El comisario europeo de justicia: un intruso impertinente

Dos recientes acontecimientos, más bien incidencias políticas, han puesto en primer plano dos de las obras, incluidas en las novelas ejemplares de nuestro genio universal Miguel de Cervantes. La alcaldesa cesante de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha dejado para la posteridad una reflexión por lo menos desafortunada: “Prefiero fregar escaleras que pactar con Bildu”. Me imagino que sin haber leído “La ilustre fregona” de nuestro príncipe de las letras. Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha descolgado con la propuesta de romper el bloqueo de la renovación del Consejo del Poder Judicial, solicitando la mediación del Comisario Europeo de Justicia Didier Reynders, para que asista como invitado curioso y conciliador,  al tradicional  banquete entre PSOE y PP para repartirse los nombres de los vocales. La decisión me recuerda otra novela ejemplar: “El curioso impertinente”. La justificación de la presencia de un mediador, cuya función es poner de acuerdo a las partes confrontadas ofreciendo soluciones, me parece una excusa de niños de patio de un colegio: Alberto no se fía de Pedro. 

Antes de invitar a una persona a tu mesa debes meditar si encaja en la reunión y si no vulnera las reglas sociales, en este caso parlamentarias y constitucionales. Espero que el invitado y sus adláteres (el Colegio de Comisarios) declinen la invitación por considerarla contraria a las normas de funcionamiento de la Unión Europea. Por otro lado, se podría sentar un precedente que se convertiría en una costumbre contraria a la autonomía de los países miembros en ciertas materias. Según el Tratado de Funcionamiento, los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones con absoluta independencia, en interés general de la Unión; en particular, no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo externo. 

En nuestra Constitución se contemplan otros nombramientos (Defensor del Pueblo y Magistrados del Tribunal Constitucional) que exigen los tres quintos de la Cámara. Si el desconfiado Señor Feijoó, sigue en sus trece habrá que incluir la posibilidad de un mediador de guardia que les ofrezca la posibilidad de un acuerdo para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades constitucionales. La verdad es que su “amor” a la Constitución queda en entredicho.

Cada uno de los poderes del Estado tiene sus funciones específicas señaladas por la Constitución y las leyes. Al margen de la aplicación de las leyes, una democracia se asfixia si no existe el dialogo y la búsqueda del consenso entre las opciones diferentes representadas por los partidos políticos y los grupos sociales. Cuando las normas previstas para promulgar las leyes, o alcanzar las mayorías necesarias para elegir determinados cargos constitucionales, tienen que entrar en juego, no se contempla la intromisión de personas ajenas para conseguir un acuerdo cuyas normas están reguladas por el texto constitucional y de manera especial por los Reglamentos de las Cámaras.

Lo que está sucediendo con el Consejo General del Poder Judicial desborda todo lo imaginable y no tiene precedentes, ni en nuestra democracia y me atrevo a decir que ni en el resto de los veintiséis países que componen la Unión Europea.  La renovación de los órganos constitucionales se debe producir con normalidad cuando se agota o se anticipa el fin de una legislatura o el tiempo previsto por la Constitución. El Poder legislativo y el Ejecutivo permanecen en funciones para atender a las necesidades de la vida política y social, aunque con sus competencias reducidas. El plazo de caducidad se cumple cuando unas nuevas elecciones configuran una renovación de las Cortes Generales que inviste al nuevo Presidente del Gobierno. En el caso del Consejo del Poder Judicial, nunca me cansaré de repetir hasta la saciedad que no desempeña funciones jurisdiccionales ni por tanto ostenta la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, por lo que esta potestad se mantiene incólume y se ejercita a diario por los jueces y magistrados. Nuestro sistema de renovación adolece de serias carencias que afortunadamente se pueden modificar con una nueva redacción de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Después de las últimas elecciones del 23J el Partido Popular se ha retirado a las trincheras y apoyado por una masa coral mediática que nunca había existido con tales proporciones en nuestra andadura democrática, no duda en bloquear la renovación del Consejo del Poder Judicial, consciente de las graves distorsiones que su empecinamiento puede ocasionar, especialmente en las funciones del Tribunal Supremo. En un sistema democrático las opiniones y decisiones de los partidos políticos se combaten dialécticamente y con argumentos racionales. En el colmo del delirio acaba de afirmar, después de la moción de censura democrática producida en el Ayuntamiento de Pamplona, que preside el único partido de Estado que queda en nuestra “maltrecha” democracia. Después de esta apocalíptica proclama, solo le queda recabar la ayuda de los cien mil hijos de San Luis. 

Por favor céntrese en lo cotidiano. Están a las puertas las elecciones en nuestra tierra gallega que le ha permitido adquirir la relevancia política que ahora disfruta, permanecen los negros nubarrones de las guerras de agresión en Ucrania y en Gaza y preocúpese de los desmanes que están poniendo en marcha los gobiernos de la Autonomías que preside su partido en alianza con Vox. Si hay que tomar alguna decisión en materia de política exterior ¿estará dispuesto a discutirla en el Parlamento o tendremos que llamar a un mediador? Si no dispone de otros argumentos que no pasen por deslegitimar al Gobierno, sostenido por la mayoría parlamentaria, me temo que se está incapacitando para garantizar la estabilidad democrática de nuestro país. Si sigue manteniendo que Pedro Sanchez es el compendio de todos los males sin mezcla de bien alguno, hará el ridículo ante los organismos internaciones en los que viene actuado desde hace unos años.   

Los Reglamentos de las Cortes Generales no permiten que una persona ajena a las mismas se interfiera en una negociación para conformar un acuerdo sobre la elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial en el que deben participar  los componentes, sin exclusión, de todos los Grupos parlamentarios a los que se deja fuera de la mediación para centrarla exclusivamente en los dos partidos mayoritarios el PP y el PSOE, mientras los demás contemplan como invitados de piedra esta insólita y antirreglamentaria irrupción de un Comisario europeo en una materia que corresponde exclusivamente al ámbito parlamentario. Es lógico y comprensible que el Comisario Europeo de Justicia muestre su preocupación por la imposibilidad de renovar el Consejo del Poder Judicial cuyos vocales han prorrogado sus funciones por un tiempo que dobla al previsto en la ley y así continuará si no se toman medidas legislativas que corrijan el actual sistema.  

El tiempo nos ha hecho olvidar que desde 2018 existe una relación de jueces y magistrados elegidos por sus pares. Las Cámaras, que recibieron en ese momento las listas, han incumplido sus obligaciones reglamentarias que les imponen la convocatoria de un Pleno para la votación de los nominados. Algunos de estos, cansados de esperar, acudieron al Tribunal Europeo de Derecho Humanos alegando que, ante la anómala demora, se les había privado de su derecho a acceder a cargos públicos y a la tutela judicial efectiva. El Tribunal, en sentencia de junio de 2023, les da la razón, pero advierte que no puede intervenir en un asunto interno.

Permanezcamos atentos a los futuros acontecimiento para comprobar si realmente somos una democracia consolidada. Señor Reynders, no se tome a mal que le considere impertinente. No es nada personal, solo quiero decir que su mediación no es pertinente.