Aplazan por tercera vez el juicio a los narcos liderados por guardias civiles

El juicio a una banda de narcotraficantes de Fuerteventura presuntamente liderada por cinco guardias civiles ha sido pospuesto definitivamente al 17 de septiembre, en el tercer y último aplazamiento de la vista oral de esta causa, tras haberlo solicitado hoy todas las defensas.

La Audiencia de Las Palmas había fijado para este lunes el comienzo de la vista oral después de haberla retrasado en dos ocasiones anteriores, pero ha decidido volver a aplazarla en vista de que los abogados de los trece supuestos integrantes de la organización criminal han protestado por no disponer aún de varios de los medios de prueba que se van a utilizar contra sus clientes, lo que podría vulnerar el derecho defensa.

Los letrados han advertido hoy al tribunal de que, pese a haberlo solicitado en distintas ocasiones, aún no han recibido copias de diferentes vídeos grabados por cámaras de vigilancia que consideran necesarios para sustentar sus estrategias de defensa, ya que primero les negaron esas imágenes aduciendo que se infringiría la Ley de Protección de Datos, pero luego se les concedieron el derecho a verlas, pero tarde (el pasado viernes).

Esa circunstancia ha determinado que la entrega efectiva de esos vídeos a las defensas no se hubiera producido todavía al comenzar la sesión de hoy, han expuesto.

Además, los abogados han planteado que también se vulnerarían los derechos de sus clientes a la defensa y a la tutela judicial efectiva si el juicio comenzaba hoy, lunes, debido a errores cometidos al entregarles las grabaciones de diferentes conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación del caso que presuntamente les incriminan.

En un primer momento, se les dijo que esas grabaciones estaban recopiladas en siete discos que se les dieron, pero que luego fueron sustituidos por otros quince que se les facilitaron más adelante y, además, anunciando que habían sido copiados el 31 de mayo, cuando en algunos figuraba que databan del 18 de mayo, según han subrayado.

Por todo ello, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha hecho una pausa para analizar sus peticiones y ha accedido finalmente a ellas, si bien advirtiendo de que este será “el último” aplazamiento de este juicio, en el que los acusados se enfrentan a penas de hasta 31 años y medio de cárcel.

La razón es que, según el Ministerio Fiscal, la banda es responsable de la introducción de una partida de 841 kilos de hachís, valorada en 1,23 millones de euros, que fue desembarcada en la madrugada del 20 al 21 de febrero de 2013, en la playa del Cotillo, en el norte de Fuerteventura.

Conforme al escrito de acusación de la fiscalía, la organización estaba presuntamente liderada por el guardia civil José Tomás C.M., considerado “cerebro” del grupo, con la ayuda del agente Yeray M.S., motivo por el que ambos se enfrentan a las condenas mayores que se solicitan en la causa, de 31 años y medio y 26 años de cárcel, respectivamente.

Ambos contaban también con la colaboración de otros tres miembros del instituto armado en Fuerteventura, Sergio V.R., David D.P. y Daniel Manuel T.D, por debajo de los cuales se situaban los otros ocho procesados, según la acusación pública, que pide para todos ellos penas que van de 20 a 25 años y medio de prisión.

El fiscal dedica la mayor parte de su escrito de cargos a los guardias civiles, no solo por la condición de dirigentes del grupo que les atribuye, sino porque también les achaca otros actos delictivos como falsear atestados oficiales, registrar propiedades y domicilios sin permiso judicial, amenazar a testigos y torturar a detenidos.

Este grupo criminal fue desmantelado en marzo de 2013 en la llamada “operación Botavara” por la propia Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas, que descubrió que funcionaba con una estructura “piramidal” y “fuertemente jerarquizada” y que sus miembros habían llegado a sentirse “muy seguros”, debido a su “prepotencia”.

De hecho, los detenidos se referían a sí mismos como el “Grupo 7”, en alusión a una película de Alberto Rodríguez estrenada un año antes (2012) y protagonizada por un colectivo de policías expeditivos y violentos.

El juicio contra ellos, que se había fijado inicialmente para el pasado 7 de mayo y se pospuso por falta de un letrado y un procesado al 4 de junio, cuando se volvió a aplazar para hoy al no comparecer uno de los trece acusados que fue puesto entonces en busca y captura, se demorará, en cualquier caso, hasta el 17 de septiembre, según ha anunciado la magistrada que preside la vista, Pilar Parejo.

Quien ha querido aclarar a las partes personadas en el proceso, “para que no haya ningún margen de duda, que no se va a volver a suspender” el comienzo del juicio, que, “para bien o para mal”, arrancará en la fecha referida sin que se admitan más aplazamientos.