La Justicia condena al Gobierno de Ayuso por vulnerar la libertad sindical de una profesora de educación especial

La Justicia ha condenado a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid por vulnerar el derecho fundamental de una docente a su libertad sindical. La profesora, que da clase en un centro concertado de Educación Especial de la región desde 1999, fue designada a principios de 2023 como liberada de la organización sindical USO. A raíz de este cambio de funciones, la Comunidad de Madrid le dejó de abonar los complementos salariales que previamente percibía.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) considera que la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso constituye un “perjuicio económico” e insta a la administración a pagar “a la demandante la suma de 2.031,75 euros por los conceptos de complemento de tutoría y de responsable de competencia digital no abonados”. Además, esta sentencia, que ya es firme, obliga a la administración a continuar con el pago de los pluses de la profesora mientras “siga siendo liberada sindical”, según la documentación consultada por elDiario.es.

El fallo del tribunal, emitido en noviembre, ha sido garantista y revoca la decisión del juzgado de primera instancia que desestimó la demanda. La Comunidad de Madrid también se posicionó en contra de la denuncia y del recurso posterior, amparados en una interpretación de un convenio autonómico que, según recoge la sentencia, establece que la Consejería debe abonar las retribuciones salariales de los liberados sindicales “no asumiendo complementos”.

La demandante explica a elDiario.es que el acuerdo citado en el fallo se aplica a los liberados sindicales de la enseñanza concertada de la Comunidad. En él, según añade, se alude a los complementos, pero también hay que tener en cuenta la “garantía de indemnidad retributiva”, un argumento que el tribunal ha tenido en cuenta para tomar su decisión.

La fundación que gestiona el colegio en el que da clase la docente también formó parte del proceso judicial. Sin embargo, esta organización alegó que “en modo alguno intervino” en la decisión de abonar los complementos porque es la “administración educativa” la que decide “en cada momento qué conceptos han de incluirse en la retribución mensual de los profesores del centro”.

La Justicia aceptó su alegación y por ese motivo el fallo únicamente señala a la administración. “Estimamos la demanda formulada y condenamos a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a cesar en su comportamiento vulnerador del derecho fundamental de la actora a su libertad sindical”, establece el tribunal.

Evitar el “efecto disuasorio”

La defensa de la recurrente explicó que la pérdida de los complementos económicos al pasar a ser liberada sindical no solo afecta a su clienta, sino que podría tener consecuencias negativas para toda su organización, ya que actúa como un “efecto disuasorio” para realizar funciones sindicales, según apunta el letrado.

El tribunal coincide con la demandante en este punto, los magistrados del TSJM consideran que la decisión de la Comunidad de Madrid “constituye un obstáculo objetivamente constatable para la efectividad del derecho de libertad sindical”.

“Para que la demandante no se vea perjudicada por su nombramiento como liberada sindical”, continúa exponiendo el tribunal, “debe percibir todos los complementos que con carácter mensual venía percibiendo incluidos los referidos al puesto y funciones concretas que venía desempeñando y en las mismas condiciones que lo venía haciendo”.

La docente cuenta que para ella la “garantía retributiva” fue crucial al tomar la decisión de liberarse. “Soy una persona divorciada y en mi casa solo entra mi sueldo, esa merma [de más de 200 euros al mes] es importante. No es ninguna tontería”, replica la profesora, que se muestra satisfecha con se haya ratificado un “derecho fundamental”.

Con relación a este fallo, la Comunidad de Madrid confirma que “la sentencia es firme”, pero no hacen ningún comentario más. Se limitan a asegurar que la administración regional “siempre respeta las decisiones judiciales”.