Hace un par de años coincidí en un IES de la Región de Murcia con una auxiliar de conversación norteamericana, natural de Houston (Texas). Una compañera jóven, bien preparada, con toda una vida profesional por delante. Me impactó mucho, al preguntarle si le gustaba el país, cuál fue su respuesta. Me dijo que le gustaba, sí, pero que pensaba además que su futuro no estaba en Estados Unidos, que no iba a volver, a pesar de que su familia estaba allí, y que había tomado esa decisión al ver lo que costaba “ir al médico” en España. Allí, sencillamente, aún teniendo trabajo, no podía costearse ninguna emergencia médica, a no ser que fuese contrayendo una deuda de por vida. Le gustaban muchas cosas, pero creía que eso era lo mejor de vivir en Murcia.
Es un modelo conocido, el neoliberal. Si no hay servicio público generalista y de calidad, los precios en los que se ponen los servicios esenciales privatizados no los puede pagar ya nadie. Libertad para elegir, claro. Pero si te pasa algo grave ya no puedes elegir: pagarás todo lo que tengas, y más, para no morir. Pagarás toda la vida que te quede. Es el modelo que se está implantado en Madrid, y que está ya en su fase terminal: acabamos de destrozar las condiciones laborales del personal de la sanidad pública, la quebramos, campañas de desprestigio mediante, y cuando ya no sea viable para el “usuario” comenzamos con la subida paulatina de precios de la sanidad privada.
En educación más de lo mismo, la red de centros es ya eminentemente privada en Madrid, y claro, los precios suben y suben, como suben los de los pisos, en una urbe desregulada y abandonada, en la que el derecho a la vivienda es pasto de los fondos buitre. También los fondos de inversión están de lleno en educación y sanidad. Es el modelo que el PP trae a la Región de Murcia, de la mano de su guerra fiscal al Gobierno de España, a costa de los servicios públicos esenciales, y de su violencia presupuestaria para con la ciudadanía que depende de los mismos, que está viendo cómo se abandonan y cómo empujan a la gente hacia los privados.
La quiebra de la infraestructuras educativas públicas de la Región es lo más llamativo y conocido, pero la quiebra de la salud mental y la productividad de las plantillas de sanidad y educación, por extrema sobrecarga, opera de modo constante corroyendo la calidad del servicio que se quiere derruir. “Agentes privatizadores” como administraciones, empresas, fundaciones o medios de comunicación culpan “lógicamente” al personal sanitario y docente, con tal efectividad que en Madrid una médica, que reconoció haber votado a Ayuso, necesitó literalmente que le diesen una paliza unos “usuarios” iracundos por el mal servicio, para despertar de su propio ensueño de libertad miserable y falsaria.
Deberíamos preguntarnos cuánto estamos dispuestos a pagar porque nos hospitalicen por una neumonía. ¿Los 5.000 euros que le cuesta al erario público? Pero si van cerrando camas y plantas de la sanidad pública, ¿6.000, 8.000? ¿Y si no es neumonía y es algo más grave, y hay que operar? ¿9.000, 10.000, 15.000 euros? ¿Cuánto necesitamos que nos cueste la salud para que entendamos que no la podemos pagar si no llevamos la carga colectivamente? ¿Los 100.000 euros que cuesta un trasplante de corazón?
No sé si aquella auxiliar de conversación entenderá muy bien que nos carguemos lo mejor que tenemos, para implantar un sistema que hace que una mujer de menos de treinta años con estudios superiores, como ella, sea una exiliada económica que no vuelve a su país porque no hay médicos que pueda pagar.
Con la educación, cuando la red pública ya no sea una opción elegible, porque esté completamente destrozada, ¿nos va bien con 6.000 euros al año? ¿10.000? Si vemos que podemos usar la libertad de elección por la que al parecer votamos, y elegir entre mandar a la prole a centros en ruinas, llenos de alumnado y familias vulnerables, y con docentes exhaustos y quebrados, o bien pagar y mandarlos a centros con todo nuevo, y con alumnado muy blanco, español y así “bien”, ¿cuánto estaremos dispuestos a pagar por la segregación y los servicios? ¿Cuánta seguridad tenemos en que nuestro vecino a lo mejor no, pero nosotros sí, vamos a poder pagar lo que sea para que nuestra hija no esté en un aula chabola? Por no hablar de la universidad o la FP privatizada.
Además de la subida de cuotas, tan ilegales como regulares, para coles de bien que se nos viene encima conforme vaya derrumbándose el servicio público, ¿por qué más estamos dispuestos a pagar? Servicios de comedor, transporte, aula matinal, actividades extraescolares, actividades complementarias de refuerzo curricular, que a la niña más le vale hacer porque si no queda descolgada, ¿o estamos dispuestos a que nos vendan “paquetes” de actividades que son extraescolares pero van “vinculadas” a asignaturas obligatorias? Toda esta ingeniería del saqueo ya está en marcha. Según la OCU nos acercamos peligrosamente a un 30% de familias que ya no llegan con los gastos “voluntarios” de sus coles para niños bien.
Cuando las empresas a las que les estamos vendiendo la educación de nuestras hijas tengan claro que ya no tenemos alternativa, que no vamos a ir a la red pública en ruinas, ¿cuánto nos van a cobrar? ¿Es suficiente ya, o nos tienen que saquear más para que entendamos que algo como la educación de nuestras hijas no la vamos a poder pagar si no llevamos la carga colectivamente? Tenemos que saber que los próximos vecinos que ya no puedan pagar tal vez seamos nosotros.
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