La absolución de los policías investigados en la causa contra el magnate Cursach costará 700.000 euros públicos

La Junta de Gobierno del Ajuntament de Palma ha aprobado abonar, por un importe aproximado de 690.000 euros, las minutas de la defensa jurídica de nueve policías locales que fueron investigados, acusados y finalmente exonerados en varias de las piezas del conocido como caso Cursach, impulsado hace casi diez años para investigar supuestas prácticas corruptas en el seno de la Policía Local de Palma dirigidas a proteger los intereses del magnate Bartolomé Cursach. Los hechos fueron finalmente echados por tierra y todos ellos acabaron absueltos por falta de indicios probatorios.

En rueda de prensa, la portavoz del equipo de gobierno del PP, Belén Soto, ha señalado que el Consistorio debe asumir ahora este gasto dado que el Ajuntament no se personó en su día en las distintas causas abiertas contra los agentes entre los años 2014 y 2018 y que finalmente acabaron sobreseídas en 2020.

Se trata, según ha explicado, de expedientes que afectan a un total de nueve agentes y que culminarán con el pago de la defensa en los procedimientos judiciales que instruyó el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma. Soto ha alertado, además, de que es probable que la corporación municipal se vea obligada a asumir más gastos por otras causas. El abono cuenta, según ha explicado, con el visto bueno del Colegio de Abogados de Balears (Icaib).

“Si el anterior gobierno hubiera aceptado, a propuesta del PP, personarse en estos procedimientos, ahora este dinero no tendría que salir del bolsillo de los palmesanos”, ha concluido la portavoz.

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) condenó el pasado mes a nueve años de prisión a Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán, juez y fiscal, respectivamente, que durante cerca de tres años encabezaron las investigaciones del caso Cursach. Los magistrados les atribuyen delitos de obstrucción a la Justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir filtraciones mientras el caso Cursach se encontraba bajo secreto sumarial. Es una de las penas más elevadas impuestas a un juez y a un fiscal en España.

La Sala considera que ambos juristas, junto a tres policías de Blanqueo también condenados, presionaron a varios investigados durante sus distintas declaraciones judiciales, les apercibieron de que modificarían su situación procesal para ablandarlos y que confesaran en falso y, además, no realizaron actuación alguna para averiguar de dónde procedían las informaciones que continuamente salían en prensa cuando el sigilo pesaba sobre la causa. Tras un turbulento peregrinaje judicial, aquellos sobre quienes pusieron el foco acabaron finalmente absueltos. Incluido Cursach, uno de los empresarios más conocidos de la noche de Palma.

El sumario del caso Cursach llegó a contener más de un centenar de imputados y hasta cuarenta encarcelados, además de acusaciones de delitos que abarcaban desde corrupción de menores hasta un presunto homicidio y episodios como supuestas fiestas con sexo, alcohol y drogas en la sala VIP de una de las discotecas del todopoderoso empresario con las que, según sostenían Penalva y Subirán, se agasajaba a un nutrido número de policías locales a cambio de garantizar la protección del magnate. 

Más allá del pago de sus defensas, varios de los antiguos investigados contemplan reclamar elevadas indemnizaciones al Estado por el tiempo en prisión preventiva que permanecieron en su día así como por el perjuicio personal, familiar, profesional y reputacional que muchos de ellos aseguran haber sufrido.

En el caso de Cursach y de otros directivos de su imperio nocturno, prevén formular sus peticiones en el marco de las pesquisas que la Audiencia Provincial de Balears ha ordenado que se incoen para averiguar si Penalva y Subirán incurrieron en presuntos delitos de prevaricación, detención ilegal y coacciones a testigos cuando intentaron levantar las alfombras de una presunta trama dirigida a salvaguardar los intereses del considerado rey de la noche mallorquina.

Se trata de una línea de investigación que, al margen de la causa por la que han sido condenados, se encuentra pendiente de apertura a raíz de las supuestas prácticas delictivas que habrían desplegado exjuez, exfiscal y una inspectora de Blanqueo de la Policía Nacional mientras investigaban al magnate del ocio con el objetivo, supuestamente, de apuntalar sus tesis incriminatorias y allanar futuras condenas.