Cada vez que se plantea un cambio legislativo en educación, se agita socialmente la bandera de la oposición frontal, la crispación, la hipercrítica y la falsedad sobre determinados temas, divergencias, que en 40 años de consenso alcanzado en el artículo 27 de Constitución, no se han conseguido resolver.
En primer lugar, hemos de recordar que la LOMCE fue un fracaso antes de nacer. No puede prosperar una ley que nunca contó con el apoyo de expertos, profesionales, estudiantes, ni familias. El PP estuvo solo, con un único apoyo político, el suyo. ¿Cómo pueden argumentar ahora que este proyecto de ley nace sin consenso, cuando hay un acuerdo firmado por los grupos parlamentarios, salvo ellos, para derogar la LOMCE, cuando la comunidad educativa salió a la calle en múltiples ocasiones para pedir su paralización y derogación?
Sorprende también la crítica de los Consejeros de educación del PP -y debería sonrojarles- a la falta de participación de las Comunidades autónomas. Sin embargo, la reforma ha sido abordada en Comisión General y Conferencia Sectorial, y todas las CCAA han realizado aportaciones, excepto las del PP, más interesadas en titulares y falsedades que en hacer los deberes y aportar con propuestas constructivas a la mejora de la educación.
En tercer lugar, a este proyecto de ley se le atribuye rebajar el nivel educativo. Sin embargo, son muchas y poderosas las razones que avalaban y avalan una oposición generalizada a la LOMCE y a sus itinerarios segregadores. Hoy, tristemente se pueden ver sus efectos perniciosos. Frente a ellos, esta ley recupera un sistema educativo comprensivo -avalado por informes internacionales-, puesto que una titulación única permite la extensión de las tasas de titulación y de escolarización en niveles post obligatorios, por tanto mayores posibilidades de ampliar cualificaciones para nuestros jóvenes.
La cuarta falsedad, fácilmente desmontable, es que esta ley va incrementar el fracaso escolar y el abandono escolar que había logrado reducir la LOMCE, un mantra que se basa en las nuevas condiciones introducidas para la repetición de curso. La evidencia estadística indica que con la LOMCE se ha incrementado en casi 4 puntos la tasa de fracaso escolar y se ha alcanzado una tasa de repetición del 37%, 16 % en educación primaria. Ante estos datos, es evidente que nuestro sistema educativo no se puede permitir ese porcentaje de repetidores, alumnos que se alejan de la educación, que se desmotivan y que, en un porcentaje elevado, acaban abandonando sus estudios.
Hemos de reconocer la dificultad para resolver tensiones cuando determinados sectores políticos alimentan la crispación con una defensa de privilegios falsamente atribuidos por la Constitución española. Aquí nos encontremos con el quinto mantra, el falso ataque a la libertad de enseñanza, pero la libertad de enseñanza no está, ni tiene porqué estar asociada a la “demanda social”. La Constitución recogió el derecho a la libertad de enseñanza pero también señala que “son los poderes públicos los que deben garantizar el derecho a la educación mediante una programación general”, que incluye la potestad para crear centros. Por tanto, un concierto educativo no depende de la demanda concreta de una parte, sino de la planificación de los recursos públicos. La ley que deroga la LOMCE no ataca la libertad de enseñanza, como algún sector interesado se obstina en repetir, sino que pone límite a ciertos excesos introducidos en la LOMCE y que han roto el equilibrio que debe existir entre la educación pública y la concertada. La nueva ley refuerza y restituye el derecho a la educación seriamente debilitado por la LOMCE.
La sexta falsedad difundida es que esta ley elimina el derecho a recibir enseñanza religiosa. La asignatura de religión no desaparece del currículo, pero sí su valor académico para el expediente del alumno como era la norma antes de la LOMCE. Sin embargo, se recupera el derecho y la obligación de todos los alumnos a cursar una formación en principios democráticos de convivencia, en derechos y libertades fundamentales como recoge la Constitución Española y que la LOMCE restringió al obligar a elegir entre educación en valores o religión.
En séptimo falso argumento lanzado al debate educativo es que la nueva ley anula el papel de los padres en la educación de sus hijos. Precisamente, esta reforma fortalece la participación efectiva de la comunidad educativa, y esto incluye a los padres y madres, que volverán a tener su papel en los consejos escolares, órganos de participación educativa que la LOMCE convirtió en órganos meramente consultivos, y que pasarán nuevamente a recuperar su papel decisorio junto con el modelo de educación democrática, básica en nuestra sociedad.
Pero también hemos de recordar que, además de los derechos de los padres, existen los derechos de la infancia, que nunca deben ser olvidados. La reforma legislativa recoge la obligación del Estado de asegurarlos, reconociendo el interés superior del niño, su derecho a la educación, tal y como establece la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989.
Nada más lejos de la verdad que el octavo argumento alimentado por ciertos sectores disruptivos: “Se rompe la homogeneidad del currículo, los contenidos escolares cambiarán hasta un 45% en función de la comunidad autónoma”. Muy al contrario, la futura ley simplifica el lío de asignaturas de la LOMCE para tranquilidad de alumnos, profesores (se evita la referencia a los estándares de aprendizaje) y familias y se rompe con la jerarquía de materias (troncales, específicas y de libre configuración autonómica), que ha permitido que hoy en día los alumnos puedan promocionar y llegar a 3º de ESO hasta con 8 materias suspensas, pero que al llegar a 4º, todas las materias cuentan. Será esta nueva ley la que restablecerá una mayor homogeneidad en el currículo. La LOMCE rompió el equilibrio establecido en las leyes anteriores que atribuían a la Administración central un 55% de las competencias curriculares en el caso de las Comunidades Autónomas con lengua cooficial, y un 65% en el resto.
El noveno y falso argumento que se repite es que el castellano está “en peligro”. La reforma de ley recoge con absoluta garantía que los alumnos y alumnas reciban las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. La ley recoge el espíritu del artículo 3 de la Constitución y obliga a que al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán comprender y expresarse, de forma oral y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente.
Finalmente, esta ley no es una vuelta al pasado. Esta ley cumple con el objetivo de derogar la LOMCE, compromiso adquirido por el Partido Socialista. Pero es evidente que un cambio legislativo no puede basarse en retornar al pasado, sino que debe actualizar normativa y poner las bases para mirar hacia el futuro, construyendo entre todos y todas la educación que queremos y necesitamos en España para el siglo XXI, y eso es precisamente en lo que también consiste esta nueva ley.