El Govern balear de la socialista Francina Armengol reclamó en 2023 la devolución de 2,6 millones de euros a la empresa investigada en el marco de la trama de presunta corrupción en la adquisición, por parte de la Administración central, de Balears y de Canarias, de material de protección sanitaria en los peores meses de la pandemia de la COVID. Las pesquisas, que se han cobrado la detención del asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, se centran en los 53 millones de euros que el Ministerio de Transportes, el de Interior y ambas Comunidades Autónomas habrían desembolsado, por el procedimiento de urgencia, para comprar este material a la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, ajena al sector.
En 2020, el Ejecutivo liderado entonces por la presidenta del Congreso adquirió mascarillas por un valor de 3.701.500 euros, tal como consta en la documentación del expediente, consultada por elDiario.es. Se trata de un precio muy superior al tipo de cubrebocas que finalmente llegaron a las islas. Por este motivo, en julio de 2023, y con la legislatura prácticamente finalizada, el Servicio Balear de Salud (IB-Salut) exigió la devolución de 2,6 millones de euros que se habían pagado de más.
Con todo, el lote de los 3,7 millones en mascarillas no fue la única compra del IB-Salut a esta empresa. De acuerdo a la documentación consultada por este medio, en junio de 2020 se le adjudicó otro contrato de 56.715 euros para facilitar los trámites aduaneros y que llegara el material COVID. Posteriormente, en diciembre de 2020, se anuló tanto la adjudicación como la formalización, pero en diciembre se le volvió a adjudicar: mismo expediente, mismo objeto, mismo importe.
En concreto, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas se encuentra vinculada, a través de varias sociedades y administradores, a Víctor Aldama, quien cuenta con 27 cargos activos en más de una decena de sociedades, es presidente del Zamora y uno de los imputados en la trama. Tal como publica elDiario.es, Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, radicada en Zaragoza y dedicada a la asesoría, pasó de facturar 0 euros en 2019 a ingresar 53 millones al año siguiente, el de la pandemia, por contratos con distintas administraciones.
Según han informado fuentes gubernamentales a Europa Press, la reclamación de los 2,6 millones se formalizó el mismo día en el que la popular Marga Prohens era investida presidenta de Balears y a instancias de un director de compras del IB-Salut antes de que las carteras fuesen traspasadas. Además, el departamento dependiente de la Conselleria de Salud recibió en 2022 un requerimiento de la Guardia Civil en el marco de la investigación por presuntas mordidas en contratos durante la pandemia por la que ahora ha sido detenido Koldo García.
Fuentes del anterior Ejecutivo han defendido la actuación del Govern progresista asegurando que los contratos se hicieron “conforme a la ley”.
La Oficina Anticorrupción de Balears advirtió de supuestas irregularidades
Se da la circunstancia de que la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears, organismo que prevén eliminar PP y Vox, ya advirtió de las supuestas irregularidades que rodeaban al contrato de 3,7 millones de euros. Lo hizo en un informe general sobre la compra pública de emergencia durante la crisis sanitaria. Se trata de una investigación iniciada de oficio en 2020, sin ninguna denuncia previa, ante el incremento de compras de emergencia, generalmente más vulnerables a malas prácticas.
La Oficina constató un único encargo de Balears a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que también contrató con el Ministerio de Sanidad la compra de material sanitario por 40,5 millones de euros. Según la Plataforma de Contratación del Sector Público, antes del estado de alarma no se le habían adjudicado contratos de suministro de material de protección sanitario.
De acuerdo a las investigaciones, la sociedad presentó una única factura para el encargo realizado con el IB-Salut, por 3.701.500 euros para la adquisición de casi 1,5 millones de mascarillas FFP2, un precio de 2,5 euros por unidad. Esta contratación se realizó mediante un informe justificativo de la necesidad de tramitación de emergencia.
Con todo, la Oficina Anticorrupción advirtió de que en la Plataforma de Contratación constaba otro contrato por “servicios de gestión necesarios para adquisición y trámites aduaneros de pedidos de material sanitario COVID”, por 56.715,24 euros (1,5% de la factura de suministro de material). La factura correspondiente no se facilitó a la Oficina.
Fue la empresa la que contactó con el IB-Salut avisando de que habían fletado un avión repleto de mascarillas y ofreciéndose a encargarse del transporte hasta Palma si el Govern estaba interesado. El IB-Salut debía hacerse cargo del gasto del flete y del seguro de transporte desde Madrid hasta Palma. Tras revisar la documentación técnica y que el precio fuera ajustado a lo que se estaba pagando en aquel momento, se hizo el encargo.
En sus recomendaciones, el informe de la Oficina Anticorrupción balear advertía contra el uso abusivo del procedimiento de emergencia y la necesidad de analizar debidamente la integridad y solvencia de los suministradores de material.
También consideró que se hizo un acopio de mascarillas para más tiempo del necesario, “con proveedores desconocidos y a los precios que estos imponían”, aunque su análisis concluyó que no se habían producido sobrecostes en los precios facturados al IbSalut, dadas las circunstancias del momento de la fabricación y venta de material en China.
Un directivo aparecía en los 'Paradise Papers'
La Oficina Anticorrupción balear consultó los datos empresariales de la compañía e hizo constar que, como administrador único aparecía otra empresa, Purdey Investment SL, que a su vez tenía como administrador único a José Ángel E.S.
El organismo fiscalizador advirtió en su informe que dicho directivo aparecía en los 'Paradise Papers' con dos sociedades 'offshore' en Malta. De hecho, ya entonces la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil habían investigado, un año antes, a esta sociedad.
Aquella investigación fue por un posible caso de corrupción en Angola, en concertación con otras empresas, mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos por parte de la empresa española Mercasa, dentro de la ejecución de un contrato para construir un mercado de abastos en Luanda.