El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha enviado una reclamación al Congreso de los Diputados en la que solicita una indemnización de 134.000 euros por la retirada de su escaño la legislatura pasada, según un escrito que ha adelantado El País y al que ha tenido acceso este diario. La Mesa de la Cámara Baja ha trasladado la petición al Consejo de Ministros al entender que es el órgano competente para decidir sobre este asunto.
El ahora dirigente de Drago Canarias ha formalizado esta reclamación un año después de que el Tribunal Constitucional le diera la razón y anulara la retirada de su escaño tras ser condenado por patear a un policía en 2014. La mayoría progresista del pleno amparó el año pasado por segunda vez en pocos días al exdiputado por Santa Cruz de Tenerife tras una primera sentencia que entendía que su condena del Tribunal Supremo había sido desproporcionada al haber mantenido los efectos de un castigo de 45 días de cárcel que, finalmente, fue sustituida por una multa.
El Supremo condenó en 2021 a Rodríguez a 45 días de cárcel por pegar una patada a un policía nacional en una manifestación en La Laguna en 2014. Su condena de cárcel fue sustituida por una multa, tal y como sucede por ley con todos los castigos inferiores a tres meses, pero además del dinero se mantuvo la inhabilitación para sufragio pasivo: la que impide presentarse a unas elecciones mientras dure la condena. En aquel momento, el Alto Tribunal y la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, intercambiaron una serie de cartas y consultas para definir el alcance de la sentencia. Batet decidió retirarle el escaño.
Rodríguez se basa en la sentencia del Tribunal Constitucional para esta reclamación de “responsabilidad patrimonial” contra lo que entiende como un “acto parlamentario no normativo”.
La Mesa deriva la cuestión al Consejo de Ministros tras “apreciar la concurrencia de una causa de inadmisión a trámite por falta de competencia de la Mesa del Congreso de los Diputados”, dice el órgano de gobierno de la Cámara Baja, que recuerda en sus conclusiones sobre la reclamación que según la doctrina del Tribunal Supremo es el Gobierno quien tiene que pronunciarse sobre un asunto como este.