La represión del franquismo en la enseñanza navarra: más de 400 maestros purgados

Rodrigo Saiz

Pamplona —
2 de marzo de 2025 21:46 h

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Pocos días después de que Francisco Franco diera el golpe de Estado contra el Gobierno legítimo de la República el 18 de julio de 1936, Pamplona, con Emilio Mola al frente de la sublevación, se alineó con el bando golpista convirtiéndose así en una de las primeras ciudades, junto con la vecina Vitoria, controlada por los sublevados. El nuevo régimen pronto comenzó a “depurar” los vestigios republicanos, también en el plano educativo: se cerraron escuelas, se modificó el programa educativo y se represalió a los maestros que no casaban con los principios católicos del franquismo. Fueron 407 los docentes purgados durante los años de la dictadura. Una web educativa creada por el Instituto Navarro de la Memoria recoge las fichas personales del profesorado que fue expedientado, y en muchas ocasiones asesinado, por no alinearse con el nuevo régimen.

El trabajo está basado en el libro que la historiadora Reyes Berruezo Albéniz escribió junto con Juan José Casanova Landívar y Francisco Javier Ema Fernández, 'El proceso de depuración de la enseñanza pública en Navarra, 1936-1976', y en el que se recogen las fichas de estos docentes. En él se explica además en qué consistió la transformación que llevó a cabo la recién creada tras el golpe de Estado Junta Superior de Educación en todo el sistema educativo y cómo afecto particularmente a la comunidad foral, territorio que durante la II República había logrado superar un “déficit escolar” importante con la construcción de nuevos centros o la formación de nuevos maestros (más de 200 cuando no llegaban a 1.000 en toda Navarra).

Así, tanto los maestros como el sistema educativo en su conjunto fueron duramente castigados por el franquismo desde el comienzo de la dictadura. La Constitución de la República de 1931 establecía unas medidas “rompedoras” a nivel educativo, a juicio de la historiadora Reyes Berruezo, con unos principios de una enseñanza pública, gratuita, laica, mixta y obligatoria. El franquismo quiso “depurar” eso y desde el principio de la dictadura se amenazó “con castigos inmediatos, rápidos y ejemplares” a docentes republicanos, explica Berruezo.

“A finales de agosto de 1936 ya podemos decir que no quedaba nada de política educativa republicana en Navarra”, apunta Berruezo. Se suprimieron los institutos de Tafalla y Tudela y se empezó a represaliar a los maestros.

La Junta Superior de Educación elaboró un censo de profesores con fichas en los que se recogían datos sobre su religiosidad, moralidad, afiliación política y la prensa que leían. Las fichas eran llevadas a una comisión que examinaba los datos y establecían sí eran aptos para continuar en la enseñanza o por el contrario eran castigados o incluso encarcelados y posteriormente asesinados.

Es el caso de Emeterio Jaurrieta Terés, nacido en 1912 en la localidad de Caparroso, donde ejercía como docente. La comisión que le evaluó señaló que su religiosidad era “nula”, que era “casi comunista” y que leía el 'Heraldo de Madrid' y 'El Socialista'. Además, pagaba una cuota extraordinaria para la biblioteca de la Casa del Pueblo y era cotizante del 'Socorro Rojo'. El tribunal dictaminó su destitución y, posteriormente fue fusilado.

Otros eran suspendidos de empleo y sueldo, como Ángela Echevarría Mezquíriz (Muruzábal, 1906). Su ficha de la Junta Superior de Educsción recoge que su religiosidad era “deficiente” porque no pudo certificar que cumplía con el “precepto Pascual”. También la calificaron de “entusiasta azañista y muy tibia por la causa de España”. Ella trató de defenderse con un certificado del párroco y del Ayuntamiento en el que se probaba “que tanto su vida privada como pública” habían “sido buenas”, pero ello no la libró de ser inhabilitada como maestra y una suspensión de empleo y sueldo durante un año.

En el caso de las mujeres, la junta les obligaba a demostrar su castidad para no ser castigadas. Así, Concepción Adrián Navarro, que había perdido la escuela y había sido suspendida de empleo y sueldo de forma indefinida por ser afiliada de UGT y tener una religiosidad “dudosa” y una moralidad “regular” trató de ser indultada afirmando, entre otras cosas, que “jamás ha vestido indecentemente, rara vez ha asistido a espectáculos y en sus relaciones con el novio no ha faltado a la moral cristiana”.

Con estos testimonios el Instituto Navarro de la Memoria busca que, “frente a los intentos cada vez más abiertamente justificadores que dulcifican la dictadura franquista”, contribuir a “mostrar la verdadera cara del régimen” y a “reflexionar sobre las consecuencias de su triunfo, a la vez que se defienden los valores democráticos, de libertad y de tolerancia”.