El próximo martes, 2 de abril, a la vuelta de los festivos de Semana Santa, se activará al fin la pasarela para que todos los actuales perceptores de complementos de alquiler asociados a la renta de garantía de ingresos (RGI) se conviertan en titulares del derecho a la Vivienda. El plan se diseñó hace años, el decreto que lo contempla fue aprobado en otoño y con la llegada del segundo trimestre de 2024 entrará en vigor. Hasta el 29 de febrero, el último dato ofrecido por Lanbide, el gestor de la RGI, eran 25.642 los beneficiarios de los 300 euros de la denominada PCV, concretamente 15.606 parados, 5.139 trabajadores precarios, 3.132 pensionistas y 1.765 con “exención” para acceder al mercado laboral.
La PCV surgió en 2008 con la primera ley reguladora de la RGI. Se trataba de ofrecer un complemento para ayudar a acceder al mercado de la vivienda a los beneficiarios de esta prestación, personas sin recursos o con salarios y pensiones bajas. Se ideó con un tope de 320 euros. Quedó recortada a 250 euros en 2011 y estuvo congelada hasta 2022. Entonces subió a 275 euros y desde 2023 está en 300 euros, como todas las ayudas autonómicas relacionadas con la Vivienda (Gaztelagun o Emantzipa, por ejemplo). En paralelo, en 2015 se aprobó la ley autonómica de Vivienda. En ella se desarrolla por vez primera el derecho constitucional a ocupar una vivienda. La Administración queda obligada a conceder un piso protegido a quien cumpla los requisitos o, en su defecto, a abonar una prestación sustitutoria para ayudarle a entrar al mercado libre. Esa prestación recibió el nombre de PEV e iba a aglutinar a todos los perceptores de la antigua PCV. Sus beneficiarios no llegan a 2.500, es decir, diez veces menos que los de la PCV.
Sin embargo, ambas ayudas han convivido casi una década por el retraso en el desarrollo del decreto regulador del derecho a la vivienda, que finalmente llegó en octubre de 2023. El reglamento fija una pasarela para hacer en varias fases una integración de sistemas de modo que las ayudas al alquiler las centralice el área de Vivienda y no Empleo. Este 2 de abril se superará la primera fase. Textualmente, se indica que ya “no se reconocerán nuevas PCV”. El segundo período transitorio se inicia ahora y acabará el 2 de abril de 2026. El que precise de ayudas de vivienda tendrá que tramitarlas conforme a los requisitos de la normativa de 2015 y no con los de la RGI.
¿Qué ocurrirá con los más de 25.000 beneficiarios actuales de los complementos de la RGI? Cuando vaya tocando renovar su prestación -cada dos años-, pasarán a cobrar la PEV con la misma cuantía y condiciones. El salto se hará “de forma automática y sin interrupción”, promete el Gobierno. También que “el pago se realizará en la misma cuenta bancaria en la que se percibía la PCV”. Esta pasarela se pensó debido a que la RGI era más garantista en su acceso, particularmente para personas extranjeras: Vivienda exigía residencia y Lanbide solamente empadronamiento. Si se hubiera cerrado el grifo de la PCV sin alternativa, se habrían producido grandes recortes sociales en un área muy sensible.
Fuentes del área de Vivienda, que cae en la parte del PSE-EE del Gobierno de coalición de Iñigo Urkullu, insisten en que el “espíritu” del plan es “no dejar fuera a nadie del sistema anterior”. De hecho, el viceconsejero Pedro Jáuregui ha firmado este martes una instrucción para aplicar incluso con más flexibilidad la pasarela de modo que personas que hayan podido no solicitar la PCV desde el 1 de enero de 2024 pero que tendrían derecho a ella serán igualmente incluidos en la pasarela. Explica Jáuregui en la comunicación emitida a las delegaciones territoriales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa que se persigue “facilitar el tránsito de la PCV a la PEV [...] sin que se produzca la pérdida sobrevenida del derecho por razón de la citada transición”.
Eso sí, una vez hecho el cambio, estas personas tendrán doce meses para regularizar su derecho a la vivienda. El consejero del ramo, Iñaki Arriola, estimó en la presentación del decreto que la flexibilización de los requisitos para el reconocimiento de esta prerrogativa podría hacer subir de 8.000 a 18.000 los beneficiarios y que la pasarela, que también se creará para otras prestaciones como las Ayudas de Emergencia Social (AES) de vivienda, podría alcanzar incluso a 45.000 personas.