Hace ya varias semanas que se terminó el verano. La mayoría de turistas han vuelto a sus casas y el viento de tramontana trae a las islas una copla: el cada vez más preocupante problema del acceso a la vivienda en Balears. Menorca, además, acusa una particularidad en el mercado inmobiliario que marca el rumbo de la discusión, debido al fuerte crecimiento de compradores franceses. Las transacciones de ciudadanos galos con alto poder adquisitivo representan ya un gran porcentaje de las operaciones de compraventa. Las cifras hablan por sí solas.
No existen datos oficiales sobre la nacionalidad de los compradores, pero, por ejemplo, de las 125 operaciones de compraventa de inmuebles realizadas en Menorca por la inmobiliaria Bonnin Sansó entre enero y abril de 2022, 19 corresponden a clientes franceses, esto es el 15,2%. En las transacciones de bienes inmuebles que superan los 600.000 euros, las personas de ciudadanía francesa representan el 68%. Según el Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), entre 2018 y 2021 el número de residentes franceses en Menorca pasó de 507 a 654, la mayoría de los cuales está empadronados en Ciutadella.
“Algunos se lo toman como una invasión, pero si te vas a Eivissa también encontrarás muchos italianos y si te vas a Mallorca verás alemanes”, afirma el responsable de Finques Armengol, Lluís Armengol, en diálogo con elDiario.es. Sobre las razones de esta demanda creciente, el empresario destaca dos: “Por un lado la fortaleza financiera de Francia con respecto a las economías de otros países históricamente interesados en comprar vivienda en la isla, como España o Reino Unido y, por otro, el motivo es simple: Menorca está de moda”.
Los franceses apuestan fuerte por Menorca y se nota. Sea por moda o por fortaleza económica, el impacto de la demanda gala tiene sus consecuencias en el mercado inmobiliario. Balears encabeza la suba de precios de alquiler en toda España, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Entre 2015 y 2022, el porcentaje de aumento ha sido del 13,3%. El aumento de población de alto poder adquisitivo -en general, pero con los franceses a la cabeza- en Menorca, y la tasa creciente de precios de alquiler y compra son dos tendencias que se explican mutuamente.
Por su parte, los precios de compra de vivienda en Balears en el segundo trimestre de 2022 han experimentado un aumento del 2,9%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV), una estadística elaborada por el Instituto Nacional de Estadística que mide la evolución de los precios de compraventa de las viviendas de precio libre. Mientras la media de aumento a nivel nacional es de 1,9%, Balears marca un punto exacto por encima, siendo el territorio donde más aumentaron los precios de compra de viviendas nuevas y de segunda mano. Esta tasa creciente sitúa a Balears entre las tres comunidades autónomas con mayores aumentos en este período, incluso por encima de Castilla-La Mancha y Asturias que experimentaron subidas del 2,5%.
Cristina Gómez, responsable de Vivienda y Empleo en el Consell de Menorca, habla con elDiario.es a propósito del proyecto que prevé limitar la posibilidad de compra de casas vacacionales por parte de no residentes en Balears. “Nuestra pretensión es que solo puedan comprar vivienda personas que acrediten dos años de residencia en las islas. Se han sobrepasado todos los límites. Es inasumible que la compra de vivienda sea un bien de financiarización o de inversión y no un bien de uso. Tampoco estamos de acuerdo con pedir la prohibición de compra por parte de extranjeros, es una discriminación injustificada. Lo que defendemos es que las ciudades sean para quienes las habitan”.
Nuestra pretensión es que solo puedan comprar vivienda personas que acrediten dos años de residencia en las islas. Se han sobrepasado todos los límites
Lluís Armengol, por su parte, considera que el de alquiler y el de compra “son dos mercados distintos” y que el alza en los precios se debe a la proliferación de oferta de alquileres no regulados. “En lugar de frenar el ingreso de capitales con leyes contra las segundas residencias, lo que deberían hacer es perseguir la oferta no habilitada como la que se ofrece en AirBnB”, enfatizó el empresario.
Otra propuesta similar a la de Podem es la de Més per Mallorca, cuyo portavoz solicitó a la Comisión Europea que impulse medidas para limitar la compra de viviendas por parte de los no residentes en Balears. Josep Juaneda, conseller de Més per Menorca, afirma no se oponen a que los extranjeros vayan a vivir a la isla: “Esta es una comunidad abierta para todos los que quieran tener un proyecto de vida. Lo que no es aceptable es que se compren viviendas que permanecen vacías todo el año y apenas se ocupan unos días en verano. Eso fomenta la especulación y la gentrificación”.
Otra propuesta legislativa similar es la presentada por El PI, aunque extienden el plazo para acceder a comprar una vivienda de dos a cinco años para no residentes. Además, la formación encabezada por Josep Melià impulsa la creación de un techo para el número de coches y motos disponibles para el alquiler durante la temporada alta, con el objetivo de reducir la presión automovilística en las islas.
A pesar de la batería de medidas propuestas por las fuerzas regionalistas, todos los bloques reconocen que esto choca con la norma fundamental de la Unión Europea que garantiza la libre circulación de bienes, capitales y personas entre países miembros. Sin embargo, los diferentes espacios políticos consultados por elDiario.es coinciden en la importancia de avanzar en medidas específicas, dadas las circunstancias territoriales particulares de Balears, en especial de Menorca, la menos construida y más demandada de las islas en el último período.
Sin embargo, fuentes consultadas por elDiario.es señalan la existencia de legislaciones específicas dentro de la UE, que parten de considerar las circunstancias particulares de cada territorio. Un ejemplo son las limitaciones para la compra de segundas residencias en las Islas Aland, ubicadas en los fiordos finlandeses, cuya escasez territorial obliga a garantizar por ley un parque de vivienda para los residentes. Otra posibilidad es el modelo habitacional llevado a cabo en Austria, donde una cuarta parte de las viviendas disponibles son propiedad del estado nacional y de los municipios y los aumentos no pueden pasar determinados límites.
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