El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha parado cautelarmente medio centenar de parques eólicos en los últimos tres meses. El motivo son los posibles daños ambientales irreversibles de los proyectos. Las razones que están detrás de esta elevada cifra de planes que encallan –al menos temporalmente– en los tribunales se deben buscar, según la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Alba Nogueira, en el “poco cuidado” del Gobierno gallego en la revisión ambiental y en unos movimientos sociales y ecologistas que “han mejorado sus técnicas” y están presentando “con más rigor” recursos contra las autorizaciones. Es decir, la tramitación tiene un flanco débil en las cuestiones medioambientales y ese es el que se está abordando en las denuncias.
Este punto de vista es compartido por algunas de las asociaciones que han promovido los recursos que han derivado en estas paralizaciones cautelares. Representantes de Ecoloxistas en Acción y de Adega concuerdan en que hay defectos en el control ambiental de los proyectos y que se repiten situaciones como que no se ha evaluado el impacto hídrico, la presencia de especies protegidas o de hábitats de especial interés. “Yo creo que lo que hay es un reflejo de años de malas tramitaciones de la Xunta. Fueron muy deficientes y hubo un coladero”, resume Nogueira, en alusión fundamentalmente a los impactos en el entorno natural. La secretaria executiva de la asociación ecologista Adega, Belén Rodríguez, expone que lo que ven en las evaluaciones ambientales son “indicios de que no se contemplan todos los daños, o al menos no con toda su importancia, sobre la biodiversidad y los espacios naturales”. Y Roberto Vilela, de Ecoloxistas en Acción añade que no hay que ver las paralizaciones cautelares como un mal: “Ahora tenemos la tranquilidad de que no va a pasar como en el [parque eólico] de Acibal, que se llevaron por delante petroglifos y un humedal; ahora sabemos que, hasta que no haya sentencia, no van a hacer estropicios en el entorno”.
La visión se distancia, sin sorpresas, de la que tienen la Xunta o las empresas promotoras. El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha manifestado en más de una ocasión que, aunque respeta los pronunciamientos del TSXG, estos no le gustan y serán recurridos. Culpa a estos autos de la “total paralización” del sector, que considera “gravísima”. El PP, su partido, ha criticado la actuación de la Justicia y ha llegado a apuntar a un juez en concreto, Luis Villares, que fue portavoz de En Marea entre 2016 y 2020 y que forma parte de la sala responsable de emitir los autos. El presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), Manuel Pazo, también pone el foco en los tribunales gallegos: “La paralización que hay actualmente por parte del TSXG no la están aplicando por las mismas circunstancias otros tribunales de justicia”.
El contexto de la energía eólica en Galicia es el de un sector en el que la comunidad fue pionera, con una apuesta política que se remonta a los años 90, cuando al frente de la Xunta estaba Manuel Fraga Iribarne. La comunidad fue líder en esta actividad, aunque en la actualidad ocupa el cuarto lugar por potencia instalada –cerca de 4.000 megavatios–. Según los datos de la patronal hay más de 180 parques en funcionamiento. La proliferación de proyectos llevó a que en los últimos años se presentasen tantos que multiplicaban por más de dos los actuales. Hubo un acelerón en la tramitación a raíz del aviso del Gobierno central de que los que no contasen con una declaración de impacto ambiental favorable para enero de 2023 perderían el permiso de conexión a la red. De los 140 que había sobre la mesa, el Gobierno gallego llegó a revisar a tiempo 120. De estos, 77 lograron la declaración ambiental positiva y el resto quedaron descartados. En muchos casos la opinión favorable de la Xunta no ha sido suficiente y varios de estos proyectos ahora están paralizados temporalmente en los tribunales.
Pero las paralizaciones cautelares no empezaron en estos últimos meses. Algunas venían de antes y empleaban entre sus argumentos que la tramitación de la Xunta contradecía la normativa europea en lo que se refiere a la exposición pública de los proyectos. En varios autos el TSXG consideraba que no era adecuado al derecho europeo que el plazo para alegar se abriese sin que estuviesen todos los informes sectoriales presentados. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo dio la razón a la Xunta y a los promotores, así que el alto tribunal gallego revisó sus pronunciamientos –y en casi todos mantuvo la suspensión cautelar pese a todo– y elevó una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que aclare qué interpretación es la correcta. Desde que esto ocurrió, el TSXG ha examinado 52 casos y ha decidido paralizar cautelarmente 49 de ellos. Esto no quiere decir que hayan quedado en un cajón, sino que, mientras no haya sentencia al respecto, no se permite actuar sobre el terreno.
El daño irreversible
El presidente de EGA critica que el posible daño irreversible del que el Tribunal Superior de Galicia ve indicios es “una presunción”. “Los peritajes son cautelares, no son demostrados. Primero hay que demostrar que el daño es irreversible y aquí tenemos ejemplos de reversibilidad”, agrega y cita el caso de Estaca de Bares. Pazo se refiere a la argumentación de los autos, firmados por los magistrados de la sala 3 de lo Contencioso–Administrativo del TSXG, y a los informes de expertos en biología aportados por las asociaciones ecologistas demandantes y que se admiten como prueba de que es posible una agresión a bienes naturales.
Lo que razonan los jueces es que deben pararse los proyectos hasta que haya una sentencia porque, de lo contrario, podrían producirse daños irreversibles. Esto haría que, en caso de que la decisión final sea anular el permiso para el proyecto, la sentencia no tenga utilidad. Es decir, no valdría de nada tumbar el permiso en la sentencia si los impactos negativos ya se han producido y no se puede restaurar el entorno al estado original. Esto es lo que se encuadra en el concepto jurídico del periculum in mora del que hablan los autos.
Alba Nogueira pone en contexto las medidas cautelares para “evitar mayores perjuicios” y no repetir casos como el de tres parques de los Ancares leoneses instalados en una zona en la que vive el urogallo, una especie en peligro de extinción, que fueron anulados. Y añade que “hasta para los propios intereses empresariales es peor construir, gastar el dinero de la obra y que después te digan que no va a ir adelante nunca”. Ese escenario, apuntan todas las fuentes consultadas, puede derivar en una cascada de reclamaciones por daños de las empresas a la administración gallega. Si hubiese que pagar indemnizaciones, saldrían de las arcas públicas.
Impacto industrial
Nogueira se pronuncia también sobre la sentencia del Supremo que da la razón a la Xunta: “Creo que es bastante mala y desafortunada, en el sentido de que no tiene un conocimiento bueno de lo que dice la legislación europea”. Esas normas, añade, indican que el público general y el especialmente afectado tienen que tener todos los informes principales para poder alegar, pero lo que estaba pasando con los proyectos tramitados en Galicia era que había estudios de impacto ambiental “malos”, que eran los que se sometían a consulta pública, y luego se añadían otros análisis sectoriales sobre el impacto, por ejemplo, arqueológico o sobre la Red Natura. La catedrática opina que, más allá de esta discrepancia jurídica que debe resolver el TJUE, la situación requiere que la Xunta “ponga medios” para que los procedimientos se revisen bien: “Después sería difícil atacar los proyectos bien tramitados”. La Xunta no ha respondido a las preguntas de este diario sobre cuánto personal trabaja en las declaraciones de impacto ambiental ni cuántas iniciativas tramitan.
El presidente de la patronal eólica gallega es contundente: “El sector está absolutamente paralizado. La judicialización provoca que no se haga absolutamente nada”. Y los efectos se extienden por la industria, más allá de quienes instalan aerogeneradores, porque hay otros proyectos que están pendientes de firmar acuerdos de suministro de energía procedente de fuentes renovables. Algunas de estas empresas, añade, están buscando emplazamientos en otras comunidades. Pazo dice no encontrar explicación para lo que está ocurriendo en Galicia: “En la única resolución que hay del Supremo, nos da la razón y dice que en temas de exposición pública se estaban haciendo las cosas bien. Es igual a lo que se hace en otras comunidades y lo están validando otros tribunales”.
Debate por la descarbonización
En cuanto a los argumentos medioambientales, asegura que algunos de los peritajes aportados son “falsos”, con fotos que no se corresponden a territorio gallego. Insiste en que la legislación ambiental es “una legislación básica estatal, no un capricho de la administración de cualquier autonomía”. La cuestión, en su opinión, “no es de política” y afea que se genere “desconfianza” sobre las consultoras y los funcionarios, muchos de los cuales trabajaron con un gobierno del PP, pero también con el bipartito de PSOE y BNG que gobernó entre 2005 y 2009. Pazo apunta a una desaceleración, de hecho, con el cambio de gobierno: “Hizo más parques eólicos el bipartito en cuatro años que el PP en 14”. Y recuerda el recorte de las primas de las renovables llevado a cabo por el equipo de Mariano Rajoy en la Moncloa.
En defensa de la actividad eólica, sostiene que en los 118 ayuntamientos en los que hay aerogeneradores no hay problemas de convivencia. Cree que la oposición a estos proyectos crea “mucho ruido, pero no es tanta gente” y carga contra las entidades, que no nombra, que considera que “no son organizaciones ecologistas, son políticas negacionistas antisistema” porque van en contra del modelo hacia el que va el sistema para la descarbonización. “Que el mayor problema ecológico de Galicia en estos momentos sea la energía eólica es un disparate”, dice.
Roberto Vilela, de Ecoloxistas en Acción sostiene que es necesaria la transición energética y eliminar los combustibles fósiles, pero pide una “mejor ordenación del territorio”. “Todo tiene cabida en una medida sostenible y lógica”, dice y defiende ir contra los proyectos que afectan a hábitats prioritarios: “No es una cabezonería de que no queremos ningún eólico”. Pone ejemplos de eólicos proyectados sobre nacimientos de ríos que luego pasan por un bosque atlántico, al lado de territorios en los que viven especies amenazadas o encima de zonas por las que pasa el agua de una traída vecinal.
Respecto a la tramitación, cree que en los estudios –que corresponden a las empresas– faltan habitualmente análisis hidrológicos y apunta a una falta de desarrollo de figuras de protección por parte de la Xunta: al empezarse a tramitar los proyectos que ahora se paralizan estaban catalogados solo seis humedales en Galicia y los funcionarios, si no consta en los registros, “no tienen conocimiento del patrimonio que hay”. En el mismo sentido se pronuncia Belén Rodríguez, de Adega, que recuerda la falta de ampliación de la Red Natura y acusa a la Xunta de “dejación de funciones” en su papel de vigilante de que los proyectos no dañan ningún bien a proteger.