Clamor contra el genocidio del pueblo palestino

Es cierto que varios Gobiernos democráticos europeos están apelando al reconocimiento del Estado Palestino. Es positivo para un futuro, pero más que insuficiente mientras permanece la agresión armada del gobierno israelí sobre el pueblo de Gaza, cada vez con más daños y de efectos más destructivos, personales y materiales. Además de ser Gobiernos que, incumpliendo sus más elementales deberes de solidaridad internacional, ninguno de ellos ha denunciado ante la Corte Penal de La Haya el genocidio que viene cometiéndose contra dicho pueblo.

Por ello, es necesario destacar el escrito presentado el marzo pasado ante el fiscal de dicha Corte por un amplio conjunto de organizaciones y profesionales bajo la cobertura de Derecho para Palestina. Escrito cuya principal finalidad es la denuncia “sobre la perpetración del crimen de genocidio por miembros del gabinete de guerra israelí”. Denuncia respaldada por una coalición internacional constituida por 15 Comisiones de Derechos Humanos, cinco Consejos de Abogados y 30 expertos de múltiples naciones, que ciertamente expresan el sentir de una gran parte de la comunidad internacional.

Comienza así: “El Estado de Israel lleva a cabo una campaña militar indiscriminada y desproporcionada contra el pueblo palestino de Gaza, que Israel ocupa desde 1967. Desde el inicio del asalto, en el que Israel ha desplegado aproximadamente 30.000 miembros de las fuerzas armadas en Gaza, Israel ha lanzado una de las campañas de bombardeos más intensas y destructivas de la historia moderna”.

“En el momento de redactar este Informe (19 de marzo de 2024), el Ministerio de Sanidad de Gaza ha informado de la muerte de al menos 31.490 palestinos, de los cuales el 70% eran mujeres y niños…”. “Al mismo tiempo, al menos 1,7 millones de palestinos han sido desplazados de sus hogares, lo que representa más del 75% de la población”.

Dicho Informe constituye la respuesta al llamamiento del fiscal de la Corte, de 17/11/2023, instando a “proporcionar datos relevantes para ayudar a la investigación en curso sobre violaciones del Estatuto de Roma en Palestina, incluida la guerra en curso en Gaza”.

A partir de dicho requerimiento, el Informe tiene como objeto “acreditar que las acciones y conductas de los políticos israelíes y de los miembros de las fuerzas armadas equivalen al crimen de genocidio contra el pueblo palestino de Gaza”.

Los fines del presente Informe son, con pleno fundamento, “defender y salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y grupos palestinos” y “acabar con la impunidad de las violaciones sistemáticas y generalizadas del Derecho Internacional en Palestina, incluido el apartheid, la violación del derecho a la autodeterminación y el genocidio”.

Dada la gran extensión de dicho Informe (260 páginas), nos atenemos a resaltar cómo se analiza, desde el presupuesto del sionismo “como una ideología eliminacionista”, su aplicación al pueblo palestino, lo que constituye una grave vulneración del derecho internacional dada su condición de “pueblo protegido” frente a cualquiera agresión exterior, como ahora está ocurriendo. Es tan evidente que, según recoge el Informe, expertos de la ONU, el 16/12/2023, “expresaron su alarma por la retórica claramente genocida y deshumanizadora procedente de altos funcionarios del gobierno israelí…que piden la ”destrucción total“ y el ”borrado“ de Gaza y la necesidad de ”acabar con todos ellos“. Como lo expresaba, siempre según el Informe, Netanyahu: ”Nos enfrentamos a monstruos (…) Esta es una batalla no solo de Israel contra estos bárbaros, es una batalla de la civilización contra la barbarie“. Añadiendo, entre otras muchas afirmaciones similares, que la operación militar contra Gaza está justificada porque ”es una entidad hostil, separada, que debe ser eliminada“. Y el presidente Herzog, además de otros muchos dirigentes israelíes, se refirió a que la actual invasión de Gaza se mantendría hasta ”romperles el espinazo“.

Lo expuesto es solo una aproximación a dicho Informe que, a nuestro criterio, debería ser divulgado y, quizás, tomado en consideración por los Gobiernos europeos ante esa dramática y permanente realidad. ¿Cuando, alguno de ellos, coherente con sus principios democráticos, formulará una denuncia penal ante la Corte de La Haya?