“Seguiremos batallando”. Esta es la promesa que colectivos sociales como la plataforma en defensa de la renta básica o la red navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social repiten tras formalizarse el nuevo cambio en la ley de la Renta de Inclusión Social en Navarra, el tercero en apenas tres años. Estas asociaciones aseguran, además, que no será el último. Porque valoran que, gracias al acuerdo del Parlamento foral, la prestación llegará ya a más familias que se habían quedado fuera con el cambio de la renta básica a la RIS (en 2012), pero menos de las esperables. Una de las claves para estos colectivos es que se deja fuera de la medida a las personas en situación administrativa irregular que podrían solicitar este importe, que, según la red, serían entre 2.500 y 3.000 personas.
Ambas entidades reconocen cierta sensación “agridulce” ante las nuevas modificaciones aprobadas este jueves en la Cámara. La propia plataforma había solicitado cambios para recuperar el espíritu de la renta básica, que consideraba claves teniendo en cuenta que las necesidades se han agravado a causa de la crisis económica, y ese guante lo recogieron grupos como Bildu, Aralar, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai, que propusieron cambios como exigir a las personas solicitantes un empadronamiento en Navarra de 12 meses y permitir que cualquier persona, independientemente de su situación administrativa, pudiera optar a esta prestación. Estas dos medidas no se han incluido finalmente entre los nuevos cambios.
Las modificaciones que han salido adelante son las que presentó el grupo parlamentario del PSN esta misma semana, que mantienen algunos de los requisitos actuales pero también amplían las cuantías, los plazos durante los que se puede percibir la RIS (pasan de 30 a 36 meses) y permite que la solicitud se conceda durante 12 meses y que no haga falta renovarla cada seis. Además, la RIS podrá solicitarse a partir de los 18 años (y no a los 25, como ocurría hasta ahora) y más allá de los 65 si el o la solicitante tiene cargas familiares. Desde el propio partido socialista, a través de un comunicado, han defendido que se trata de una propuesta más “inclusiva e integradora” que la hasta ahora existente.
Los colectivos, por su parte, valoran de forma positiva todos estos avances, aunque pesa entre ellos la sensación de que ha habido que rascar cada medida con movilizaciones y que ha habido que esperar hasta estar cerca de las elecciones para lograrlas. De hecho, ha parecido que las nuevas modificaciones se han acordado a la carrera y dejando pelos en la gatera. “Bienvenidas sean estas mejoras, pero no son las únicas que buscábamos al intentar cambiar la ley. Muchas personas se quedan fuera. Este parece un debate sin fin”, lamenta una de las integrantes de la plataforma en defensa de la renta básica, Ana Fernández.
Críticos con la actitud de UPN
En concreto, los colectivos recuerdan que quedan fuera las personas extranjeras en situación irregular, a las que Fernández se refiere como “las grandes olvidadas” en el debate. Desde la red de lucha contra la pobreza calculan que podrían ser entre 2.500 y 3.000 personas, según apunta uno de los miembros de su Junta Directiva, Ubaldo González Delgado: “El acuerdo es positivo, pero se queda a medias. Creíamos que esta era una oportunidad para atender las necesidades reales de las personas. Pero hay población que ya está aquí que no tendrá reconocido este derecho”.
González Delgado remarca las palabras que ya está aquí en clara referencia a las críticas lanzadas por UPN y el Gobierno Foral durante el debate en el Parlamento, cuando se refirió a la reforma como “una chapuza”. La formación regionalista, junto al PPN, han sido las únicas que han votado en contra de estos cambios que amplían los posibles beneficiarios de la ley (en la actualidad, se concede a unas 11.700 familias), ya que puede tener un efecto llamada. “Ese es un argumento reiterativo, lo llevamos escuchando desde hace mucho tiempo”, lamenta el representante de la red. “Solo la usan para evitar cubrir las necesidades de las personas”.