Una encuesta oficial muestra el rechazo de los vascos a conceder vivienda pública a inmigrantes sin papeles
Año 2015. El Parlamento vasco aprueba una ley de Vivienda que reconoce por vez primera vez en España a los ciudadanos con menos recursos y que no superen un umbral económico el derecho a una vivienda o, en su defecto, a una prestación sustitutoria para acceder a alojamiento en el mercado libre. Incluidos los inmigrantes sin papeles. Ahora parece que esa idea no gusta a los ciudadanos vascos.
Según una encuesta del Observatorio Vasco de la Vivienda en la que pulsa la opinión de la ciudadanía sobre ese decreto, hasta un 65% de los consultados no está de acuerdo con que los inmigrantes empadronadas en algún municipio de Euskadi, pero que no estén en posesión de una autorización de residencia puedan ser titulares de este derecho. La encuesta se publicó el 21 de septiembre de 2017 y ha permanecido abierta hasta el 25 de octubre. Transcurrido este plazo, se han recibido un total de 1.509 opiniones ciudadanas.
La Ley de Vivienda se ha venido aplicando de manera transitoria, pero desde el pasado mes de agosto el Gobierno vasco ya tiene el decreto que desarrollará totalmente el derecho subjetivo a la vivienda. Entre sus novedades, el borrador de ese reglamento autoriza a que los extranjeros sin permiso de residencia puedan acceder al sistema de viviendas protegidas.
Desde 2008, los ciudadanos sin recursos o con nóminas o pensiones bajas, cumpliendo un empadronamiento mínimo (que no residencia), tienen derecho a una renta básica (RGI), que puede incluir como complemento un pago adicional de 250 euros para satisfacer las necesidades de vivienda (PCV). La nueva regulación, firmada por el consejero socialista de Vivienda Iñaki Arriola, establece que “las personas de nacionalidad extranjera, empadronadas en alguno de los municipios de la comunidad autónoma, podrán inscribirse igualmente en el registro de solicitantes de vivienda [de Etxebide] y ser titulares del derecho subjetivo de acceso o, en su caso, de la PEV correspondiente”. Es decir, que tendrán los mismos derechos que cualquier autóctono. Así, tendrán que acreditar una antigüedad de tres años en Etxebide, que es el mismo período de arraigo exigido para acceder a la RGI.
Sin embargo, los ciudadanos de Euskadi no parecen comulgar con este derecho para los inmigrantes sin papeles. Los colectivos a los que la ciudadanía vasca daría prioridad en el acceso a este derecho son los discapacidad de movilidad reducida o discapacidad psíquica, las personas desahuciadas, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas de 70 años o más.
