Protocolos bajo sospecha en Madrid: la juez indaga sobre la orden de no derivar ancianos de residencias a hospitales

Casi dos años después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobase los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de las residencias a los hospitales durante la primera ola de la Covid-19, esos documentos siguen bajo sospecha. Un total de 7.291 mayores murieron en apenas dos meses en los geriátricos de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria, en lo que sigue siendo la gran sombra de la gestión de Ayuso durante la pandemia. La decisión partió en dos al Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto esta semana a poner en el punto de mira aquellos protocolos y ha citado a declarar a varios responsables de aplicarlos. Familiares de víctimas y asociaciones esperan que esta vía que se abre de nuevo en los tribunales amplíe el foco hacia los responsables políticos. 

El auto de la Audiencia Provincial abre la vía por primera vez a investigar las instrucciones sobre derivaciones de ancianos contagiados en cuatro residencias de Leganés. Los demandantes iniciaron la causa contra los directores de los centros alegando un “trato inadecuado” a los mayores durante los primeros meses de la pandemia. Entre marzo y junio de 2020 en Madrid fallecieron 7.690 usuarios –1.203 confirmados con COVID-19–, una cifra que en ese momento supuso el 18,1% del total de los residentes. Casi uno de cada cinco. Para los denunciantes los hechos investigados “pueden ser constitutivos” de varios delitos, entre ellos, homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.

El auto emitido el 11 de enero reabre la causa por segunda vez en contra del criterio de la magistrada del juzgado de instrucción, que había archivado las demandas contra las cuatro residencias de Leganés —DomusVi, Vitalia, Amavir y Aralia— ya en un par de ocasiones. 

En esta nueva decisión, conocida esta semana, la Sección 23 de la Audiencia Provincial ordena a la magistrada realizar tres nuevas diligencias más, orientadas a abordar el funcionamiento de los protocolos en las residencias demandadas. Los jueces defienden que para llegar a una “decisión más fundamentada” es necesario “tomar declaración a los responsables de implementar los protocolos de actuación frente al COVID-19 en cada una de las residencias”. 

La investigación judicial vuelve a poner el foco en la gestión del Gobierno regional de Díaz Ayuso, un asunto que irrita a la presidenta madrileña cada vez que se le pregunta por el tema, decidida como está a figurar como un ejemplo de liderazgo durante la crisis. Aquella decisión que tomó en su día la Consejería de Sanidad, en manos entonces del PP, provocó una gigantesca brecha con sus socios de Ciudadanos, que llegaron a cuestionar la legalidad de los protocolos.

Las relaciones entre las dos alas de la coalición se llevaron al límite por el duro enfrentamiento entre los dos responsables de la gestión de las residencias: el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), y el de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), que acabó presentando su dimisión meses después y tras haber aireado públicamente las discrepancias con la manera de hacer de los populares. Reyero llegó a calificar los protocolos de “inmorales” y “posiblemente ilegales” en una comisión parlamentaria en la Asamblea de Madrid. El entonces dirigente de Ciudadanos, hoy retirado de la política, reclama todavía una investigación parlamentaria y judicial para aclarar lo sucedido. 

Aunque Ayuso ha intentado por todos los medios borrar el rastro de aquello, incluso con unas elecciones donde fulminó a Ciudadanos, los protocolos siguen persiguiendo a la presidenta madrileña. Recientemente, en una entrevista en el Hormiguero con Pablo Motos, la dirigente del PP se defendió asegurando que “se trató a cada cadáver con cariño y con respeto” después de que el presentador le preguntara por las muertes en las residencias y la negativa del PP a que se produzca una comisión de investigación que determine lo ocurrido en estos centros. En el recorrido por la hemeroteca de las declaraciones de la presidenta regional, primero los calificó de “borradores”; después dijo que se trataba de “sugerencias”, y a día de hoy, Ayuso se defiende argumentando que cada geriatra tomó la decisión individualmente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha esquivado de momento todas las denuncias que se han puesto contra ella por esta cuestión. Pero los denunciantes siguen pidiendo que los responsables directos de aprobar aquellos protocolos también desfilen por los juzgados. Uno de ellos es el alto cargo de la Consejería de Sanidad que los firmó, Carlos Mur de Víu, quien aunque no ha sido llamado a declarar por el momento desde un juzgado, ya pudo dar su versión en la comisión de investigación iniciada en la Asamblea de Madrid que decayó por el adelanto electoral –y que PP y Vox se han encargado de enterrar en la nueva legislatura tras el 4M–. Mur reconoció la validez de los protocolos y aseguró que sus superiores, señalando directamente al consejero Enrique Ruiz Escudero, fueron conocedores de los mismos. “Siempre informé a mis responsables directos”, dijo Mur, que entonces ocupaba el cargo de director general de coordinación socio-sanitaria, en comisión parlamentaria.

El psiquiatra de profesión reconoció que no eran “borradores”, como aseguró durante aquellos meses Díaz Ayuso, sino que eran protocolos que pretendían dar “criterios homogéneos” a los directores de residencias y hospitales ante una situación de “desastre sanitario”, dijo, un colapso que también fue negado entonces por la dirigente madrileña.

La cuestionable gestión sobre los geriátricos por parte del Gobierno de Díaz Ayuso durante aquellos fatídicos meses no termina con los protocolos. El día siguiente de enviar el último protocolo –el 26 de marzo de 2020– y de que Reyero ya hubiera manifestado su disconformidad por los mismos en unos emails que remitió al consejero de Sanidad y que acabaron haciéndose públicos, Ayuso tomó dos decisiones: retirarle las competencias sobre las residencias al consejero de Ciudadanos y contratar a Encarnación Burgueño, una mujer sin ninguna experiencia en la materia, para que se hiciera cargo de la gestión de los geriátricos: la conocida como ‘operación bicho’, otro punto negro de aquella gestión que fue tildada de escándalo por quienes la vivieron de cerca. De la Operación Bicho quedaron unos audios sonrojantes donde la mujer a la que se había encomendado la gestión de la crisis decía “flipar en colorines” con la oportunidad de negocio que se había abierto a su empresa.

La justicia cita a los responsables médicos 

Tras la decisión judicial conocida esta semana comparecerán como testigos los responsables médicos de cada uno de los centros de mayores denunciados y los responsables del servicio de geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa, el centro sanitario de referencia, para abordar el funcionamiento de los traslados.

En el caso de los facultativos de los centros de mayores, la Audiencia considera que es necesario que expliquen “el seguimiento” de las órdenes enviadas por la Comunidad “para la derivación hospitalaria e informen de los medios disponibles en cada una de las residencias en esos momentos para prestar atención médica a los residentes enfermos que no fueron derivados al hospital de referencia”.

Por su parte, los geriatras del Severo Ochoa deberán aportar información sobre los “criterios adoptados” en las primeras semanas de la pandemia para el traslado de los enfermos desde las residencias implicadas a los hospitales. Asimismo, tendrán que ilustrar “acerca de la decisión de no derivación”.

Los familiares que han promovido esta causa asumen con cierta incredulidad la reapertura del caso. “No tengo ningún tipo de esperanza. No veo con ganas a la jueza”, indica Laura, portavoz de la plataforma de familias que se han querellado contra la residencia Vitalia Leganés. Desde el colectivo Marea de Residencias, que también ha impulsado una de estas dos demandas, reciben “como una buena noticia” la decisión de la Audiencia Provincial. Aún así, se muestran decepcionados por el papel de la Fiscalía, que se posicionó a favor del archivo de la investigación.