La Comunidad de Madrid gasta 29 millones anuales en alquileres de sedes judiciales pese a su deficiente estado

La Comunidad de Madrid dedica 29,2 millones al año al alquiler de unas sedes judiciales que estas semanas han recobrado protagonismo por su pésimo e insalubre estado. El presupuesto madrileño gasta 2.439.769,63 euros al mes en el pago de la renta de unos edificios “de segunda categoría” donde se dan “deficiencias notables de seguridad y de salubridad”, según destaca la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).  

La chispa que ha prendido la revuelta en el sector de la justicia ha sido un incendio en los juzgados de primera instancia e Instrucción número 5 y de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz el pasado 11 de enero. Las alarmas no saltaron y la puerta de emergencia estaba cerrada con llave. El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) denunció que son “unos edificios viejos y con una total falta de inversión en el departamento de Infraestructuras”. La Comunidad paga 4.259 euros y 5.361 euros mensuales por los inmuebles de la calle Granados donde se ubican ambos juzgados.

Este incidente colmó la paciencia de unos jueces acostumbrados a descargar sus quejas mediante escritos que no iban más allá. En la memoria del TSJM se refleja como algunos de los 21 jueces decanos de la región, como el de Alcorcón, optan por no recoger ninguna queja ni hacer una valoración sobre las sedes sobre las que son responsables y se limitan a decir: “Otro año más prescinde mencionar el Magistrado Decano de este Partido Judicial todo lo ya expuesto en Memorias de años anteriores, al continuar siendo la situación actual exactamente la misma, pues según manifiesta existe una absoluta dejación por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid en cuanto a la realización de la más mínima inversión en medios materiales y personales para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia”. 

Sin embargo, el incendio de Torrejón puso en pié de guerra a los jueces decanos que llegaron a amenazar con llevar a la Fiscalía al Gobierno de la Comunidad si no se ofrecían soluciones. Desde entonces, el consejero de Justicia y Presidencia, Ángel Garrido, lleva semanas reuniéndose con sindicatos, jueces, fiscales y abogados prometiendo un plan de choque de 4 millones de euros para mejorar las infraestructuras judiciales. 

La situación de la Justicia se ha convertido en un dolor de cabeza para Cifuentes. El Gobierno del PP contará con la tercera directora general de Justicia, tras la salida repentina de María Cristina Díaz Márques la semana pasada, que ha aguantado en el cargo poco más de un año víctima de la oleada de críticas.

“La medida presupuestaria llega tarde y mal”, apunta la diputada del PSOE en la Asamblea, Pilar Llop, que además es vocal de la comisión de Justicia en la Comunidad de Madrid. Llop, que antes de dedicarse a la política era magistrada, recuerda que han insistido en “numerosas ocasiones para que se atiendan las necesidades de las sedes de Justicia de la Comunidad, sin que nos hayan hecho caso nunca. Hemos presentado varias proposiciones no de Ley hace menos de un año para que se estudie la situación de las infraestructuras judiciales y la posibilidad de unificar sedes y el PP se ha opuesto incluso a analizar el estado de los inmuebles”. 

Unificación de sedes

La diputada socialista recuerda una exigencia de los jueces muchas veces repetida: la unificación de las sedes judiciales en un solo edificio. “La ciudad de Barcelona cuenta con seis sedes judiciales, la de Valencia con dos, o la de Sevilla con cinco de las que tres están en la misma vía pública y en números próximos, en la capital de Madrid hay un total de 21 sedes”, explican como queja los magistrados.   

Hubo un proyecto de unificación de sedes pero cayó en el olvido en 2015. El Campus de la Justicia fue el proyecto estrella de Esperanza Aguirre e Ignacio González, iniciado en 2004 y retomado en 2014, Cristina Cifuentes lo clausuró por un presupuesto inasumible que después de haber gastado 120 millones solo dejó un descampado y un edificio vacío. 

Las 18 alquileres que debe desembolsar la Consejería de Justicia por las sedes judiciales en la ciudad de Madrid suman 2.129.607,2 euros mensuales, un 87% del total del montante destinado a esta partida. Sin embargo, la opinión de los jueces deja mucho que desear sobre la situación de los inmuebles: “En la mayoría de las sedes no hay salas de espera para quienes se ven en la necesidad de comparecer ante los juzgados, lo que se agrava en la jurisdicción penal al convivir en el mismo espacio víctimas y victimarios. Tampoco hay espacios acondicionados para la exploración de menores víctimas de infracciones penales o que deben ser oídos en procesos de familia. En algunas oficinas, tanto de los juzgados como de los servicios comunes, se apiñan los funcionarios en condiciones de actividad impropias de un país desarrollado. El agotamiento del espacio se ha convertido en un problema básico... Las condiciones de higiene de algunos inmuebles son claramente insuficientes por la deficiente prestación del servicio de limpieza”.

Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, ha cogido la situación de los juzgados como una de sus armas de desgaste del Gobierno Cifuentes. El diputado madrileño de Ciudadanos ha visitado algunos de los juzgados de la provincia para comprobar que “la justicia en Madrid sufre un fallo multiorgánico. Hay papeles en los pasillos porque no hay espacio ni archivos. Los despachos y espacios para los procuradores en buhardillas, paredes descascarillándose… El año pasado fue la oposición quien decidió votar por un aumento de la inversión de 13 millones de euros y el PP votó en contra. La situación es muy preocupante”. 

 

Aguado visitó los juzgados de Valdemoro donde pudo comprobar como “el personal está hacinado y los archivos y documentos por los pasillos. Hay boquetes en el techo por lo que cada vez que llueve la única solución es poner cubos para las goteras. Los trabajadores se tienen que llevar los calefactores porque la calefacción no funciona”. Con esta premisa es difícil entender que la Comunidad esté pagando 24.240,39 euros y 33.170,94 euros mensuales por las dos sedes que tiene alquilada en esta ciudad madrileña. 

Hay quejas sorprendentes. La magistrada decana de Coslada apunta a la “absoluta dejación” de la Comunidad y recuerda que “es precisa la reparación de desperfectos y pintura del edificio, cambio o limpieza de estores de las ventanas, banderas, y demás distintivos oficiales, pues desde su inauguración (año 1992), nada se ha hecho al respecto, presentando un aspecto deplorable e insalubre”.

También es difícil de entender que en Torrelaguna se paguen tres alquileres que suman 11.335 euros mensuales para que luego el juez decano ponga de relieve que “no dispone de despacho el fiscal, el cual, cuando acude al juzgado, se ubica en la sala de vistas”, entre otros problemas. 

María Espinosa, portavoz de la comisión de Justicia de Podemos, insistió en que el Gobierno de Cifuentes “no ha ejecutado las partidas presupuestadas de 15 millones destinados a modernización y mantenimiento” de las sedes de Justicia. “La Justicia madrileña ha sido la gran olvidada. Adolece de muchos problemas: Falta de personal, la falta de servicios de limpieza y seguridad, el maltratado turno de oficio, o los problemas de prevención de riesgos laborales”, comenta Espinosa.

Aunque el alquiler de las sedes judiciales de Mostoles cuestan 26.426 euros al mes, la jueza decana expone sus quejas: “Existen diversas actas de infracción suscritas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, donde se exponen numerosos incumplimientos de las normas de prevención de riesgos laborales, sin que hasta la fecha se haya dado respuesta adecuada”. Estos juzgados sufren continuos problemas como “el sistema de climatización que han hecho que se hayan registrado temperaturas en algunos despachos y secretarías que rebasaban los 40 grados, no reparándose la cubierta del edificio principal que causa humedades, filtraciones y deterioros en general, no haciendo seguimiento de las grietas detectadas, no dando solución a la falta de espacio en general”.

Otro tanto ocurre en Collado Villalba, donde se pagan 5.192 euros mensuales, y según la diputada de Podemos “los funcionarios tuvieron que ir a trabajar con mantas y calefactores que trajeron de sus casas la semana pasada porque se estropeo la calefacción”.  

En los juzgados de Leganés “hay deficiencias notables de seguridad, de estabilidad, de estanqueidad, de salubridad”, señala el juez decano. Las quejas del magistrado denotan que su paciencia se está acabando: “si los archivos se inundan por una rejilla de la calle que se atasca, ya que una arqueta municipal está mal hecha; que si las ventanas de ático no cierran es porque el que las instaló puso no sé qué encima y no debajo; que si los inodoros de los calabozos se desbordan y llenan el pasillo”. 

La solución a tanta queja y tanto destrozo no es fácil.  Garrido admitió  con que “con 71 sedes judiciales y 7.000 trabajadores nadie puede evitar que en alguna sede ocurra algún incidente, aunque en materia de prevención se desarrolla un trabajo permanente de evaluación en materia de riesgos laborales, de manera que el año pasado se inspeccionaron 37 sedes judiciales”.

El consejero de Justicia  aseguró que se enfrentan a una complicada tarea debido a la falta de inversiones de anteriores Gobiernos de su propio partido: “Los problemas de la justicia vienen de muy atrás, son complicados, es cierto que llevamos muchos años de falta de inversión, en los últimos años se había producido una merma de hasta el 30% en la justicia”.

En el último pleno de la Asamblea de Madrid todos las fuerzas políticas consensuaron una proposición no de Ley para impulsar un Pacto por la Justicia. Este acuerdo recoge la elaboración en un mes de un Plan de choque que frene el progresivo e intenso deterioro que sufren los servicios de Justicia, al que se sumará un Plan de actuación integral de mejora de la Justicia de carácter plurianual con su respectiva dotación  presupuestaria e incluir en los presupuestos para 2017 una partida presupuestaria para garantizar la mejora de las sedes judiciales de la Comunidad que incremente la dotación que se aprobó en 2016.