El Gobierno de Iñigo Urkullu ha cumplido a medias y sin un criterio común con la solicitud de información realizada en el Parlamento Vasco por el representante de EH Bildu Josu Estarrona en relación con las adjudicaciones en los años 2020 y 2021 a las cuatro mercantiles del empresario Aitor Elorza, que también es miembro del PNV. Este grupo, encabezado por la firma Montai Produkzioak y del que también forman parte Estali La Karpa, Kultur Kirol Zerbitzuak y Denok Zuzeneko Komunikazioa, todas ellas dedicadas a la organización de eventos, ha sido objeto recientemente de un duro informe negativo de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), que es un organismo dependiente de la Administración autonómica, por las irregularidades que se han producido en el Ayuntamiento de Hondarribia. Antes de 2020 este periódico también recogió algunas anomalías en adjudicaciones desde distintas ventanillas del Ejecutivo vasco, como supuestos concursos en los que competían entre sí dos empresas del mismo dueño, que Estali La Karpa no tuviera trabajadores, adjudicaciones fuera del objeto social de estas sociedades o actos que superaban el presupuesto para contratarlos de manera directa y que se dividían en varias facturas a varias patas del mismo grupo empresarial.
Estarrona había solicitado a la Cámara “copia de los expedientes de los contratos adjudicados por el Gobierno, organismos autónomos dependientes, fundaciones y sociedades públicas a las empresas del grupo Montai (Montai Produkzioak, Denok Zuzenean Komunikazioa, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak) en los años 2020 y 2021” y “Relación de contratos adjudicados por el Gobierno, organismos autónomos dependientes, fundaciones y sociedades públicas a las empresas del grupo Montai (Montai Produkzioak, Denok Zuzenean Komunikazioa, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak) en los años 2020 y 2021, con indicación de fecha de contratación e importe”. Es una petición que da continuidad a otra de la pasada legislatura de la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga sobre los datos existentes hasta 2020.
Con los datos entregados por el Gobierno hasta el sábado -faltan algunos consejeros por responder- la conclusión inicial es que solamente una consejera, y del PSE-EE, Idoia Mendia, ha hecho público el expediente completo y la relación de facturas. En concreto, explica que adjudicó a Denok unos trabajos a finales de 2021 para Lanbide, en concreto 13.172,06 euros abonados contra factura para la feria Merkalan de Vitoria. Dos consejeros, el de Cultura y el de Educación, Bingen Zupiria y Jokin Bildarratz, han enviado su parte pero solicitado al Parlamento que el contenido “no se publique en la página web” de la Cámara. Ambas áreas habían sido adjudicadoras habituales de las empresas de Montai en el pasado. Según ha podido saber este periódico, en los dos últimos años también existen contratos con el grupo al menos para instalar carpas en colegios -algo habitual con motivo de la pandemia-, para servicios a EiTB y para una entrega de premios en Vitoria.
En el pasado, y particularmente desde la Dirección de Juventud, Elorza también recibió numerosas adjudicaciones del actual Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. La respuesta enviada al Parlamento es la siguiente: “La plataforma de la contratación pública de Euskadi, dentro de la cual se ubican, entre otros servicios, el Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Perfil del contratante de Euskadi, constituye el sistema oficial central de información general sobre la contratación pública y, como tal, el soporte para el conocimiento, análisis e investigación de la contratación pública para la estadística en materia de contratos públicos, para el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales en materia de información sobre la contratación pública, para las comunicaciones de los datos sobre contratos a otros órganos de la Administración que los precisen para el ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas, de conformidad con el principio de transparencia. Por tanto, los datos que se nos solicitan son de libre acceso público en dicha plataforma, con excepción de aquellos que estén amparados por las normas de protección de datos de carácter personal o de secreto profesional o industrial”. Mientras, el Departamento de Seguridad ha optado por enviar un enlace a esa web con una adjudicación desde la academia de la Ertzaintza de Arkaute.
El anterior envío al Parlamento, a instancias de Macazaga, puso de manifiesto que entre 2014 y 2019 el Gobierno vasco había formalizado un total de 377 adjudicaciones a las cuatro empresas. De ellas, 159 facturas eran de la propia Presidencia y de sus organismos entonces adscritos (Gogora, Emakunde y Cooperación). Salvo once expedientes, el resto habían sido contrataciones directas, sin concurso público. La cuantía total percibida por estas mercantiles rondaba los 2,5 millones de euros en esos seis años. A este respecto, el Ejecutivo encargó un informe a la Oficina de Control Económico (OCE, un órgano interno del propio Gobierno) y no apreció más que “algún error técnico de carácter procedimental y administrativo”, “incidencias en la praxis contractual que aparecen con frecuencia y sin que tengan consecuencias de ningún tipo”. El documento nunca llegó a ser presentado al Parlamento porque se disolvió por la convocatoria de elecciones de 2020, luego aplazadas por la COVID-19.
elDiario.es/Euskadi
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