lleva décadas alejado de la política. Además, en el plano económico hay multas valoradas en 1.393.000 euros. Antes rondaban los 3 millones de euros. Por cada 23.220 euros impagados se sumará un día de cárcel. Igualmente se le condena a siete años y cinco meses sin posibilidad de acceder a subvenciones. Su socio González Enfedaque, conocido por ser presidente de la aerolínea Air Madrid, recibe en segunda instancia una pena de dos años por tres delitos y multas por valor de 1.086.300, además del veto a obtener ayudas públicas.

Esta investigación judicial se inició en 2007, una época en la que florecieron en Euskadi, singularmente en Gipuzkoa y por batallas internas, otros casos relacionados con la gestión del PNV como el 'caso Balenciaga'. Para comprender el 'caso Bravo II' hay que explicar previamente una figura fiscal llamada “Sociedades de Promoción de Empresas”, exclusiva de Gipuzkoa en la época (fue creada en 1996) y que procuraba generosas exenciones fiscales a los beneficiarios. Para acceder a ese régimen la empresa debía solicitarlo y la Hacienda foral autorizarlo tras revisar todos los requisitos. Ambos acusados, según la Fiscalía, “planificaron” la manera de que una empresa con sede real en la localidad tarraconense de Cambrils llamada Glass Costa Este Salou y que se dedicaba a los hoteles y al sector inmobiliario pudiese hacerse pasar por guipuzcoana. Hubo un momento en el que incluso el tenista Rafael Nadal se aproximó a ese sistema fiscal.

Bravo era socio de Glass Costa Este Salou pero alegó en el juicio que desconocía su actividad. Y eso que el titular del 80% del capital, que el constructor González Enfedaque era su “amigo íntimo” y que compartían ocio en una enorme villa en Donostia. Bravo era también director general de la Hacienda de Gipuzkoa cuando se creó la sociedad (2001), pero tampoco se enteró de que Glass Costa Este Salou solicitó un régimen fiscal especial llamado SPE que le reportó grandes beneficios tributarios. “Ignoraba la existencia de esa tramitación. No me tengo que abstener de aquello que no conozco. Pretender que el director general conozca hasta el último papel... Dios no soy todavía”, alegó. Como en otras causas, introdujo igualmente el comodín de la amenaza de ETA para justificar movimientos económicos opacos.