Por una fiscalidad justa, progresiva y suficiente

Ha finalizado la campaña anual de la declaración del IRPF. Y se ha conocido la reforma fiscal del Partido Popular. Como se temía, esa reforma perpetrada por el Gobierno ha sido en beneficio de quienes más ingresan y tienen. Y en perjuicio de la mayoría de la ciudadanía, entre otras razones, porque el nuevo IRPF recaudará menos por el ahorro descarado de quienes más ingresan y poseen.

El sindicato de técnicos de hacienda (GESTHA) lo ha denunciado. Es una reforma fiscal regresiva, porque se reducen de siete a cinco los tramos del IRPF y porque los beneficiados por la reforma son apenas unos 73.000 contribuyentes: quienes ganan más de 150.000 euros anuales. Incumple, por tanto, el claro mandato constitucional de progresividad de los impuestos, como ordena el artículo 35 de la Constitución española: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”.

Además, en el país europeo con más paro juvenil, el Gobierno del Partido Popular elimina la deducción por alquiler de vivienda del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF). Deducción que afecta sobre todo a los jóvenes que quieren y necesitan emanciparse. Y además establece que se pague impuesto por las indemnizaciones por despido superiores a 2.000 euros por año trabajado. Ese gravamen afecta a los despidos después del 8 de julio de 2012 en los que el empresario reconoce que es improcedente. Y desde tal fecha ha habido miles y miles de despedidos; muchos trabajadores y trabajadoras han perdido su empleo. Y pagarán un impuesto que reducirá la indemnización cobrada.

La reforma fiscal del partido Popular es un cúmulo de injusticia que promueve la desigualdad. El sindicato de técnicos de Hacienda GESTHA ha denunciado que “las clases medias serán las que paguen la rebaja fiscal a las grandes fortunas”. Pues esa es la nota sobresaliente de esta reforma: que los ricos paguen menos.

GESTHA calcula, por ejemplo, que las rentas anuales de 90.000 euros ahorrarán 2.200 euros en el impuesto de la renta. Cuanto se ha favorecido año tras año a quienes más ingresan y más atesoran lo demuestra que el tipo impositivo máximo era el 60% en los años ochenta y antes había llegado a ser superior al 70%. Por contra, el tipo máximo del IRPF actual es del 52% y, con esta reforma fiscal, en dos años se rebajará al 45%. Un considerable ahorro para quienes ganen 100.000 euros anuales o más.

Pero los más de once millones de trabajadores y pensionistas que ganan menos de 11.200 euros anuales no tienen beneficio que merezca tal nombre con esta reforma fiscal. Por cierto, en España el umbral de pobreza de un hogar con dos personas es de 11.300 euros anuales, lo que significa millones de pobres. Pero la reforma fiscal del Gobierno no los ha tenido en cuenta, no los beneficia en absoluto. Y GHESTA ha denunciado que los casi nueve millones de trabajadores y trabajadoras que cobran de 12.450 a 33.000 euros anuales serán quienes paguen la rebaja fiscal de las grandes fortunas, pues sus tipos impositivos aumentan de un cuarto de punto a un punto.

Por otra parte, se rebaja el impuesto de sociedades del 30% actual al 25%, porque eliminan parte de las deducciones de ese impuesto. Sin embargo mantienen las más cuantiosas: por reinvertir beneficios, por invertir en I+D+i, por gastos financieros...

Más o menos todo seguirá igual y, además, la realidad fiscal es que 28 empresas del Ibex 35 tuvieron en 2013 beneficios brutos conjuntos de 13.100 millones de euros. Pero sólo pagaron 800 millones de impuestos entre todas. Solo un 6% sobre los beneficios, muy lejos del teórico 30% (o del 25% actual) del Impuesto de Sociedades.

En este sistema fiscal, el impuesto de sociedades es un espejismo antes y después de la reforma del Partido Popular, porque las grandes empresas pagan muy poco. Mucho menos que las medianas y pequeñas y menos que las familias. Según datos de la Agencia Tributaria, las familias aportaron un 91,52% de la recaudación de 2011 (último año del que hay datos desagregados), mientras las grandes empresas sólo contribuyeron con un 1,98% a la recaudación total del Estado.

Además, esas grandes empresas recurren a la ingeniería financiera y la llamada contabilidad imaginativa y aprovechan los resquicios fiscales que les brindan los complacientes gobiernos. Más la evasión y elusión fiscales. Eludir es evitar una obligación con astucia, en el límite de la legalidad. Para perpetrar todo ello, 33 de las 35 empresas del Ibex tienen delegaciones, filiales o empresas pantalla en paraísos fiscales; esos depósitos oscuros de billones de euros y dólares ocultos a las Haciendas y al mundo. Desde 2010, las empresas del Ibex han aumentado su presencia en paraísos fiscales un 8%, según informe de Responsabilidad Social Corporativa. Y esas empresas eluden impuestos a placer al trasladar los domicilios fiscales a países de manga ancha normativa y blanda exigencia fiscal, como Irlanda, Luxemburgo...

Al analizar la reforma fiscal no hay que olvidar que las grandes fortunas tributan el 1% por sus enormes depósitos en las Sociedades de Inversión de Capital Variable, las Sicav, y que nada se ha hecho para corregir tamaña injusticia fiscal. También las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimi) tienen un régimen fiscal especial, que las beneficia y pagan menos impuestos, tributando solo 19% de Impuesto de Sociedades entre otras ventajas...

Y, además, el nuevo IRPF mantiene la injusta dualidad actual entre las rentas del trabajo y las del ahorro y reduce aún más los impuestos por beneficios del capital, lo que también favorece a quienes tienen mayores ingresos. Los beneficios de capital en depósitos pagan según tres tramos: 21% de las ganancias hasta 6.000 euros, 24% de 6.001 a 24.000 euros y 27% a partir de más de 24.000 euros de beneficio. Unos tipos impositivos muy alejados de los que gravan los ingresos por el trabajo, aun no siendo progresivos que no lo son.

Si a lo expuesto añadimos que, según denuncia GESTHA, hay 50.000 millones de euros que la Agencia Tributaria no ha recaudado aún por pura ineficacia en la lucha de Hacienda contra el fraude fiscal y por la falta de técnicos e inspectores suficientes, cabe concluir que una fiscalidad justa y suficiente no es un objetivo prioritario de este Gobierno. Probablemente, todo lo contrario.

Beneficiando a los ricos, en dos años se recaudarán 7.600 millones de euros menos. ¿Quién pagará ese déficit fiscal? La mayoría ciudadana, pues el Gobierno ya ha dicho que recortará 4.200 millones de euros en 2015 y ya sabemos por experiencia a quien afectan los recortes

Es esclarecedor que esta reforma entre en vigor en 2015, que es año electoral. Elecciones municipales y autonómicas en primavera y generales a finales de otoño. ¿Cómo considerar una medida electoralista una reforma fiscal que favorece a los ricos? Porque es un señuelo. ¿Recuerdan cómo funciona un señuelo? El cazador hace sonar algún tipo de instrumento que emite un sonido como el propio de determinada ave, por ejemplo. Un ejemplar de esa especie acude al reclamo, convencido de que se encontrará con un compañero. Pero no es así: solo hay un cazador tramposo y el ave paga caro su error.

De igual modo, el Gobierno ha ocultado la letra pequeña de la reforma fiscal y ha actuado de modo que unos pocos millones de contribuyentes, que son gente común, recuperen unos escasos cientos de euros. Por ejemplo, según GESTHA, quienes ganan 20.000 euros anuales ahorrarán unos ciento cincuenta euros. Es difícil aceptar que tan reducido ahorro relance el consumo y, por tanto, contribuya a reanudar la actividad económica. Pero a la élite económica, a las grandes fortunas, a la banca y a las grandes empresas sí les sale barato lo urdido en la reforma fiscal.

La exigencia de un sistema de impuestos progresivos nació con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el marco de la Revolución Francesa. Y en esa declaración se estableció como necesaria la contribución de la ciudadanía para sostener la fuerza pública y afrontar los gastos de administración y gobierno; contribución que debe ser distribuida equitativamente según su capacidad entre los integrantes de esa ciudadanía. En realidad, la fiscalidad, el sistema de impuestos, es la base de la democracia que inició en Europa la Revolución Francesa: repartir equitativamente los gastos públicos con control de la gestión de los recursos recaudados.

Con todo lo expuesto, la reforma fiscal del Partido Popular ha de ser calificada de regresiva, injusta e insuficiente. Y la ciudadanía necesita todo lo contrario: una fiscalidad justa, progresiva y suficiente. Una fiscalidad según justicia y razón. Que tenga en cuenta los ingresos y riqueza de cada cual. Y que sea suficiente, es decir, invirtiendo la imposición actual de gastar según lo recaudado, sustituida por el principio republicano de recaudar para atender las necesidades de la ciudadanía y la satisfacción de sus derechos.

En la historia ha habido revueltas populares y revoluciones contra impuestos injustos y abusivos forzados por la aristocracia, la monarquía u otro poder. Así fue en la guerra de independencia de Estados Unidos, que se inició al crear el Imperio británico nuevos impuestos y aumentar algunos existentes. Hoy, en España y en Europa, la lucha por una fiscalidad justa, progresiva y suficiente es la lucha misma por una democracia de verdad, por una auténtica soberanía ciudadana.