El Parlamento Vasco demanda al Estado la transferencia de la gestión de las prestaciones de paro

Los partidos que conforman el Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, y la oposición de izquierdas, EH Bildu y Sumar, han apoyado este jueves una resolución que insta al Estado a transferir a Euskadi la gestión de las denominadas políticas pasivas de empleo, es decir, de las prestaciones de paro. Otra lectura es que el acuerdo ha sido alcanzado entre las dos fuerzas nacionalistas y los dos partidos que conforman el Gobierno de España. Solamente PP y Vox se han opuesto.

Los Gobiernos central y vasco negocian para efectuar en 2025 el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, previsto en el Estatuto de 1979. El lehendakari, Imanol Pradales, siempre ha insistido en que ello implica igualmente el traspaso de las políticas pasivas de empleo y de las funciones pendientes de la Inspección de Trabajo. Son materias nunca antes cedidas a una comunidad autónoma.

En 2011, Euskadi fue la última comunidad en recibir las políticas activas de empleo, es decir, la intermediación laboral o la formación. Fue el momento de creación de Lanbide como alternativa al antiguo Inem, ahora Sepe. Sin embargo, entonces no se cedió la gestión de las prestaciones de paro, las que ahora ha demandado el Parlamento. Previamente, ya había habido pronunciamientos similares pero el de ahora tiene el simbolismo de que llega en plena negociación.

El debate lo ha elevado a la Cámara EH Bildu. Su portavoz, Pazis García, ha apelado a la importancia de “vincular las políticas activas y pasivas”. “Las políticas pasivas de empleo tienen como objetivo proteger a las personas desempleadas mediante prestaciones económicas mientras buscan un nuevo empleo con el acompañamiento de los servicios que se derivan de las políticas activas de empleo. Y, por lo tanto, las políticas pasivas cuya transferencia hoy reclamamos son una parte indispensable de las políticas activas de empleo. La transferencia parcial que se realizó en su momento resta congruencia a la actuación pública y burocratiza la atención a las personas desempleadas”, ha argumentado poniendo el ejemplo de que para ir al Sepe a cobrar la prestación hay que acudir antes a Lanbide a darse de alta como desempleado. El texto aprobado, sin embargo, ha sido el planteado por PNV y PSE-EE ya que la coalición quería un paso más y definir un marco propio de relaciones laborales.

El PNV ha secundado el traspaso y ha lamentado que más de 45 años después de la aprobación del Estatuto siga habiendo asuntos pendientes. Sin embargo, Markel Aranburu ha ironizado que EH Bildu es un “converso” en la defensa del autogobierno vasco aunque ahora pretenda mostrarse como adalid. El PSE-EE, en otra clave, ha destacado que los “avances” en materia estatutaria se producen con presidentes socialistas en La Moncloa, en palabras de Ekain Rico. Sumar, que gestiona la cartera de Trabajo con Yolanda Díaz, llevaba una enmienda propia pero, finalmente, se ha adherido también a la reclamación general.

PP y Vox han criticado esta reclamación. El PP ha defendido que no se puede asociar más competencias con mejor gestión y ha puesto el ejemplo de la puesta en marcha de Lanbide en 2011, llena de controversia. Álvaro Gotxi ha deslizado que es más útil para encontrar una colocación tener el carné de afiliado al PNV que ir al Servicio Vasco de Empleo. Ha agregado que la propia Administración prefiere contratar a empresas privadas de búsqueda de perfiles que pedírselos a Lanbide.

Horas antes pero en el mismo pleno del Parlamento su compañero Santiago López Céspedes también ha denunciado que “no hay que ser Einstein” para conocer las redes “clientelares” del PNV. “Si existiese una inteligencia artificial para detectar las redes clientelares y le ponemos a examinar al Gobierno vasco... lo mismo colapsa”, ha atacado. Desde la ultraderecha, Vox se ha limitado a defender la “unidad” del sistema de Seguridad Social aunque el Estatuto prevé expresamente que la transferencia de la gestión no toque la caja única y la solidaridad interterritorial.