A veces pueden faltar las palabras comedidas o ecuánimes para describir una situación rayana en lo ridículo. La actual mortandad de vida en el Mar Menor es una de ellas, sobre todo si se tienen en cuenta las recientes tomas de postura y evaluaciones tanto de los portavoces del Gobierno regional, como de los llamados científicos que siguen integrados en ese comité ad hoc que tan buenos servicios está prestando a los gobernantes murcianos… y a la agroindustria en general.
Que se sepa, repasando la legislación vigente en el Estado español, es decir, en el Estado de las Autonomías, al ejecutivo murciano corresponden, entre otras y como al resto de gobiernos autónomos, las competencias político-administrativas en materia de a) Agricultura y Ganadería; b) Protección del Medio Ambiente; c) Ordenación del Territorio y Litoral; d) Vertidos de tierra a mar; e) Depuración de aguas; y f) Autorizaciones y concesiones de aguas dentro del territorio de la comunidad autónoma.
Por tanto, lo que parece no ser más que una panda de amiguetes circunstanciales reunidos en torno a Fernando López Miras -panda que dizque nos gobierna- es tan responsable de esos seis rubros como lo es de la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales, por referir algún paralelismo fácilmente comprensible.
Algunos de esos coleguis, especialmente quienes detentan, y no ostentan, las funciones de Agricultura y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio –-éase, los consejeros Luengo y Díez de Revenga- llevan meses alardeando y refregándonos por las narices la supuesta y pretendida mejora de las aguas del Mar Menor, a pesar de que no se ha puesto coto en modo alguno a las causas reales y últimas del ecocidio que sufre la laguna interior que fue y debería seguir siendo la joya de la corona ambiental y turística de Murcia.
La catástrofe mortífera de vida marina de octubre de 2019 se está repitiendo ahora -ya llevamos casi una semana- sin que desde aquel entonces los responsables, o sea, el gobierno autónomo que tiene transferidas las competencias pertinentes, haya sido capaz de reorientar mínimamente la contaminación de la laguna debida a escorrentías agrícolas de abonos con fosfatos y nitratos procedentes del Campo de Cartagena que circunda el Mar Menor. Además de las de malolientes purines producidos por los tres cuartos de millón de cerdos que engordan en el entorno de la laguna.
Y resulta que al mandatario murciano, tras resucitar de su molicie estival al tercer día del episodio mortífero y andar en lancha sobre las aguas, lo único que se le ocurre es repetir corregida y aumentada la rancia cantinela de que la culpa es del cha-cha-cha y de que quiere “las competencias de costa y cuenca” y de que se irá al juzgado si Pedro Sánchez -que, como Zapatero, tiene la culpa de todo- sigue comportándose, según el egregio lorquino, como el perro del hortelano: ni come ni deja comer.
Si estuviéramos en una región seria, esa visión del presidente autonómico debería ser tachada de surrealismo gamberro, más propio de adolescentes irresponsables cuyo principal objetivo es escandalizar al público bienpensante y eludir responsabilidades antes que gestionar de forma mínimamente coherente los problemas que se presentan.
Hay más, porque su solución de urgencia para paliar el corriente agravamiento del ecocidio marmenorense está calcada de lo que propuso VOX tras la mortandad de peces de octubre de 2019: dragar la gola de Marchamalo para aumentar el intercambio de aguas entre la laguna y el Mar Mediterráneo. Vemos así que, de nuevo y una vez más, ante cualquier dificultad seria que afronta, López Miras se echa en manos de la extrema derecha y de cualquier arribista sin escrúpulos dispuestos a rubricar sus ridículas boutades y, también, apuntalarlo ad aeternum en la poltrona de San Esteban.
Con semejantes “soluciones” y con reacciones cortoplacistamente insensatas, tanto como con la continua elusión de actuaciones políticas eficientes, lo que está pidiendo a gritos desde hace tiempo el Ejecutivo murciano no son precisamente más competencias, sino todo lo contrario: que desde el Gobierno del Estado se le aplique parcialmente el artículo 155 de la Constitución para retirarle las potestades administrativas que tiene y no quiere o no sabe usar. Visto lo visto, sólo así será posible un intento serio de revertir el ecocidio del Mar Menor. El tiempo corre y se va agotando. Vale.
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