La Fiscalía pide penas de cárcel que superan los cien años para el juez y el fiscal del caso Cursach

La Fiscalía Anticorrupción reclama condenas que superan los cien años de cárcel para el juez, el fiscal y los cuatro policías de Blanqueo que investigaron al magnate de la noche Bartomomé Cursach. La petición se produce apenas unas semanas después de que la Audiencia Provincial de Balears absolviera al empresario, a su mano derecha, Bartolomé Sbert, y a otros quince procesados acusados inicialmente de integrar un entramado político, empresarial y policial dirigido a proteger los intereses del propietario del mayor imperio del ocio de Balears.

Mediante un escrito de 32 páginas, al que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio Público solicita 118 años para el exjuez Manuel Penalva y 121 y nueve meses para el exfiscal Miguel Ángel Subirán por presuntos delitos de detención ilegal, obstrucción a la justicia por presionar e intentar ablandar a varios investigados, prevaricación judicial a la hora de acordar arrestos y revelación de secretos al filtrar información mientras el caso Cursach se encontraba bajo sigilo sumarial.

Asimismo, la acusación pide 162 años de inhabilitación para Penalva y 162 para Subirán, una reclamación en este caso simbólica dado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en julio de 2021 jubilar por “incapacidad permanente para el servicio” al exjuez, con 54 años, mientras que un año antes el exfiscal cesaba su actividad al frente del organismo público con 59 años. En paralelo, la acusación reclama 59.400 euros de multa para el primero y 72.600 para el segundo.

En el caso de los policías, la Fiscalía solicita 105 años y medio de prisión para el subinspector Miguel Ángel Blanco, 71 años para la subinspectora Blanca Ruiz, 85 y medio para el inspector jefe José Luis García y 94 para el agente Iván Bandera. Todos ellos colaboraron estrechamente con Penalva y Subirán al frente de las investigaciones del caso Cursach.

El procedimiento judicial, en manos del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), arrancó en julio de 2018 a instancias de los abogados de Cursach y Sbert, quienes comenzaron a denunciar la difusión en prensa, cuando la causa se hallaba bajo secreto, de diligencias llevadas a cabo e incluso de otras que aún no se habían practicado. A partir de ese momento, la filtración de tales informaciones y el hallazgo, en el móvil del que hizo entrega uno de los policías investigados, de un chat de whatsapp que mantenían abierto los antiguos investigadores del caso Cursach se convirtieron en piedra angular de todas las pesquisas llevadas a cabo hasta el momento contra todos ellos.

Detención de los padres y el hermano de Álvaro Gijón

Los hechos se enmarcan, principalmente, en las actuaciones llevadas a cabo por los antiguos investigadores para supuestamente “intimidar” a los detenidos en una de las piezas en las que se desgajó el caso Cursach: la relativa a la supuesta alteración del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma. Un fleco en el que, en octubre de 2016, fueron arrestados varios empresarios, los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación que tramitó el expediente y los padres y el hermano del exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón, a quien los ahora acusados atribuían haber obtenido un millón de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Las pesquisas fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.

“Los investigadores se habían fijado como meta demostrar la implicación de A.G. [en referencia a Álvaro Gijón] en los hechos objeto del procedimiento penal y entre todos ellos comentaron y decidieron las detenciones de su familia para ejercer presión sobre el político”, sostiene la Fiscalía en su escrito, firmado por Tomás Herranz y Fernando Bermejo.

Tal como recogen los fiscales, en el caso de uno de los investigados en esa causa, una vez finalizada su declaración, que se encontraba pendiente de firma, y cuando ya había salido su abogado de la sala, el magistrado, el fiscal y el subinspector Miguel Ángel Blanco le manifestaron: “Diga que el señor G. recibió dinero”, “si llego a saber antes esta declaración yo le encierro”, “lo vamos a meter en prisión y G. y ellos estarán en las Bahamas y se irán de rositas”. Según el escrito, le insistieron en que Gijón era “un hijo de puta” y que el propio imputado “iba a acabar en la cárcel” si no acusaba al exconcejal de haber recibido una comisión de un millón de euros a cambio de amañar la adjudicación del servicio de aparcamiento.

El fiscal Subirán: “Después no vengas a pedirme favores”

“El juez le reiteró que 'si me lo llega a declarar antes te meto en prisión', lo que asustó especialmente al investigado pues ya había estado tres días detenido y su jefe estaba en prisión. Seguidamente el abogado entró en el despachó y el fiscal Subirán le comentó, exaltado, que le sugiriera al cliente que dijera la verdad y ante la respuesta del letrado de que conocía al detenido desde hacía tres días, el fiscal le contestó: 'después no vengas a pedirme favores'”, señalan los representantes del Ministerio Fiscal.

Respecto a otro de los encausados, según la acusación pública, tras pasar a disposición judicial y antes de comenzar a declarar ante Penalva y Subirán, éste le dijo que “dependiendo de lo que declarara” iría a la cárcel y que “se estaba jugando ir a prisión, permaneciendo el juez impasible”. El magistrado, supuestamente, le manifestó que Gijón era “un hijo de puta, que se había llevado la pasta y que había que pillarlo y si era posible también al señor R. [en alusión al exsecretario general del PP balear José María Rodríguez]”. “Ese temor motivó que declarara” contra dos de los investigados “relatando aspectos que no eran ciertos pero que así se plasmaron porque fue guiado en su declaración, que firmó sin leer”.

“Lloró tras decirle el magistrado instructor que quedaba en libertad y que en unos días fuesen a ver al fiscal Subirán, que le pasaría de investigado a testigo”, prosigue la Fiscalía, que señala, no obstante, que finalmente Subirán “se negó a ello a fin de seguir teniéndolo en una posición de sometimiento y que no cambiara su declaración”.

Prisiones provisionales presuntamente decididas de antemano

En otro caso, subraya el escrito, el subinspector de policía habló con otro de los investigados varias veces cada día, “siempre sin la presencia de abogado”, y a tal efecto cada mañana y tarde lo sacaba del calabozo y lo llevaba a su oficina, donde “le pedía que dijera que había pagado a su amigo Gijón para conseguir el contrato de la O.R.A.”. En una de las ocasiones, el policía presuntamente le dijo: “Yo te saco en los periódicos, que eres un tío de puta madre. Tú quedas libre, que eres un empresario ejemplar, y que eran tu amigo G. y R. los que te habían obligado a pagar”.

Respecto a las medidas de prisión provisional acordadas por Penalva, la Fiscalía señala, en el caso del empresario que obtuvo la adjudicación, que éste fue presionado con el objetivo de incriminar a Gijón y que, al no acceder a ello y “sin disponer de nuevos elementos indiciarios de carácter inculpatorio” el juez lo envió a la cárcel de forma preventiva. “La realidad es que, aún antes de oírle, Manuel Penalva tenía decidido enviarle a prisión”, añade la acusación, que sostiene que tanto el juez como el fiscal actuaron en idéntico sentido con el resto de detenidos.

Los antiguos investigadores acordaron, además, registrar el domicilio de los padres y el hermano del expolítico. Tras ello, y “pese a que los indicios de sospecha de blanqueo racionalmente debían haber sido descartados, pues se basaban en el montante de operaciones dinerarias efectuadas por sociedades vinculadas a la familia G. o por ellos mismos, que además eran de escasa entidad económica y que los tres tenían domicilio conocido, por lo que estaban localizables y no existían indicios de que se sustraerían a un llamamiento judicial, fueron detenidos y llevados a comisaría, pues así lo habían convenido (...) con la intención de presionar y ablandar a A.G.”.

Las investigaciones en torno a Gijón, en saco roto

Como recogen los fiscales, las investigaciones en torno a cómo había sido instruido el caso ORA determinaron que la vivienda con la que supuestamente había sido beneficiado Gijón pertenecía a su familia desde antes del concurso. “Las indagaciones realizadas, por tanto, no encontraron piso alguno que pudiera haberse entregado directa o indirectamente a A.G.”, recalcan. Los investigadores tampoco hallaron rastro de dinero que hubiera podido percibir el exconcejal a cambio de la adjudicación del servicio.

Ahora, la defensa de Gijón reclama para éste un millón de euros de indemnización, 150.000 para su hermano y 300.000 para sus padres por los perjuicios sufridos durante la instrucción del caso ORA. Según uno de los atestados de la Policía Nacional incorporados a la causa, los antiguos investigadores del caso Cursach buscaban, con el arresto de los familiares del expolítico, que el exconcejal llegara “jodido” a su declaración en la causa.

En su escrito de acusación, la defensa del exparlamentario del PP considera que éste “ha sido y es la víctima principal de todo este entramado judicial y policial, sufriendo un gravísimo descalabro profesional, económico y personal”, al recordar que estuvo “en todas las ternas como posible candidato a la alcaldía de Palma”. “No solo era seguro que saliera electo (...) sino que su proyección de futuro era inmejorable. Y todo eso se truncó”, asevera su defensa.

Respecto a las filtraciones en prensa, la Fiscalía acusa a exjuez, exfiscal y policías de divulgar datos procedentes de varias piezas del caso Cursach mientras estuvieron al frente del mismo, sin que ninguno de ellos, “cuando no era el que facilitaba la información, impidiera o evitara tal divulgación ni investigara quién filtraba tal información”.

Al margen de este procedimiento judicial, Audiencia ordenó que se incoe una nueva línea de investigación contra Penalva, Subirán y la subinspectora Blanca Ruiz para averiguar si incurrieron en presuntos delitos de prevaricación, detención ilegal y coacciones a testigos cuando intentaron levantar las alfombras de una presunta trama dirigida a salvaguardar los intereses de Cursach. Se trata de unas nuevas pesquisas que el tribunal que juzgó la causa ha instado a abrir a raíz de las supuestas prácticas delictivas que han brotado en los últimos meses durante el macrojuicio del caso Cursach: las que habrían desplegado los antiguos investigadores mientras se hallaban al frente de la causa con el objetivo, supuestamente, de apuntalar sus tesis incriminatorias y allanar futuras condenas.