El exdirector del Servicio de Salud balear señala a Transportes y a Koldo como los intermediarios de las mascarillas

Manuel Palomino, exdirector general del Servicio Balear de Salud durante la legislatura de Francina Armengol, ha declarado este lunes en el Congreso de los Diputados en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. Palomino, que fue quien firmó el primer informe para reclamar a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. el sobrecoste de las mascarillas, ha reconocido que fue Koldo García quien actuó como intermediario con el Govern balear.

Palomino, que tendrá que volver a comparecer este martes en el Parlament en la comisión de investigación que celebra la Cámara autonómica por el caso Koldo, ha dicho que recibió una llamada por parte del Ministerio de Fomento -una persona que no es capaz de identificar, pero que dice que “era alguien no especialmente significado, que hacía una búsqueda de necesidad de material”-, en la cual se le informaba que “estaban organizando un gran transporte de material desde China”. Lo hicieron, según él, por si el Govern balear “necesitaba participar” en ese reparto. Según Palomino, él contestó que sí necesitaban cubrebocas, especialmente si eran FFP2 o KN-95.

“Este señor me facilita un móvil (el empleado del Ministerio de Transportes que no es capaz de identificar), que me dice que [el teléfono] es del asesor del ministro [José Luis Ábalos]”, ha comentado. “Se nos dio un contacto telefónico, le envié un WhatsApp, me presenté y pedí información. A respuesta de este WhatsApp, recibo una llamada de este señor, que se presenta como asesor del Ministerio [de Transportes], el señor [Koldo] García, a quien manifiesto nuestro interés en conocer los detalles del transporte [del pedido]. Me remite a [Iñigo] Rotaeche -socio mayoritario de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL-, facilitándome el contacto y se sigue el procedimiento habitual”, resume.

Palomino asegura que, en un correo, Soluciones de Gestión comentaba que tenía previsto que los aviones con el material llegaran a Barajas el 26 de abril, y se les ofrecía una parte de ese material, que podía llegar a Palma el 27 de abril, compuesto de mascarillas KN-95. El resto de material “parecía ir dirigido al Ministerio del Interior, ADIF y Puertos” y otras administraciones. Las mascarillas adjuntaban certificado de cumplimiento como KN-95, informes de prueba y de dos auditorías.

Durante su intervención, Palomino se ha enfrentado a José Vicente Marí Bosó (PP), entre otros aspectos, por el importe pagado, por si escondió a Europa un informe del Ib-Salut que acredita que no eran mascarillas FFP2 -fueron cubrebocas pagados con fondos europeos- o por si la llegada de las mascarillas era “urgente” teniendo en cuenta que al final no eran de uso hospitalario, sino domiciliario. Según Palomino, nunca se distribuyeron entre los centros hospitalarios y se quedaron en un almacén.

“¿Por qué no reclamó inmediatamente?”, ha preguntado Bosó a Palomino sobre los tres años que tardó el IB-Salut entre que certificó que las mascarillas no eran FFP2 e inició la reclamación del sobrecoste de los cubrebocas. Según el exdirector general del IB-Salut, se tardó tanto en reclamar porque en esos tres años hubo “siete olas pandémicas”. “Queríamos tener un stock de seguridad por si nos hacía falta. Reclamo el año tres porque tengo cuatro años para hacerlo. Lo hice en plazo”, ha dicho Palomino.

Ante las preguntas de la diputada socialista Mercedes González, Palomino ha rechazado que recibiera alguna orden por parte del Govern o de Armengol para contratar a ninguna empresa. “Ni con esta [Soluciones de Gestión], ni con ninguna. Jamás Armengol se ha interesado por ningún contrato. La consejera de Sanidad, tampoco”. “¿Le ordenó alguien del Gobierno de España la compra con determinadas empresas?”, ha preguntado González. “En absoluto”, ha contestado Palomino, quien ha añadido que solo ha hablado con Koldo García una vez en su vida.

Esta es la tercer sesión de comparecencias que acoge la comisión de investigación del caso Koldo. Palomino es el primero de los tres ex altos cargos del Govern balear que están citados este lunes. Esta tarde está prevista la comparecencia de la presidenta del Congreso y expresidenta de Balears, Francina Armengol (18.00 horas), y el exvicepresident, ex conseller de Turismo y mano derecha de Armegol, Iago Negueruela (15.00 horas).

La contratación con la trama

En 2020, durante el mandato de Francina Armengol (PSOE) y en los peores meses de la pandemia de coronavirus, el IB-Salut firmó un contrato con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., la empresa de la trama Koldo, para adquirir 1,5 millones de mascarillas. Fue la compañía la que voluntariamente ofreció los cubrebocas a dicha Administración a través de un correo electrónico que llegó el 15 de abril de 2020.

En el documento de marzo de 2023 que firmó Palomino tan sólo se comenta que “la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas se pone en contacto con el Servicio de Salud para comunicar que ha fletado un avión con mascarillas FFP2 y que está en disposición de suministrar 1.480.600 mascarillas de protección para vapores orgánicos FFP2 de un solo uso”, pero no aclara si hubo un contacto previo entre la Administración y la empresa antes de ese correo electrónico.

Este lunes, Palomino ha aclarado que hubo llamadas y mensajes previos a ese correo electrónico con Koldo García. Esta era la principal incógnita que quedaba por resolver del caso mascarillas en Balears. La cronología que se sabía hasta la fecha era la siguiente (todo transcurre en 2020): el correo electrónico llegó el 25 de abril, el pedido se realizó en el sistema el 29 de abril -ese mismo día llegaron las mascarillas-, el contrato se firmó también el 29 de abril, el 4 de mayo el director del IB-Salut adjudicó por emergencia la adquisición de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas y el 12 de mayo se publica en la Plataforma de Contratación el anuncio de la adjudicación por emergencia.

Los socialistas defienden que el contrato cuenta con el aval de Intervención. Asimismo, ni la Fiscalía ni el juez que instruyen la causa en la Audiencia Nacional han encontrado indicios de ilegalidad. Sin embargo, la Agencia Tributaria señala que “esta contratación aparentemente pudiera haber sido adjudicada al margen de la legalidad” ya que, según sus cálculos, las mascarillas se entregaron el 27 de abril (se entiende que ese día llegaron a Madrid) y que esto fue antes de que se formalizase el contrato (29 de abril) y antes también de que se acordara la tramitación de emergencia para ese suministro en concreto (4 de mayo).

Otro problema es que las mascarillas que recibió el Govern no eran FFP2, sino de calidad inferior, por lo que al final no se utilizaron y acabaron almacenadas. Fue el propio Ejecutivo de Armengol el que, voluntariamente, el 25 de mayo de 2020, pidió un análisis al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), que confirmó que no eran cubrebocas FFP2. El 8 de junio de 2020, el CNMP remitió al Servicio de Salud balear los resultados del informe: ningún ejemplar de la muestra es una mascarilla FFP2. En ese momento, se ordena retirar las mascarillas de los entornos sanitarios y se almacenan.

Sin embargo, el propio IB-Salut emitió en agosto de 2020 un certificado de conformidad firmado por un subdirector de Compras y Logísticas a instancias de la empresa, a pesar de que ya había recibido, dos meses antes, los resultados de los análisis constatando que el material no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2. El actual gerente del IB-Sañut, Javier Ureña (PP), aclaró que es habitual que las empresas soliciten este tipo de certificados para poder presentarlos al concurrir a otras contrataciones públicas. El documento acreditaba que, para el Ib-Salut, el contrato se había ejecutado “correcta y satisfactoriamente”.

El expediente de reclamación

Pasaron más de tres años entre que se recibieron las mascarillas y se inició la reclamación. El primer documento es el que firmó Palomino en marzo de 2023, en el que advertía a la empresa que “las mascarillas suministradas no cumplen con los requerimientos técnicos de una mascarilla FFP2” y que por este hecho “se procederá a tomar las medidas oportunas con el fin de resarcir al Servicio de Salud de las Illas Balears”.

Después, el 6 de julio de 2023, el mismo día que Marga Prohens (PP) fue elegida presidenta balear y con el Govern de izquierdas en funciones, Antonio Mascaró, subdirector de la Central de Compras y Logística, emitió un informe en el que proponía la resolución parcial del contrato y reclamaba a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL una indemnización de 2,6 millones de euros.

El 24 de agosto, el Govern de Prohens inició formalmente el procedimiento para reclamar al contratista dichas cantidades económicas. La empresa registró alegaciones el 6 de noviembre, oponiéndose a la resolución del contrato, después de que el 17 de octubre se le concediera el trámite de audiencia para presentarlas en un plazo de diez días, y que posteriormente fue ampliado.

Sin embargo, este procedimiento ha quedado sin efecto porque el Govern del PP ha decidido iniciar uno nuevo para reclamar no sólo los 2,6 millones de euros de sobrecoste, sino 3,7 millones de euros, la totalidad del contrato. Según el Ejecutivo actual lo hacen porque aquel certificado de conformidad que emitió el IB-Salut en 2020 dificultaba que la reclamación que inició Armengol prosperase. La nueva estrategia del Govern pasa por declarar que el contrato es nulo de pleno derecho, haciendo que se retrotraiga todo el expediente y dejando así sin efecto cualquier paso posterior -como si el contrato nunca se hubiera celebrado-.

Caducidad del expediente

Otra de las incógnitas es precisamente si la reclamación que inició el Ejecutivo de Armengol -que ya no está vigente porque el Govern del PP ha desestimado dicho procedimiento- para recuperar el sobrecoste de las mascarillas está caducado o no. Según los cálculos del juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el procedimiento tenía como fecha límite de caducidad el 18 de enero de 2024, cuando Prohens (PP) ya era presidenta balear. Además, su investigación revela que Koldo García recurrió al PP para que la trama no pagara los 2,6 millones de euros que le reclamó el Ejecutivo socialista.

Asimismo, la documentación que el Govern del PP ha presentado a los grupos parlamentarios para la comisión de investigación del caso Koldo que se está celebrando paralelamente en las Islas demuestra que pasaron más de tres meses desde que la empresa presentó alegaciones y el Ejecutivo contactó con ella. La compañía presentó alegaciones el 6 de noviembre de 2023 y no fue hasta el 28 de febrero de 2024 -la fecha límite de caducidad era el 18 de enero de 2024, según Moreno- cuando el Ejecutivo volvió a contactar con la compañía.

No obstante, el plazo para continuar con la reclamación ya había caducado. Según el Govern del PP, debido a un “error”. El Ejecutivo popular asegura que tuvo que “rectificar” el error de la resolución del 24 de agosto de 2023 en la que ellos mismos señalaban un plazo máximo de 3 meses desde el momento de acuerdo a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). El IB-Salut considera ahora que el plazo máximo para la resolución parcial del contrato es en realidad de 8 meses, de acuerdo a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Es decir, el Govern balear del PP reconoce que “por error” le indicó en agosto de 2023 a la empresa de la trama Koldo que el plazo para reclamar el sobrecoste de las mascarillas era de tres meses y, al año siguiente, ya en marzo de 2024, cuando el escándalo de la trama Koldo había salido a la luz, cuando José Luis Ábalos ya había dimitido, cuando Francina Armengol estaba en el punto de mira, cuando el PP había defendido a capa y espada que el procedimiento no había caducado y cuando el juez había afirmado que sí lo había hecho, el Ejecutivo alega que en realidad es un plazo de ocho meses.

El juez, sin embargo, interpreta que el expediente caducó el 18 de enero, tres meses después de que se notificara a la empresa que podía presentar alegaciones contra la resolución parcial del contrato, como publicó elDiario.es. Tras la publicación de esta información, el PP de Balears empezó una campaña contra este diario, definiéndolas como “fake news”, pese a que se basaban en los cálculos que hacía el juez de la causa. También la jurisprudencia del Tribunal Supremo avala que el procedimiento del Govern de Armengol caducó durante el mandato de Prohens.

En cualquier caso, el PP ha dejado sin efecto la posible caducidad del expediente, ya que ha decidido iniciar un nuevo procedimiento administrativo y ha desistido de éste. Ahora, un juzgado de Palma investiga al Govern balear del PP por dejar de reclamar los 2,6 millones de euros de las mascarillas a raíz de una denuncia del PSIB-PSOE. El juez señala que los hechos hacen presumir la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.