La Xunta no prevé nuevas ayudas para el alquiler este año pese a la situación de “emergencia social” por el aumento exponencial de los precios

La continua subida de los precios del alquiler en Galicia y las dificultades de las familias para afrontar el pago de los mismos no han llevado a la Xunta a tomar medidas para tratar de corregir esta situación que la asociación Provivienda califica de “emergencia social”. Las ayudas para el alquiler destinadas a personas con menos recursos que se concedieron el año pasado no tendrán una nueva convocatoria este año y solo se prevé la renovación de las ya concedidas. Sí que existen ayudas para personas menores de 36 años a través del Bono Aluguer Mocidade –financiadas con fondos estatales–, pero la propia Xunta las califica de insuficientes para la alta demanda existente.

En la convocatoria de ayudas al alquiler publicada a principios del año pasado solo se concedieron 4.482 subvenciones (26,8%) del total de 16.740 solicitadas. La Consellería de Vivenda asegura que muchas solicitudes “no cumplían los requisitos” –entre ellos estaban que las rentas de la unidad de convivencia no superen tres veces el IPREM–. Pero al mismo tiempo reconoce que hay necesidades que no se cubren. De ello, sin embargo, culpa al Gobierno central por no destinar más presupuesto a estas subvenciones, que podrán renovarse este año, y cuentan con un importe total de 20 millones de euros, cofinanciados al 50% por Xunta y Gobierno central.

Mientras descarga la responsabilidad en el Gobierno central, la Consellería de Vivenda señala que no tiene previsto destinar fondos propios para cubrir esta necesidad, pese a contar con competencias para ello. “La Xunta lleva años demandando del Gobierno coordinación a la hora de diseñar las ayudas para evitar duplicidades, que lo único que causan son problemas de gestión. Pero, de momento, la actitud del Gobierno ha sido crear las ayudas que les han interesado y cuando les ha interesado, sin tener en cuenta las propuestas y aportaciones de las comunidades autónomas”, sostiene el departamento que dirige María Martínez Allegue en respuesta a preguntas de elDiario.es.

Ana Pardo, responsable territorial de Provivienda en Galicia, recalca que muchas personas que cobran el ingreso mínimo vital o pensiones no contributivas se han quedado fuera de estas ayudas a pesar de que cumplen los requisitos para recibirlas. El motivo es el propio sistema de reparto diseñado: “El acceso a la vivienda de alquiler está en una situación de emergencia social porque muchas personas vulnerables no acceden a esas ayudas. Se conceden por orden de solicitud y no hay una valoración social de los solicitantes. El propio sistema de solicitud premia a los que las presentan de forma digital y la mayoría de las personas en situación vulnerable no pueden hacerlo así”. Pardo apunta a otro problema: las ayudas se resuelven tarde y eso hace que algunas personas no puedan afrontar el pago de la renta durante el tiempo de espera y acaben teniendo deudas, que es uno de los motivos para denegar estos apoyos económicos.

A la pregunta de si la Xunta piensa tomar alguna medida para corregir esta situación en 2025, Vivenda responde que solo se hace cargo de las ayudas que gestiona en solitario (las que están ahora en vigor están financiadas o cofinanciadas por el Estado) y señala que a finales de 2024 se envió al Gobierno central la propuesta para el próximo Plan de Vivienda Estatal que entrará en vigor a partir de 2026. Es decir, no hay previsiones de ayudas para este año pese a que la escalada del precio en los alquileres continúa y las previsiones de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) es que alcance en Galicia un 10% en 2025, por encima de la media estatal, que tendrá un aumento del 8,6 %, según estas previsiones.

Precios descontrolados

Los propios datos del Observatorio de Vivenda de la Xunta indican que los precios del mercado de alquiler están descontrolados. El precio medio en Galicia en 2025 se sitúa en 560 euros, lo que supone un 54 % más que hace una década. La situación es especialmente preocupante en las grandes ciudades, donde la escasez de oferta y el alza de precios complican el acceso a una vivienda, sobre todo para los colectivos con rentas más bajas. En este contexto, la Xunta critica la figura de las zonas tensionadas que recoge la normativa estatal y que ha dado frutos en otras áreas. No obstante, el Gobierno gallego asegura que tramitará las peticiones en este sentido que le lleguen de los ayuntamientos. En Galicia, por el momento, hay dos ciudades finalizando los trámites para registrar la solicitud: Santiago de Compostela y A Coruña.

Precisamente desde Provivienda consideran que uno de los factores clave para poder corregir esta situación es que haya una mayor colaboración entre Xunta y ayuntamientos. “Estamos pidiendo, entre otras cosas, que se abran oficinas de información sobre ayudas en los ayuntamientos, ya que muchas veces ni los propietarios ni los inquilinos tienen acceso a la información necesaria sobre las ayudas existentes. Por ejemplo, el programa Realuga de la Xunta no está teniendo mucha respuesta por parte de los grandes ayuntamientos, solo han colaborado los pequeños y los medianos”, señala Ana Pardo.

La situación de encarecimiento de los alquileres se produce en Galicia pese a que, según datos de consumo eléctrico recogidos por el INE, en 2021 había más de medio millón de viviendas vacías en la comunidad autónoma, de las que 90.000 están en las grandes ciudades.