La Justicia cierra sin culpables la investigación por las filtraciones en las oposiciones de Osakidetza en 2018

La magistrada de Vitoria Blanca Ester Díaz Pulido ha emitido, seis años y medio después, un auto que cierra definitivamente la investigación en torno a las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza de 2018. No habrá juicio. La resolución, que venía demorándose más de dos años, no es firme y puede ser recurrida, pero muchas partes coinciden en que la ausencia de una instrucción exhaustiva y las dilaciones que ha acumulado el proceso harían muy difícil una condena. Es más, muchos de los implicados -denunciantes y denunciados- ni siquiera trabajan ya en el Servicio Vasco de Salud por haberse jubilado o marchado a otras comunidades autónomas. Según fuentes judiciales, todos los inculpados han quedado exonerados. Sin embargo, hay dos en los que el cierre de la causa es “provisional” y no definitivo. Si aparecieren nuevas pruebas, podría retomarse el procesamiento penal.

“En definitiva, con base en cuanto se ha expuesto en párrafos precedentes, respecto de todas las especializades que han resultado investigadas en este procedimiento, a excepción de la de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, no ha quedado ni lo más mínimo e indiciariamente justificado que quienes resultaron investigados en las referidas especialidades llevaran a cabo una filtración de las preguntas o una infidelidad en la custodia de los exámenes. Por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 637.1º y 779.1.1ª de la LECrim, al no existir indicios racionales de la comisión del ilícito que se atribuía a los citados investigados, procede respecto de los mismos acordar el sobreseimiento libre”, escribe la instructora.

¿Quiénes eran las personas investigadas? Son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y su familiar Alfredo Martínez Flórez, así como los vocales Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica. Ni siquiera ha habido un criterio homogéneo a la hora de hacer las citaciones de los diferentes exámenes. Un ejemplo: las opositoras de Anestesia no están en la lista a diferencia de los de Angiología aunque son precisamente sus exámenes y notas los que sí se han revisado con más detenimiento en la investigación. Ellas comparecieron como testigos. Son Salas y Martínez Flórez los que ven cerrada la imputación de modo provisional, siempre según fuentes judiciales.

Y hay cuatro especialidades sin ningún investigado aunque pesaran sobre ellas las mismas alertas de la Fiscalía: Medicina Intensiva, Urgencias Hospitalarias, Microbiología y Cirugía Cardiovascular. En general, el patrón común de las trece es que había una gran diferencia de notas entre los aprobados y los suspendidos, llegando a darse el caso de que los mejores opositores presentaban resultados casi perfectos en pruebas de alta dificultad. Además, luego se comprobó que en muchos casos esos candidatos eran colegas de hospital de los autores de los cuestionarios. “Soy el malo de la película, pero tengo la conciencia tranquila. Yo no he filtrado nada [...]. Si hubiera habido acuerdo, [los míos] habrían sacado 100. Pero yo estoy sentado aquí con la conciencia tranquila. No he filtrado”, llegó a explicar el miembro de un tribunal que dijo no haber cometido ninguna irregularidad y que ha declarado en la causa como testigo.

Este caso estalló el 1 de junio de 2018, el mismo día en que, en Madrid, en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez se convertía en presidente del Gobierno tras ganar la primera moción de censura de la historia democrática de España. Primeramente fueron dos denuncias en las especialidades de Anestesia y Angiología, pero luego la bola fue creciendo y creciendo hasta poner bajo la lupa trece pruebas y llevarse por delante al consejero de Salud, Jon Darpón, a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y al responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros cargos.

La vía judicial arrancó en la Fiscalía, que al poco de conocerse esas primeras informaciones abrió una preinvestigación. Aunque Osakidetza no facilitó a la fiscal Carmen Adán toda la documentación que había recopilado internamente (se omitieron, particularmente, decenas de horas de grabaciones a opositores, miembros de tribunales y otros conocedores del proceso en las que se oían referencias a un “tongo”), el ministerio público formalizó una denuncia y derivó el caso a un juzgado de Vitoria. El expediente recayó en Instrucción 2. En estos años hasta cuatro magistradas han tenido la responsabilidad de la investigación. Inició el sumario Yolanda Varona, que era sustituta de Ana Jesús Zulueta, la titular de la sala. Luego Zulueta pasó a la Audiencia Provincial y cedió su lugar a Cristina Rodríguez Ruiz. Finalmente, la última titular del caso ha sido Blanca Ester Díaz Pulido.

Al margen de los cambios, el proceso investigador ha sido muy singular. Se llegó a plasmar en una resolución judicial que revisar los exámenes en una causa que precisamente trata de irregularidades en unas oposiciones no aportaba “nada”. “En relación a la aportación de los originales de los exámenes, no resulta necesario ni útil traer a este procedimiento un volumen de documentación que no será examinada por el tribunal por el escaso interés que tiene para la causa, así como por la innecesaridad de leer una sucesión interminable de preguntas médicas cuyo contenido y respuesta es totalmente ajeno a la función jurisdiccional y que no es objeto del presente procedimiento, ya que no se está enjuiciando una incorrecta valoración de los exámenes, sino una posible filtración”, dejó por escrito la tercera de las cuatro magistradas, Rodríguez Ruiz. Y eso que cuando sí se analizaron unos pocos de ellos hubo indicios claros de anomalías. Un ejemplo: en la categoría de Anestesia las opositoras con mejores notas repetían orden de resolución del cuestionario, contenido de las respuestas -palabra por palabra- y hasta los mismos errores. El vocal de un examen llegó a contar que, cuando corregía, tenía la sensación de que los mejores candidatos -los presuntos beneficiarios de las filtraciones- habían presentado “fotocopias”, hojas de respuestas idénticas entre sí y con relación a la plantilla de corrección.

Además de la Fiscalía, han ejercido la acusación dos sindicatos. El más activo ha sido LAB. ESK, de su lado, era la central de tres opositores de Anestesia que fueron los primeros en levantar la voz en su categoría, Manoel Martínez, Marta Macho y Roberto Sánchez. LAB ha intentado sin éxito en variadas ocasiones que se investigue no solamente la irregularidad como tal en el examen sino a la cúpula política de la Sanidad vasca. Las mismas veces que lo ha reclamado le ha sido denegado. El PNV, de hecho, ha celebrado la exoneración de Darpón y se ha valido de ello para denunciar una cacería política contra su figura.

El plazo inicial de investigación finalizó en el verano del 2021, a los tres años de los hechos, pero se acordó una prórroga de seis meses. En enero de 2022, 'in extremis', las acusaciones lograron seis meses más para que el asunto no muriera. Pero en ese período no se movió ni un papel y, terminado ese medio año, se acordó el final definitivo de la instrucción. Esto fue refrendado por otra instancia, la Audiencia de Álava, en abril de 2023. Desde entonces estaba pendiente que la magistrada Díaz Pulido hiciera público este auto de conclusiones.