La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha querido recalcar en una respuesta parlamentaria que la decisión de que el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, haya pasado a un régimen penitenciario atenuado al poco de superar el primero de sus nueve años de condena de prisión por graves delitos de corrupción “no es administrativa” ni política. San José, que es de la parte del PSE-EE del Gobierno de coalición de Imanol Pradales, recalca que la junta de tratamiento de la cárcel de Zaballa, donde ingresó en julio de 2023, se opuso a que pudiera tener salidas diarias y que solamente regresara a la cárcel para pernoctar y los fines de semana. Pero el expolítico conocido como Txitxo recurrió y logró que la juez de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso, accediera a concederle un artículo 100.2 porque, aparentemente, habría logrado un empleo en una consultora.
De Miguel fue denunciado en diciembre de 2009. Una empresaria, Ainhoa Alberdi, le acusó de extorsión, de que pretendía cobrarle una comisión de 100.000 euros tras haberle facilitado un contrato en el parque tecnológico de Miñano, en Vitoria. Fue detenido en marzo de 2010 junto con otros dos dirigentes del PNV alavés de la época, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. La investigación duró cinco años y se fue ampliando la trama. El juicio fue en 2018, la condena en primera instancia llegó en 2019 y a principios de 2023 el Tribunal Supremo emitió la sentencia firme confirmando la existencia de graves delitos de corrupción.
A De Miguel le cayeron doce años de prisión, nueve de cumplimiento efectivo. Tras varios meses de idas y venidas, con todo tipo de alegatos para evitar el ingreso efectivo en Zaballa, finalmente entró en julio de 2023 y se fijó julio de 2032 como el momento de la liquidación de la condena. También recalaron en Zaballa Ochandiano y Tellería, así como el exdirector de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles, que financió a la trama con adjudicaciones irregulares. Como De Miguel, en verano también Ochandiano y Sánchez Robles se habían beneficiado del régimen atenuado del 100.2 y, de nuevo, contra el criterio de los funcionarios de Prisiones. De Miguel y Sánchez Robles, de hecho, fueron trasladados a Basauri, en Bizkaia, ya que ambos residían allí en los últimos años. Según fuentes judiciales, Tellería es el único que sigue en régimen ordinario aunque es igualmente cierto que tardó también más meses en acudir a Zaballa.
El PP ha preguntado por dos veces en el Parlamento Vasco por De Miguel. En la primera respuesta, San José matiza que no dará muchos datos al tener carácter “protegido” el expediente concreto de un preso. Sin embargo, admite que la decisión del juzgado de vigilancia penitenciaria es opuesta al criterio técnico-administrativo, que denegó un régimen de salidas que en puridad no es una progresión de grado o un beneficio penitenciario, pero que opera de igual forma.
La consejera socialista comparte una reflexión más general sobre los presos y asegura que “no hay privilegios” pero admite que sí hay “desigualdades” porque “quienes tienen más recursos económicos y más apoyo social y familiar están mejor dentro y fuera de los centros”. Plantea, por lo tanto, ir a la “raíz” del problema y lograr que “todas” las personas encarceladas accedan de igual forma a todas las posibilidades de reinserción. De Miguel y el resto en excargos del PNV encarcelados superaron un programa de rehabilitación para delincuentes económicos, el mismo que hizo Iñaki Urdangarin, que también completó su recorrido carcelario en Zaballa.
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