“No comparto que la solución sea prohibir, como la izquierda”. Con estas declaraciones el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, rechazaba en 2023 la limitación de los patinetes eléctricos de alquiler en la ciudad. La regidora socialista de París, Anne Hidalgo, acababa de convocar un referéndum para vetar estos vehículos en la capital parisina que acabó secundando la propuesta. Poco más de un año después, Almeida rectificaba sus palabras y anunciaba esa misma medida, sin votación popular de por medio.
Es uno de los ejemplos más cristalinos de las rectificaciones que el Consistorio ha tenido que aplicar pese a un discurso heredero de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, basado en la idea de una libertad individual por encima de cualquier regulación económica, social o medioambiental. Pero las medidas, sean impulsadas por la oposición vecinal, el descontento económico de ciertos sectores o por decisiones judiciales, van mucho más allá y atraviesan distintos ámbitos de la gestión municipal.
El primer volantazo llegó en 2021, con Ciudadanos todavía dentro de la corporación. El Partido Popular basó gran parte de la campaña electoral de 2019 en las críticas al proyecto de Madrid Central impulsado durante el mandato de Manuela Carmena, abogando por la libertad de tránsito de cualquier vehículo en el interior de la M-30. El PP hasta recurrió la norma en los tribunales, de hecho el Supremo acabó por tumbarla en 2021. Sin embargo, el Ejecutivo local ya había anunciado previamente que renunciaba a su promesa electoral de desmantelar este sistema de controles y multas.
Almeida continuó con las sanciones y elaboró una nueva legislación para seguir regulando las Zonas de Bajas Emisiones, tanto en el interior de la almendra central como en Plaza Elíptica (el punto con los peores datos de contaminación por tráfico de Madrid). Ahora queda por ver cómo continuará esta senda debido a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, después del recurso de Vox, que anula de dichas Zonas de Bajas Emisiones. El Ayuntamiento ya ha anunciado que prepara una nueva ordenanza, mientras gana tiempo al recurrir la decisión judicial y evitar que se aplique automáticamente.
Las políticas del alcalde han experimentado un auténtico giro peatonal con la eliminación de más de 10.000 aparcamientos en la vía pública para ampliar las aceras en casi 90.000 metros cuadrados. La eliminación de plazas para vehículos en distritos como Chamberí fue una de las principales críticas a Carmena en las municipales de 2019. Un año antes de llegar a Cibeles lamentó que las obras de peatonalización en la plaza de Olavide iban a “perjudicar a los ciudadanos”, al eliminar aparcamientos sin alternativas. Ya con el bastón de mando en sus manos, apostó en cambio por mantener la peatonalización, en la que desaparecieron otros 34 estacionamientos.
Alquileres turísticos: de no hacer “nada” a suspender nuevas licencias
Tres años y un cambio de criterio después, uno de los tuits más virales de Almeida sigue publicado en su cuenta. Solo seis letras, “exacto”, con las que sintetizaba su política para atajar la crisis de la vivienda en Madrid: la no intervención. Sin embargo, el auge imparable de los alojamientos turísticos y temporales, así como su impacto en el precio de la vivienda, ha hecho que el Gobierno municipal rectifique.
Así, el regidor anunciaba en abril un paquete de medidas para actuar sobre el problema. Aunque siguen siendo insuficientes según entidades como el Sindicato de Inquilinas de Madrid y no prevén una suspensión total de licencias como la que se implementará en Barcelona, el cambio de paradigma es significativo. Almeida ha paralizado los nuevos permisos para pisos turísticos, multa con casi 30.000 euros a los ilegales y ha reforzado la plantilla de inspectores (dedicando por primera vez una parte de ellos a los alojamientos irregulares). Todo ello mientras su equipo prepara la Modificación del Plan General que afecta a este tipo de viviendas.
Además, el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que lidera el concejal Borja Carabante (mano derecha de Almeida) ampliará las zonas con límites a los pisos turísticos para lograr “una reducción sustancial”. En paralelo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también ha matizado una posición libertaria que sí mantiene en las campañas electorales, al menos en este tema: prohibirá los alquileres turísticos en viviendas protegidas y endurecerá las sanciones.
Patinetes y patinazos
Quizá el cambio de criterio más drástico y en menor tiempo de la administración de Almeida, de nuevo a través de la enorme y poderosa área delegada que dirige Carabante. A comienzos de mes, el Ayuntamiento comunicaba que renovará las 6.000 licencias concedidas hasta la fecha para que las tres empresas que operan actualmente (Dott, Lime y Tier Mobility) dejen de hacerlo a partir de octubre, argumentando que con la ampliación de Bicimad a toda la ciudad las necesidades de movilidad están cubiertas.
El alcalde justificaba en declaraciones a los medios que estos vehículos se han venido utilizando indebidamente por parte de algunos usuarios, siguen estando mal aparcados en la ciudad y resultan un peligro, “especialmente para las personas mayores”. La abundancia de patinetes en las aceras y las personas que circulan por trayectos peatonales ha sido uno de los problemas más frecuentes que ha ocasionado en Madrid la irrupción de este medio de transporte.
El Consistorio aseguró en la presentación de las nuevas licencias, en enero de 2023, que con las renovadas autorizaciones las operadoras contaban con tecnología para obligar a aparcar a los clientes únicamente en las zonas específicas del distrito Centro. En el resto de la ciudad podían aparcar fuera de ellas siempre que no existiera una plaza para motocicletas, ciclomotores, bicicletas y VMP a menos de 50 metros del punto de estacionamiento. Fue al anunciar estas actualizaciones cuando el alcalde emitió las declaraciones que abren este artículo. “Vamos hacia un modelo más integrado, más ordenado y más seguro”, presumía aquel mismo día Carabante.
Pero la realidad es que estas tecnologías no impidieron las imágenes de patinetes aparcados en aceras de menos de un metro de anchura, dificultando el paso de los peatones. Según datos del Ayuntamiento de Madrid, las empresas de alquiler de patinetes acumularon en el año 2022 hasta 94.927 multas. “El tema tecnológico no ha sido suficiente, no se dan las condiciones para que haya empresas concesionarias en Madrid”, admitió hace unas semanas Almeida, que pese a su defensa de los patinetes previa a esta drástica medida nunca se dejó fotografiar subido a uno en ninguna presentación o campaña municipal.
Silencio Bernabéu
El último paso atrás del regidor es más bien una modulación del discurso, porque los conciertos del estadio Santiago Bernabéu han sido aplazados seis meses por el propio Real Madrid. Al menos sobre el papel, ya que ninguna de las partes ha ocultado que la medida es fruto de las negociaciones constantes entre el club que preside Florentino Pérez, el Ayuntamiento y el Ejecutivo regional (tanto Ayuso como Almeida han agradecido la actuación “responsable” del Real Madrid). De hecho, antes de la drástica suspensión, el primer edil ya anunció intervenciones como fijar el fin de los eventos antes de las 23.00 o limitarlos a 30 al año como máximo.
Durante la controversia generada por los primeros conciertos, donde quedó acreditado que las emisiones sonoras superaban con creces los decibelios permitidos por la normativa municipal, Almeida restaba en cambio trascendencia a las protestas y quejas de “algunos vecinos”. Remarcaba en cambio la importancia de esta actividad para hacer de Madrid una referencia mundial de este tipo de macroeventos y del ocio en general. “Los conciertos en el Bernabéu están amparados por la licencia”, insistió además, pese a que en realidad el estadio utiliza una licencia excepcional para cada concierto, ya que el uso del recinto sigue siendo deportivo. Con más de 20 actuaciones musicales en 2024, dicha excepcionalidad dejó de ser tal.
Es uno de los principales argumentos de la querella criminal con la que la Asociación de Perjudicados del Bernabéu ha conseguido que José Ángel Sánchez “JAS”, administrador del Santiago Bernabéu, haya sido llamado a declarar por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 53 de Plaza de Castilla. La denuncia solicitaba también la imputación de Almeida y Carabante por un delito contra el medioambiente, pero por el momento la magistrada entiende que las multas por superación de los límites de ruido que el Ayuntamiento ha interpuesto a las promotoras de los conciertos impiden hablar de una inacción institucional.
Después de todo cambiar de opinión, aunque sea a costa de renunciar a un ideal de libertad absoluta, puede ser una estrategia gestora, política, mediática e incluso judicial.