Estados Unidos es hoy un lugar más hostil para las mujeres que hace un año. El 24 de junio de 2022, el país retrocedió medio siglo con una decisión de la mayoría conservadora del Tribunal Supremo, que tumbó la protección nacional al aborto, dejando en manos de los estados barra libre para legislar. Doce meses después, la interrupción del embarazo está prácticamente prohibida en 15 estados y en otros seis, está en disputa en los tribunales estatales. Ello ha creado un mapa dispar y confuso para las mujeres que buscan interrumpir su embarazo, con un conjunto de leyes restrictivas ambiguas, que convierten el trauma de abortar en un camino todavía más agotador.
“Hoy 17,5 millones de personas no pueden acceder al aborto porque viven en estados que han impuesto prohibiciones sobre sus cuerpos”, dice Paula Ávila-Guillen, directora ejecutiva del Women's Equality Center (WEC). Y esto incluye a las mujeres con embarazos deseados que presentan complicaciones, que “se ven criminalizadas y obligadas a estar en cuidados intensivos, al borde de la muerte porque no se les puede practicar un procedimiento médico que les salvaría la vida. Es algo que llevamos tiempo viendo en Latinoamérica y que ha llegado para quedarse en Estados Unidos”.
El fin del fallo que protegía el aborto, Roe contra Wade, ha supuesto que se dejen de practicar unas 3.000 interrupciones del embarazo al mes en los hospitales del país, según la investigación de #WeCount de Society of Family Planning, que ha recopilado datos de las clínicas en todo el país para calcular la evolución, mes a mes, del número de abortos en cada estado.
La directora del proyecto, Ushma Upadhyay, lamenta los “obstáculos extremos” que tienen que afrontar las mujeres en los estados que han prohibido el aborto: “Se ven forzadas a recorrer distancias muy largas para poder abortar. Viajes de horas, a veces de varios días”. Según el censo estadounidense, hace un año alrededor de 18.000 mujeres vivían en condados cuya clínica abortista más cercana estaba a más de 300 millas (482.803 kilómetros). Después de la derogación Roe contra Wade, el número de afectadas se ha multiplicado por 900: ahora son 16 millones las mujeres que se tienen que desplazarse medio millar de kilómetros para abortar, según Reuters.
Pero es una decisión que comporta un elevado coste económico, por lo que esta situación “afecta especialmente a las mujeres latinas sin documentos o a cualquier inmigrante que no tenga una documentación que le permita viajar de un estado al otro, así como las personas que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad o pobreza”, recuerda Ávila-Guillen.
Algunos estados buscan ir más allá de la restricción doméstica y han iniciado el proceso legislativo para prohibir el desplazamiento a otro estado para abortar. Aunque ninguna de estas iniciativas es todavía ley y se podría recurrir con argumentos ante los tribunales, la directora ejecutiva del WEC sostiene que “el único objetivo es imponer el miedo: es una estrategia política fabricada para amedrentar”.
Republicanos contra pastillas
Ante la imposibilidad de viajar, muchas mujeres están recurriendo a los abortos autogestionados, según ha identificado Upadhyay en su investigación, “aunque es muy difícil hacer una estimación de cuántas”. Los medicamentos para abortar, recetados de manera telemática por médicos de estados donde es legal, “han sido la salvación para muchas personas, ya que es un método demostradamente seguro, y además se puede hacer en privado”, asegura la directora de #WeCount.
Por ejemplo, en Kansas e Illinois, donde el envío de medicamentos por correo es legal, se han visto “enormes aumentos en la telesalud”. Sin embargo, este método también puede presentar complicaciones, por lo que muchas mujeres prefieren no utilizarlo porque “si necesitan ir a un hospital serán criminalizadas o procesadas por intentar abortar”, según la directora de #WeCount.
Aid Access, una empresa que suministra píldoras abortivas a los 50 estados, ha identificado un crecimiento del 60% en las solicitudes de envío, con una media de 344 al día en abril. Ese mes se produjo el bloqueo temporal de la mifepristona, un medicamento usado en más de la mitad de abortos, por parte del Tribunal Supremo, tras la sentencia de un juez de Texas que había prohibido su administración. El caso se elevó a la máxima instancia judicial del país, que finalmente no dio la razón al tribunal inferior y mantuvo, hasta nuevo aviso, el acceso a la píldora.
Tras la anulación de Roe contra Wade, la legalidad del aborto se está jugando en los tribunales estatales, ya que “ni demócratas ni republicanos cuentan con los votos suficientes en el congreso como para aprobar una prohibición o una protección federal”, destaca Ávila-Guillen.
Reacción de estados demócratas
Pero no todo son sombras. Ante la ola reaccionaria, una decena de estados han impulsado leyes para expandir el derecho al aborto, mientras que en otros 12 continúa protegido por la legislación estatal. En California, por ejemplo, el Tribunal Supremo ya reconoció a nivel constitucional el derecho al aborto en 1969, pero el año pasado se votó en referéndum el reconocimiento explícito en la constitución de los “derechos reproductivos”. Medidas similares se han impulsado en Minnesota, Illinois, Vermont o Nueva Jersey.
En estos y otros estados, como Nueva York, Maryland, Washington o Connecticut, se ha ampliado la financiación pública del aborto para responder al aumento de mujeres que llegan de otros estados donde se ha ilegalizado. Concretamente, en un año se han destinado 208 millones de dólares (191,6 millones de euros) a pagar servicios anticonceptivos, aborto y apoyo a las personas que desean interrumpir su embarazo, según los datos del Instituto Nacional de Salud Reproductiva (NIRH). Es una cifra muy superior a los 55 millones de dólares (50,7 millones de euros) gastados en servicios similares en los tres años anteriores a la sentencia.
Durante su investigación, Upadhyay asegura que esperaba ver “un enorme descenso” en el número de clínicas abortistas abiertas. Sin embargo, se dieron cuenta de que los estados que han impulsado prohibiciones del aborto “ya contaban con pocas clínicas antes de la sentencia del Supremo: Misuri sólo tenía una y Alabama cuatro... La excepción es Texas, que tenía unas 25 clínicas y todas han cesado su actividad”. En cambio, durante los últimos doce meses “se han abierto muchas más clínicas en estados que permiten abortos, como Kansas e Illinois”.
La mayoría, en contra del Supremo
El apoyo al derecho al aborto ha aumentado en la mayoría de indicadores durante el último año, según la encuestadora Gallup. La mayoría de estadounidenses (61%) cree que la anulación de las protecciones federales de Roe contra Wade fue una mala decisión. Desde entonces, las encuestas registran un récord del 69% de norteamericanos a favor del aborto legal en los primeros tres meses de embarazo, mientras que el 37% cree que debería ser legal en el segundo trimestre, y el 22% en los tres últimos meses. Estas cifras son las más altas que ha registrado la reconocida empresa de opinión pública estadounidense.
A la luz de estos datos, el Partido Demócrata quiere convertir el derecho al aborto en uno de los ejes clave de las elecciones de 2024. Las medidas impulsadas por los republicanos en numerosos estados no han tenido el recibimiento que ellos creían, y ya se encontraron con importantes derrotas en las elecciones de mitad de mandato del pasado noviembre.
Según una encuesta del diario USA Today, los estadounidenses se oponen de forma abrumadora al próximo objetivo del activismo antiabortista: promulgar una ley federal que prohíba el aborto en todo el país. La gran mayoría de los encuestados (80%) se oponen a esa idea, entre los que se incluye un 65% de republicanos.
Este es un gran problema para el partido conservador, ya que quienes creen que debería existir una prohibición federal en el país afirman que no votarán a un candidato que se desvíe de esa propuesta. La presidenta de la organización ultra Susan B. Anthony Pro-Life, Marjorie Dannenfelser, se mostró muy crítica con Donald Trump cuando expresó dudas sobre esa ley nacional. “La postura de que depende del nivel estatal es una abdicación de responsabilidad por parte de cualquier persona elegida para un cargo federal”, dijo.
Las críticas recibidas por Trump han servido de aviso para los demás candidatos con posibilidades de lograr la candidatura en las primarias republicanas. El exvicepresidente Mike Pence, por ejemplo, tachó a Trump de blando sobre este asunto y aseguró que “los republicanos anhelan ver un liderazgo que siga dedicado al principio de restaurar la santidad de la vida en el centro de la ley”. Por su parte, el prominente gobernador de Florida, Ron DeSantis, que acaba de aprobar la ley que prohíbe el aborto tras seis semanas de gestación, respondió a las críticas de Trump sobre esta polémica ley: “Trump dijo que era 'duro' proteger a un niño no nacido cuando hay un latido detectable. Creo que es humano hacerlo”.
Trump defendió el derecho al aborto durante años, casi hasta que se presentó a las primarias republicanas para las elecciones de 2016. En campaña entonces, prometió explícitamente que elegiría a magistrados al Supremo que derogaran la protección nacional de aborto. Y así lo hizo cuando tuvo la oportunidad. Eligió a tres, incluida Amy Coney Barrett unas semanas antes de las elecciones de 2020 tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg y que fue clave para la mayoría conservadora que acabó con la protección nacional por cinco votos a cuatro.