La condena a la URJC por el despido improcedente de una docente podría afectar a “cientos” de profesores
No solo uno, siento cientos de profesores podrían verse beneficiados tras la última condena en los tribunales contra la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El Juzgado de lo Social dictaminó a primeros de diciembre que la institución académica debería indemnizar con hasta 19.000 euros a una profesora que trabajó con ellos en calida de visitante desde 2017.
Según la sentencia, quedaron probadas unas diferencias salariales de nada menos que 1.120,10 euros al mes entre el salario que percibía la denunciante y el que, según las actualizaciones del convenio, tendría que haber obtenido. Pero no será la única afectada. CSIF, el principal sindicato de funcionarios y el que ha estado a cargo de la denuncia, estudia otros posibles casos de profesores visitantes que hayan estado ingresando un sueldo inferior al que les corresponde.
El fallo judicial, con fecha del 26 de noviembre, sentaría jurisprudencia para que más docentes puedan reclamar una compensación similar, estipulada en base al tiempo que lleven trabajando para la URJC. De momento no se conoce ningún otro caso oficial ni se sabe la cifra que por ahora tantea CSIF. “Volvemos a poner el foco en la abusiva contratación temporal por parte de las administraciones, en este caso, en la universidad pública”, ha celebrado el órgano sindical en un comunicado emitido este martes, casi un mes después de anunciar esta sentencia.
Denunció tras tener que irse de la URJC
La denuncia, en este caso, se presentó a raíz de que la Universidad Rey Juan Carlos tramitara la baja de la demandante “por fin del período del contrato”. Es decir, que su relación laboral acabó ahí. Fue entonces cuando la docente, a través de CSIF, decidió ir a los tribunales. “Después de suscribir un último contrato entre la universidad y la profesora desde el 12 de septiembre de 2024 hasta el 1 de septiembre de 2025, ella considera que su despido a finales de agosto fue improcedente”, señalan desde el sindicato.
Añaden, además, que esta sentencia “aduce que la contratación temporal, bajo la modalidad de profesor visitante, excedió los límites legales y no cumplió con los requisitos de la normativa, y fue utilizada para cubrir necesidades permanentes”. En total, la condena asciende a 17.438,19 euros que la URJC tendrá que pagar a la empleada, además de un interés del 10% por las demoras en su ingreso, cuando se oficializó la demanda. Así que la suma final será de unos 19.000 euros. Contra la sentencia aún cabe recurso de suplicación.
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