El problema de la vivienda se sitúa, según el CIS, entre las principales preocupaciones de los españoles del 2023. Esta problemática se ha trasladado en la política que en una situación de elecciones ha derivado en una oportunidad política para captar votos. Pero más allá del interés en rascar votos se encuentra en juego el derecho a la vivienda. Derecho fundamental recogido en la Constitución española y que desde hace varios años se ha convertido en un dolor de cabeza para la mayoría y en un negocio para unos pocos.
Precios altos que no paran de crecer ¿Por qué?
Todos conocemos el problema, el precio de la vivienda está por la nubes. Algunos datos marcan una subida de más de un 30% en un año, situando Balears en primer lugar del encarecimiento de la vivienda, pero ¿por qué? Según políticos y el sector de la construcción, el problema recae en la gran demanda y la limitada oferta. Entonces la solución parece fácil: hay que construir más.
Este argumento es muy fácilmente refutable. Todo el mundo sabe que no podemos crecer de forma ilimitada, que el planeta tiene unos límites que ya estamos superando y cuyas consecuencias estamos sufriendo, lo que llamamos crisis energética y la crisis de materiales. Ésta repercute directamente en la construcción, pues cuanto más caras están las materias con las que se construye la casa más cara se va a vender.
En 2022, el coste de los materiales se incrementó entre un 12% y un 18%, un encarecimiento que se explica por la falta de materiales como la cal o el yeso, que fueron un 40% más caros. Y en segundo lugar, por la crisis energética, es decir, si suben los precios de los combustibles que usan las máquinas para la extracción del material, más sube el coste y más caro se venderá el material. El encarecimiento energético o de combustibles se encuentra muy bien explicado por el científico Antonio Turiel en su blog The Oil Crash.
También conocemos el impacto de construir en suelo rústico y natural. Construir en rústico sólo agrava la crisis alimentaria. Además de poblar hasta el último rincón de las islas esto supone añadir más presión a un sector primario muy deteriorado. El sector primario apenas llega a producir el 15% de los productos que consume la isla, por lo que construir más vivienda en rústico o convertir fincas en agroturismo provocaría una disminución de la producción de alimentos e incrementa la necesidad de llegada de más alimentos. Un círculo vicioso, sin hablar de la importancia de los espacios naturales para la salud de los ecosistemas, las personas y la economía.
Y no, no estamos hablando de construir lo justo para resolver la situación. Como indica Terraferida, desde 2015 a 2021 el urbanismo ha consumido más de 11 km2 sólo en Mallorca, sin solucionar el problema. Y las previsiones de futuro son poco esperanzadoras pues, según el sector de la construcción, se necesitarían construir en Balears 7.000 viviendas cada año para responder a la demanda actual. Esto hace inviable seguir construyendo de forma masiva nueva vivienda. Estamos creciendo por el límite de nuestras posibilidades. Pero ¿por qué se necesita construir tanta vivienda para dar solución a la crisis inmobiliaria? ¿De dónde viene esta alta demanda?
Por una parte se debe al crecimiento constante de la población en Balears y, por otra, a la gran demanda extranjera que existe sobre Balears. La compra de vivienda por extranjeros supuso en 2021 casi el 40% del total de operaciones, de los porcentajes más altos del país. Este hecho provoca que, pese a que se construya más vivienda, gran parte de ella va a caer en manos extranjeras. Este hecho se explica por el mayor poder adquisitivo que tienen los extranjeros en comparación a la población local, agravando la compra por parte de residentes.
Este incremento de la demanda extranjera se puede explicar en gran parte por la política crecentista en gestión turística del Govern durante los últimos años. El incremento de número de visitantes, el más alto del país con 9'2 visitantes por residente, ha hecho que cada vez más vivienda se destine al uso turístico.
Las políticas han sido las principales responsables, principalmente con la apertura de nuevas rutas aéreas con otros países como Estados Unidos, entre otros, lo que ha provocado una entrada del mercado inmobiliario estadounidense que mete más presión a la crisis de la vivienda. Tanto es así que ya se han encontrado muchos casos de expulsión de población residente y ejemplos de inmobiliarias que discriminan y sólo buscan transacciones a clientes extranjeros. Sólo hace falta ver los datos para saber que la vivienda se ha convertido en un negocio. En diez años las compañías han crecido un 95’42%, llegando a septiembre de 2022 con casi 1.500 compañías.
Y el último problema que se nos suma es la vivienda vacía. En Balears tenemos 105.434 viviendas vacías, el 16’17% del total (652.123), lo que supone un factor de encarecimiento del precio.
¿Existen soluciones? ¿Cuáles?
Son muchos los problemas que supone el acceso a la vivienda, pero ¿qué alternativas nos encontramos para solucionar el problema sin que tengan un perjuicio?
- Una ley de vivienda que regule la subida de precios y que intervenga para motivar a los propietarios a sacar a comercio sus propiedades.
- Limitar la compra de vivienda a extranjeros. Debate muy presente y que se trasladó a la Comisión Europea, que señaló que la normativa “prohíbe restringir la compra de inmuebles a ciudadanos de la Unión Europea, salvo por razones imperiosas de seguridad pública o interés general que lo avalara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Esta afirmación deja abierta la posibilidad de aplicar tal normativa, lo que ayudaría a acceder a vivienda a gente que quiera residir en el territorio.
No penséis que las Illes Balears seríamos la excepción: ya existen varias regiones y países que han intervenido para regular el problema de la vivienda: Dinamarca, Malta y las Islas Aland exigen residir un mínimo de años para poder comprar una casa. También Croacia aplicó restricciones en la adquisición de tierras agrícolas a ciudadanos de la UE. Otras regiones como Córcega y Flandes también lo intentaron establecer pero sin éxito al ser tumbada la iniciativa por el Tribunal de Justicia de la UE.
Fuera de la Unión Europea encontramos países como Canadá que imponen una sanción o impuesto a aquellos extranjeros que no cumplan un mínimo de años de residencia en el país. O el caso de Nueva Zelanda que directamente prohibió la compra a extranjeros para frenar la especulación y subida de precios.
Además de la adquisición se debería intervenir en los inmuebles destinados a uso turístico. Mallorca cuenta con casi un 5% del parque inmobiliario dedicado al turismo, el más alto de España. Muchas ciudades ya han actuado como es el caso de París que prohibirá más apartamentos turísticos en zonas saturadas.
En España encontramos a Palma que ya lo hizo en 2018 en viviendas plurifamiliares y que ha ayudado al problema. En Andalucía la Junta ya permite a los ayuntamientos limitar la vivienda de uso turístico. En Cambio a Balears con un gobierno del mismo partido político, el PP con VOX, se posiciona en contra de cualquier moratoria o límite.
Ahora bien, las soluciones más bien de llegar parecen alejarse, con políticas que sólo contemplan la liberalización de suelo y la construcción de más vivienda, mientras se fomentan políticas de crecimiento turístico. Lo que sólo gusta al sector inmobiliario.