La Justicia concluye que el empresario taurino que gestiona Las Ventas usó una “sociedad pantalla” para evadir impuestos

Dos sentencias judiciales certifican que Simón Casas, antiguo torero y empresario clave de la tauromaquia española, usó durante varios años una “sociedad pantalla” para pagar menos impuestos. El Tribunal Superior de Madrid ha confirmado las acusaciones de Hacienda contra él por recurrir a “prácticas contables confusas” en sus empresas para ocultar parte de sus ingresos “de una manera deliberada” entre 2013 y 2014 y, en la práctica, pagar menos impuestos. Las resoluciones, que todavía pueden ser recurridas, no especifican cuánto dinero se ahorraron las empresas de Casas y el propio empresario en esos dos años analizados, poco antes de empezar a gestionar la plaza de toros de Las Ventas en Madrid.

Bernard Simon Domb Dit Casas (Nimes, 1947) debutó como torero en la década de los 60 del siglo pasado y con el paso de los años se convirtió en una de las figuras claves en el mundo del toro como apoderado, ganadero y también empresario del sector. Por sus manos han pasado plazas de toros como las de València, Alicante, su localidad natal en Francia y, desde 2016, la Monumental de Las Ventas. Actualmente administra esta última plaza, la más grande de todo el país, en unión empresarial con Rafael García Garrido, accionista mayoritario de la gestora Plaza 1.

La Agencia Tributaria puso la lupa sobre sus empresas, sus ingresos y sus facturas fiscales en los años 2013 y 2014. Una de ellas es Servicios Taurinos Integrales (STI) y la otra es Simón Casas Apoderamiento (SCA), unidas a través de la figura del extorero, administrador de ambas sociedades. La primera era la que, sobre el papel, se encargaba de negocios como la explotación de las plazas de toros de Nimes, Alicante o València pero, en realidad, no tenía ni trabajadores ni medios y era la segunda empresa la que, en realidad, prestaba esos servicios de forma efectiva. Y dentro de esa segunda empresa todo giraba en torno al trabajo de Simón Casas.

Los mismos jueces de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazaron a finales de diciembre los recursos que sus dos empresas presentaron contra las liquidaciones de la Agencia Tributaria. Dos resoluciones que concluyen, con argumentos idénticos, que la empresa que facturaba los servicios era una “mera pantalla” y que la segunda también era un instrumento para canalizar los servicios e ingresos de Simón Casas. El resultado fue, según los jueces, una “ventaja fiscal evidente” con un objetivo: “Eludir los tipos impositivos más altos en el IRPF que el tipo general del Impuesto sobre Sociedades”, además de intentar deducirse gastos como viajes, hoteles o la limpieza del domicilio del empresario.

Ninguna de las dos sentencias refleja las cantidades de las liquidaciones de Hacienda que ahora confirman los jueces: el dinero que sus empresas tributaron incorrectamente y que el empresario pagó de menos en el IRPF. Pero sí concluyen que, como en el caso de comunicadores como Carlos Herrera o el youtuber El Rubius, las sociedades no aportan “ningún valor añadido” frente al trabajo de Casas, que además cobró mucho menos dinero que el facturado realmente por sus empresas. Todo eso, afirman los jueces, “ha supuesto una menor tributación en la persona física, defraudando a la Hacienda Pública unas cuotas tributarias superiores a las efectivamente satisfechas”. Casas no ha respondido a la petición de información de elDiario.es sobre este asunto.

En esos dos años, la sociedad STI no tenía ni trabajadores: “No realiza ninguna gestión de espectáculos taurinos” y es “una sociedad instrumental”. Y la empresa SCA, detallan estas sentencias, “factura utilizando exclusivamente los servicios profesionales” del extorero. Simón Casas, recuerda el TSJ de Madrid, “es una persona de reconocido prestigio dentro del mundo del toreo y es a quien en definitiva buscan los clientes” y sus servicios “no han sido valorados a precio de mercado” para que una parte de esos ingresos tributen a tipos más bajos por el Impuesto de Sociedades. Los otros tres empleados de la empresa SCA, explica, prestan “apoyo y colaboración” pero esa entidad “es contratada porque Casas presta en ella servicios como profesional dentro del mundo del toro”.

Las “prácticas contables confusas”

Los jueces del TSJM desestiman en ambas sentencias los argumentos de las empresas vinculadas a Casas. Por ejemplo, que se trata de un grupo de sociedades con un sistema financiero de “caja centralizada” o alegando que existían préstamos entre ellas. Esos “préstamos”, que en uno de los años superaron el millón de euros de trasvase de fondos, “tienen la finalidad de ocultar ingresos de la entidad y, en último término, ocultar la retribución profesional de servicios prestados por el socio y administrador”, explican los jueces. El dinero que recibió la empresa pantalla de la otra no era un préstamo, sino “rentas no declaradas”.

Hacienda también optó por sancionar económicamente a una de sus empresas, aunque ninguna de las dos sentencias refleja la cantidad de esta multa. Entre otros motivos, destaca que esa sanción debe confirmarse porque actuó “ocultando de una manera deliberada ingresos por apoderamiento y otros ingresos a través de prácticas contables confusas”. La Agencia Tributaria, en este expediente, describió también “una actuación totalmente premeditada y tendente a la elusión de sus obligaciones fiscales”.

La Inspección afirma incluso que Simón Casas “utiliza” todas sus empresas “para disponer de dinero a su antojo, realizando trasvases según le interesa y provocando una auténtica confusión entre las actividades de las distintas sociedades que se refleja de manera patente en las anomalías de la contabilidad”.