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Un país sin impuestos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados, donde se vota la convalidación del decreto ley que implanta medidas para abaratar el recibo del gas y la prórroga de las deducciones que se aplican en el IRPF.

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Han vuelto los impuestos a protagonizar el debate político, si es que alguna vez dejaron de hacerlo, con la eterna discusión de si estos deben bajar o subir, especialmente en períodos de crisis económicas. Nada que objetar a las distintas y lícitas propuestas de bajadas y subidas de impuestos, siempre y cuando se explique con detalle (¡y números!) a qué sujetos y partidas de gasto público afectarán. No debemos olvidar que los presupuestos públicos están obligados a buscar la estabilidad entre los ingresos y los gastos, de modo que cualquier variación de los primeros tiene un impacto directo en los segundos. 

Si algo nos ha enseñado la pandemia es que es mucho mejor contar con servicios públicos preparados para hacer frente a problemas y situaciones que pueden afectar al conjunto de los ciudadanos, sin importar dónde residen o cuál es su capacidad económica. Pero la gestión y prestación de los servicios públicos precisan de recursos suficientes y, hoy por hoy, la mayor parte de los mismos proceden de los impuestos y de la deuda pública.

Ahora bien, sin fuentes de ingresos alternativas, no podemos aspirar a pagar los mismos impuestos que en Andorra y a la vez disfrutar de los servicios públicos que tienen en Finlandia o Dinamarca. Sin duda, nuestro estado de bienestar pasa necesariamente por sufragar servicios públicos adecuados acorde con la riqueza de nuestro país en términos de Producto Interior Bruto. 

Pero los ingresos y gastos públicos no solo sirven para tener y mantener los servicios públicos, también permiten redistribuir la riqueza, especialmente mediante la progresividad de los impuestos (quién más tiene más contribuye) y la concesión de ayudas directas a determinados colectivos (para reducir las brechas sociales). De modo que la política fiscal formaría parte indisociable de la política social que realizan los gobiernos.

Asimismo, y más allá de las bajadas y subidas de impuestos, también sería necesario, en el apartado de los ingresos, poner el foco (¡y recursos!) en perseguir a aquellos que cometen fraude fiscal y operan con total impunidad en la economía sumergida. Mientras que, en el apartado de los gastos, resulta imprescindible terminar con la corrupción y mejorar la eficiencia del gasto público y, sobre todo, evaluar de una vez por todas el impacto de las políticas públicas (asignatura pendiente en España). Sin un sistema tributario justo no es posible construir una sociedad sin conflictos ni desigualdades.

En este debate, querer sustentar las propuestas de rebajas fiscales con el argumento de que es mejor que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos que en el de los de Hacienda, nos llevaría, de ser cierto, a la conclusión de que lo mejor sería que no existiera ningún impuesto y que cada individuo pudiera destinar todas sus rentas como mejor le parezca. Demasiadas guerras y revoluciones ha sufrido la humanidad como para volver a plantear una sociedad basada en las desigualdades sociales de la ley del más fuerte (o del que más tiene) y del sálvese quien pueda (en una suerte de individualismo extremo).  

Tampoco la posición contraria, la de dejar todo en manos del Estado, sería la mejor opción, de lo cual también tenemos suficientes evidencias en la reciente historia de Europa. No parece que las recetas del neoliberalismo o del neocomunismo sean la mejor solución para el actual escenario, y mucho menos si estos son autoritarios.

En el ámbito tributario es necesario encontrar puntos de equilibrio y llegar a consensos para que todo el mundo contribuya al gasto público teniendo en cuenta su verdadera capacidad económica, ni más ni menos, y para que el Estado social y de derecho que proclama la Constitución no sean palabras irrealizables. Necesitamos un sistema tributario que garantice todo eso y, puestos a pedir, con suficiente seguridad jurídica para no tener que acudir continuamente a los tribunales. En esto tendrían que andar nuestros políticos, en lugar de seguir con el griterío y desencuentro permanente al que ya nos tienen acostumbrados.

Alguien dijo que no hay que terminar con los ricos, sino terminar con los pobres. Yo me conformaría con terminar con la corrupción y el fraude fiscal y, por supuesto, con la continua bronca política sin contenido que se ha apoderado del discurso público. Entre un país sin impuestos y otro libre de corrupción, fraude y propuestas vacías, sin duda me quedo con el segundo.

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