Desbandada de inquilinos en los dos edificios que Madrid alquila por 383 euros al mes ante el fin de la concesión franquista

Un cartel de grandes dimensiones pierde color en la entrada de la calle Tudescos, al lado de la Gran Vía. “Se alquila oficina totalmente equipada. 425 m2” reza el texto de letras grises, que va acompañado de un número de teléfono ahora casi borrado. Remite a uno de los fijos de la Sociedad Anónima de Aparcamientos Madrid, más conocida como SAMA, la empresa que desde el año 1972 gestiona este edificio de oficinas y el contiguo, construidos junto al parking de la plaza cercana.

Nadie en SAMA quiere responder a este periódico sobre el canon irrisorio que paga al Ayuntamiento de Madrid por gestionar sus 10.419 metros cuadrados de oficinas y locales comerciales: abona cada mes 383 euros en pagos bianuales por los dos edificios, desde hace casi 50 años. Tampoco responden a los emails. Los beneficios que obtiene de este lugar son una incógnita, aunque el partido Más Madrid, que ha denunciado el caso, cree que pueden rondar los 15-20 millones de euros.

Los ingresos procedentes de arrendamientos han ido bajando según se va acercando el final de la concesión, prevista para el 22 de noviembre de este 2022. Algunas empresas, las menos, se marcharon durante los meses más duros de la pandemia. Otras se empiezan a mudar ahora, cuando les han avisado de que les quedan ocho meses antes de que sus oficinas se entreguen al Ayuntamiento de Madrid. La semana pasada recogieron parte de sus enseres los trabajadores de la compañía Hartford, una empresa de intervención social y educativa que ocupaba la segunda planta del número 1 de Santa María Soledad Torres Acosta. Antes echó el cierre una academia de inglés situada en la planta inferior. Otros negocios que ocupan oficinas en ambos edificios han anunciado su adiós para el verano.

Pese a la espantada de muchas de las grandes compañías de Luna (el nombre popular de la plaza), algunas empresas de alquiler de oficinas a las que SAMA subarrendó parte de la gestión siguen buscando negocio: ofrecen espacios de trabajo de distintos tamaños por meses a todo aquel que se lo solicita, sin advertir del fin de la concesión. El precio mínimo: 500 euros por 25 metros cuadrados de despacho interior, sin vistas. También ofrecen el servicio de alojar la dirección fiscal de empresas. A las que tienen ahora de clientes tampoco les han notificado el cese de la actividad en este centro de negocios.

La única actividad que quedará en estos edificios a finales de noviembre será la comisaría de Policía Municipal, exenta del pago del alquiler. Fuentes del área de Seguridad confirman a Somos Malasaña que su departamento no abona actualmente ningún arrendamiento por estar ubicada en un edificio municipal. Abrió en el año 2010 y ocupa 1.200 de los 4.936 metros cuadrados del edificio número 2.

El Ayuntamiento arregló la fachada exterior de la comisaría el pasado verano. Gastó 167.000 euros en hacerlo, mientras a su alrededor el resto del edificio seguía dejando ver su deterioro, después de años sin reformas de calado. Antiguos trabajadores de las oficinas realquiladas confirman a este periódico que el mantenimiento interior también era mejorable y que en algunos lugares se mezclaba el olor a humedad con el de las bajantes sin arreglar.

Más de 10.000 m2 municipales a un paso de Callao

Mientras los actuales inquilinos preparan la mudanza, el Ayuntamiento de Madrid se resiste a explicar lo que va a hacer con los dos inmuebles y sus 10.000 metros cuadrados de oficinas y locales situados en el corazón de la ciudad, a escasos metros de la plaza de Callao. Los negocios allí alquilados (un gimnasio, dos comercios asiáticos, un restaurante chino y un bar) tampoco hablan sobre su futuro.

Lo que ya ha anunciado el equipo de Almeida es que volverá a licitar la concesión del aparcamiento para que una empresa privada que lo gestione, en lugar de seguir la política de la anterior legislatura bajo el mandato de Manuela Carmena, cuando los aparcamientos rentables pasaban a ser gestionados por la empresa pública de autobuses (EMT) con importantes beneficios para las arcas públicas.

Las organizaciones vecinales del barrio reclaman desde hace años más dotaciones municipales en inmuebles recuperados como el de la plaza Luna. El lugar podría albergar, por ejemplo, la oficina de Servicios Sociales que la Junta de Centro quería ubicar en la Casa del Cura de la plaza Dos de Mayo, ahora ocupada por asociaciones del barrio de Malasaña. Jorge García Castaño, de Más Madrid, propone crear oficinas para negocios relacionados con empleo verde. La discusión sobre su futuro se irá acrecentando cuando se acerque el final de la concesión, el próximo otoño.