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Las viviendas que se sumen al programa de alquiler seguro del Govern balear, unas 2.000 en una primera fase, tendrán unos precios máximos para los inquilinos de 1.050 euros en Mallorca y Menorca y de 1.470 euros en Eivissa y Formentera.
Así lo han presentado este lunes la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en una rueda de prensa en la que han explicado que el precio de las viviendas será un 30% inferior al del mercado.
Precisamente, a través del programa, la Administración abonará a los propietarios un precio de alquiler tasado por los agentes inmobiliarios o administradores de fincas. Los precios máximos que cobrarán los propietarios serán de 1.500 euros en Mallorca y Menorca y de 2.100 en Ibiza y Formentera. Una vez aplicada la reducción del precio del 30% que asumirá el Govern, los precios máximos que afrontarán los inquilinos serán de 1.050 euros en Mallorca y Menorca y de 1.470 euros en las Pitiusas.
La líder del Ejecutivo ha diferenciado dos tipos de política en materia de vivienda, por un lado, la política social para las personas más vulnerables y, por otro, la política de vivienda para rentas medias, familias y jóvenes, donde se enmarca el programa de alquiler seguro.
En cuanto a las críticas de la oposición de que el programa contribuirá a la especulación, Prohens ha asegurado que esta diseñado para que “no haya ningún margen para la especulación” y para incidir en el mercado con una oferta de viviendas a un precio inferior.
Según ha expuesto, el Govern firmará un contrato de arrendamiento con el propietario por un periodo de siete años, así como con el inquilino a un precio reducido. La diferencia la asume el Govern y, por ello, el programa tiene un coste estimado de unos 12 millones de euros anuales.
Asimismo, en noviembre comenzará la captación de viviendas de pequeños propietarios, con una campaña de comunicación, y la idea es que ese mismo mes se puedan comenzar a alquilar. En este sentido, el Govern lanza a partir de este martes una campaña de publicidad para dar a conocer este programa a la ciudadanía y también habilita la página web con toda la información detallada.
El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad ha explicado que el objetivo, además de estimular la salida al mercado de miles de viviendas vacías, también es rescatar algunas que se dedican actualmente al alquiler vacacional para que pasen al mercado residencial.
Garantías y condiciones de los propietarios
Los propietarios que quieran adherirse al programa, ha subrayado Mateo, tendrán la garantía absoluta del cobro del alquiler y de que cuando acabe el contrato se les devolverá el inmueble en las mismas condiciones.
En cuanto al cobro del alquiler, se establecen distintas modalidades, incluyendo la posibilidad de cobrar por adelantado el año en curso o los siete años del contrato.
Además, los propietarios que se adhieran podrán optar a aplicarse importantes desgravaciones fiscales en la declaración del IRPF ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, mediante la reducción del 70% por tratarse del arrendamiento de la vivienda a una administración pública.
En relación con las condiciones, estos no podrán tener la condición de gran tenedor, deberán tener la propiedad de la vivienda como mínimo desde hace tres años, no podrán tener deudas con la comunidad y deberán asumir el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), las tasas de entrada de vehículos y las cuotas de la comunidad.
Además, en el caso de los pisos amueblados, los propietarios asumirán el coste de las reparaciones cuando se estropeen y el coste de las reparaciones lógicas de mantenimiento que puedan producirse y que no sean imputables al inquilino.
Beneficios y condiciones del inquilino
Por otro lado, el conseller ha puesto en valor los beneficios que ofrece el programa para los arrendatarios, como son acceder a pisos con precios por debajo del de mercado, seguridad y confianza con la intermediación de la Administración, el buen estado del inmueble y la disponibilidad inmediata.
Las personas que pueden acceder a estas viviendas tienen que ser residentes en Balears desde mínimo cinco años y no pueden ser propietarios ni titulares de uso de otra vivienda en la isla donde quieren alquilar.
Asimismo, pueden tener unos ingresos máximos de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) ponderado, es decir, de 60.667 euros para un inquilino y de 68.250 euros para dos inquilinos. Por último, no podrá tener parentesco con el propietario.
Los inquilinos no podrán subarrendar las viviendas y asumirán los gastos de los servicios y suministros individualizados, las pequeñas reparaciones por uso ordinario y la tasa de residuos.
En cuanto a las viviendas, no podrán ser de obra nueva y deberán tener una antigüedad mínima de tres años. Otros requisitos son que el inmueble esté vacío desde hace seis meses o que no figure nadie empadronado desde hace un año, que se pueda entrar a vivir inmediatamente y tener contratos de los suministros de agua y electricidad. En el caso de que la vivienda necesite reforma, el propietario la tiene que llevar a cabo antes de adherirse al programa.