Trump eleva al Supremo su batalla contra el bloqueo judicial a las deportaciones de venezolanos a El Salvador

La batalla judicial de la administración de Donald Trump para poder usar la Ley de Enemigos Extranjeros en las deportaciones finalmente ha llegado a la última instancia: el Tribunal Supremo. Los abogados de la Casa Blanca presentaron este viernes un recurso de emergencia ante la máxima instancia judicial para solicitar que se levante el bloqueo impuesto por el juez federal James Boasberg a la invocación de dicha norma a mediados de marzo.

Fue con el recurso a esta norma de finales del siglo XVIII con lo que el gobierno estadounidense deportó a más de 200 venezolanos a prisiones en El Salvador, y sin un proceso judicial, por su supuesta vinculación con el grupo criminal El Tren de Aragua.

El recurso de emergencia presentado ante el Supremo pide al alto tribunal que anule el bloqueo de Boasberg al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para poder seguir utilizándola y deportar sin garantías procesales a todas aquellas personas que el gobierno considere vinculadas con la banda criminal. La petición se enmarca en la guerra abierta que el presidente estadounidense ha declarado contra el juez federal, quien sigue investigando si Trump violó su orden al deportar a los más de 200 venezolanos a El Salvador.

La Casa Blanca ha negado haber incumplido la orden, aunque la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, insinuó en rueda de prensa que se podría haber violado la orden verbal del juez. A pesar de defender que el vuelo partió antes de que Boasberg emitiera la resolución por escrito, el Departamento de Justicia aún no ha facilitado la hora de despegue al juez. De hecho, el lunes por la noche, justo antes de la fecha límite para entregar dicha información, el gobierno de Trump se acogió al privilegio de secreto de Estado para reservarse los datos del vuelo y entorpecer aún más la investigación. Ahora, los abogados de los venezolanos deportados tienen hasta el 31 de marzo para presentar un recurso.

A nivel legal, se trata de uno de los casos más sensibles, pues si el Tribunal Supremo da la razón al presidente, este tendría carta blanca para acelerar su campaña de deportaciones. Familiares de muchas de las personas venezolanas enviadas a las prisiones de El Salvador denuncian que sus maridos, parejas, hermanos o hijos no tienen ninguna vinculación con El Tren de Aragua. Todos afirman que los deportados fueron detenidos únicamente por sus tatuajes, a pesar de que estos no tenían relación con el grupo criminal.

Uno de los últimos casos conocidos es el de Arturo Suárez Trejo, quien, según explica su esposa a Mother Jones, no tiene ninguna conexión con El Tren de Aragua y está convencida de que lo detuvieron por sus tatuajes. Entre otras imágenes, lleva un colibrí en el cuello y un símbolo de solidaridad con el autismo que Suárez se tatuó en honor a su hermano pequeño, quien fue diagnosticado con dicha condición. Las personas a las que se les aplica la Ley de Enemigos Extranjeros prácticamente pierden el derecho a presentarse ante un juez, por lo que basta con una acusación del gobierno para que sean deportadas.

Cuando Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, lo hizo declarando una supuesta “invasión” de la banda venezolana El Tren de Aragua en Estados Unidos. Los grupos defensores de los derechos de las personas migrantes temen que, de activarse la norma, esta suponga una estigmatización de la comunidad migrante venezolana e incentive aún más las detenciones de personas de esta nacionalidad.

La solicitud llega después de que el tribunal de apelaciones del circuito de Washington denegara el mismo recurso presentado por la administración Trump. Durante los argumentos iniciales, la jueza Patricia Millet afirmó que los nazis recibieron un mejor trato cuando se les aplicó la Ley de Enemigos Extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial que los venezolanos.

La ley de 1798 fue creada para tiempos de guerra con el fin de expulsar rápidamente del país a aquellas personas migrantes consideradas colaboradoras de países enemigos. Entre otros aspectos, la ordenanza permite la expulsión sin proceso judicial de quienes sean objeto de su aplicación. Antes de Trump, la norma solo se ha utilizado en tres ocasiones. La última fue durante la Segunda Guerra Mundial para detener y expulsar a inmigrantes japoneses, alemanes e italianos.