¡Que vienen los jueces! (otra vez)

Éramos pocos y parió la abuela

Adagio popular

¡Toc, toc! Que ya sabemos que estáis de vacaciones pero que necesitamos que nos digáis pero ya si estáis dispuestos a ir a la huelga. ¡Feliz descanso! Ese es de corrido el resumen del mensaje que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la más conservadora de la carrera judicial ha enviado a sus asociados. No está sola. El resto de las asociaciones judiciales también lo contempla, aunque la única que lo hace como ultima ratio es Jueces para la Democracia (JpD). Las demás se manifiestan estos días, al menos sus líderes, muy por la labor.

Una huelga de jueces, sí, eso plantean. Sí, justo ahora que acaba de terminar la de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ)/secretarios judiciales y que hay un trabajo de espanto, que afecta a derechos de la ciudadanía, por recuperar. Sí, justo ahora que los funcionarios van a hacer paros para reclamar más pasta como han conseguido los LAJ. Y eso es lo que quieren sobre todo las asociaciones judiciales para los jueces, más pasta. Una no quiere ni meter nada más en la lista de reivindicaciones —Foro Judicial Independiente— y otra pretende, no sé si por disimular, incluir todo el desastre y el cúmulo de problemas que les aquejan en el paquete —JpD—. Pero lo de ir a la huelga, ese elefante que constituía un problema insalvable hace unos años, porque “los jueces no tienen derecho a huelga” —el CGPJ dixit—; porque los jueces no son funcionarios, sino que encarnan un poder del Estado —la propia APM dixit—, ya está totalmente superado al parecer. Los jueces asumen que van a la huelga como los LAJ, los funcionarios y el sunsuncorda. Se asumen como simples funcionarios de alta responsabilidad y cualificación, cuando les interesa, añado.

Es curioso que planteen las movilizaciones, la huelga y la subida salarial justo ahora que ha terminado la huelga de LAJ (¡odioso nombre, voto a bríos!) y en pleno año electoral, a semanas del inicio de una campaña. Todo a resultas de ese conflicto, sobre el que han callado, y que ahora consideran que ha marcado la vía porque estos han conseguido un 10% de incremento lineal: “Solo podemos pensar dos cosas: el Ministerio de Justicia nos mintió o el Gobierno solo entiende la huelga como lenguaje. Cualquiera de las dos opciones nos parecen nefastas”, dicen los conservadores. Lo que no dicen es que el Ministerio ha conseguido precisamente frenar la principal reivindicación de los LAJ y la que más perjudicaba a los jueces que era, precisamente, la cacareada cláusula de enganche al 85% del sueldo de la carrera judicial. Esa pretensión, que lógicamente no ha sido considerada, hacía peligrar cualquier subida del colectivo judicial puesto que arrastraba con él presupuestariamente el coste de subir inmediatamente también a los LAJ. Así que no veo por qué no se dan cuenta de que el Ministerio les ha beneficiado resistiendo.

La cuestión no es si la carrera judicial está puteada, que lo está. Les chocaba cuando hace ya varios años yo hablaba en una columna de la “chinificación” de los jueces pero a eso, a trabajar como en un taller clandestino de costura, han llegado hilvanando las sentencias como pueden. No se puede negar que los medios materiales y personales de que dispone la Justicia son una verdadera vergüenza, superior incluso a lo que sucede con la sanidad. La penosa situación, de la que son culpables dos administraciones —y todos los partidos— y el CGPJ, y la falta de presupuesto es tan obvia, tan evidente, tan sangrante, que nadie podría negarla.

La cuestión es si tiene sentido plantear una huelga “que debe ser indefinida”, según el documento interno de la APM, tras un conflicto laboral que ha sido devastador y en pleno año electoral. Me choca que sea la asociación más conservadora la que más alto llegue en el envite de salida, con un órdago que casi no deja lugar a nada más.

Basan su puñetazo en la mesa en que están “hartos de la sensación de ser ninguneados de forma permanente” y en la negativa del Ministerio a reunir la Mesa de Retribuciones —cuya convocatoria por ley debe realizarse cada 5 años— en la que se deben tratar las modificaciones salariales. Ahora parece que la mesa se va a convocar, así que a lo mejor se llevan una sorpresa. No obstante, la actitud refractaria a abrir esa mesa en la que se sienta Hacienda, que tiene que ver con la disponibilidad presupuestaria, les había llevado a interponer una demanda contra el Ministerio de Justicia cuya vista está señalada para mayo. ¡Fíjense qué curioso si al final no se produce tal vista porque los propios jueces están de huelga!

Luego está el problema de siempre, el de los servicios mínimos que el CGPJ se niega a fijar “porque los jueces no tienen derecho a huelga”. Suponemos que la asistencia a las juntas electorales lo sería. ¿No es cierto? Por si acaso, JpD ha creído conveniente recalcar en las reuniones que “se advierta previamente” a los huelguistas “de que se respeten los servicios mínimos como guardias, juicios de despido, cautelaras u otros” y todos han estado de acuerdo, supongo que porque sospechan que puede darse el sindiós de que cada posible juez huelguista considere servicio mínimo lo que le parezca.

Espero que no llegue la sangre al río ni las puñeteras togas a colgarse. No es el momento para que una reivindicación económica de un colectivo puteado, sí, pero aún privilegiado, ponga contra las cuerdas los derechos de la ciudadanía por unas monedas más. Tampoco es el momento de dar la impresión de que se utilizan cuestiones monetarias o malestares laborales para presionar al Gobierno y echarle un pulso que no dejaría de tener interpretación y efectos políticos. No, no parece lo mejor. No resultaría una huelga comprensible para una ciudadanía que, lo quieran ver o no, lo está pasando mayoritariamente infinitamente peor. 

En el Ministerio, sin embargo, parecen tranquilos. Me pregunto si será producto del sistema de nervios de acero del que hacen gala sus negociadores o porque saben algo, que yo ignoro, que les da cierta seguridad en que el movimiento será abortado antes siquiera de que llegue a mayores. A saber.

En todo caso, apoyando fervientemente que la Justicia y sus servidores dejen de ser la escombrera de la preocupación de los cargos públicos y los partidos políticos, ya les dejo dicho que no lo veo, que no es comprensible que tras unos vayan los otros y se les crucen en medio los que faltaban. No van a ser entendidos porque los problemas de servicio les son comunes a todos los funcionarios y cuerpos —aunque los planteen por separado— y porque las reivindicaciones salariales las tienen todos los ciudadanos que van cada día a la compran o a pagar la hipoteca.

Mejor lo arreglan de otro modo. Un poder del Estado —esa nota diferencial de la que tanta gala hacen— no puede ponerse en huelga indefinida. No puede tenerse todo en esta vida. Los jueces, tampoco.