La Audiencia Nacional se ha hartado de Fernando Presencia. El exjuez de Talavera de la Reina, condenado e inhabilitado en varias ocasiones por favorecer a amigos en procesos judiciales, presentó hace unos días una denuncia contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la fiscal general Dolores Delgado en el que acusaba a ambos de mover dinero en paraísos fiscales y formar parte de una organización criminal responsable de mil asesinatos en España. El magistrado no sólo ha rechazado esta querella: ha puesto el caso en manos de los jueces de su ciudad natal por si estuviera utilizando documentos falsificados para ajustar cuentas.
La historia de problemas de Fernando Presencia arranca en 2012, cuando fue sancionado y expulsado de Valencia por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde ejercía en un juzgado de lo mercantil. Se le obligó a trasladarse fuera de la ciudad por dar cursos de derecho mercantil sin la autorización obligatoria.
Empezó entonces su rosario de condenas firmes. La primera fue avalada por el Tribunal Supremo en mayo de 2017: una década de inhabilitación por prevaricar al favorecer a un amigo acusado de un atropello con fuga. La segunda fue avalada por la misma sala de lo penal un año y medio después: otra década más de inhabilitación por favorecer a un amigo que estaba siendo investigado por estafa en su juzgado. Posteriormente ha sido condenado a más de dos años de cárcel por denuncia falsa y calumnias contra Ángel de la Cruz, fiscal de Talavera de la Reina.
Presencia se ha dedicado desde entonces a ajustar cuentas con los que firmaron sus sanciones y condenas. Condenado dos veces por corrupción judicial, fundó la Asociación Contra la Corrupción y Defensa de la Acción Pública (ACODAP) con la que ha desplegado acciones legales e informaciones dudosas sobre los que le perjudicaron: desde Margarita Robles y Manuel Almenar, vocales del CGPJ que le sancionó en 2012, hasta Pablo Llarena, Luciano Varela y Manuel Marchena, jueces del Supremo que avalaron sus múltiples condenas.
Más recientemente, el exjuez - que se sigue presentando como decano de Talavera de la Reina - se ha aliado con Santiago Royuela y ha cargado sus denuncias y anuncios con el material del conocido como “Expediente Royuela”, miles de documentos llegados de la parte más conspirativa de YouTube. Un supuesto expediente que ubica al fiscal José María Mena como líder de una secreta organización criminal culpable de cientos de asesinatos en España y que se va actualizando. En la última actualización, que Presencia puso en manos de la Audiencia Nacional, José Luis Rodríguez Zapatero pagaba una fortuna a Dolores Delgado en un banco panameño para que se pusiera al frente de la organización.
El juez Joaquín Gadea, del juzgado 6 de la Audiencia Nacional, recibió la denuncia que, según Presencia, “tiene por objeto exigir que se investigue a fondo todo este enrevesado y comprometedor asunto”. Un prometedor asunto que se ha convertido en el rechazo de la denuncia y en una acusación contra él en los juzgados de Talavera. “No se aporta información ni de quién la ha presentado, ni de dónde han sido obtenidos los documentos aportados, ni, en definitiva, quién los ha elaborado, cuando, o a quién han sido remitidos”, empieza el juez.
Documentos falsificados
Después avanza su intención de poner el caso en manos de los juzgados de Talavera por si los papeles que está usando son falsificados. La Fiscalía habló de una “burda composición de unas cartas” y el juez añade que no puede descartar “la posibilidad de encontrarnos ante una documentación creada ”ex profeso“ para el hecho concreto que se denuncia, lo que no excluiría, desde la provisionalidad de este momento inicial, una ulterior actuación en orden a investigar el posible carácter espurio de las mismas”. Llama la atención, dice el juez, cómo Presencia presenta la denuncia intentando distanciarse de la “notitia criminis” para no tener que responder por ella.
Esto, según Gadea, evidencia “la poca solvencia de la misma, no solo de su carácter poco serio y creíble, sino de una intención que va más allá de lo admisible en un estado de derecho en el que, el sistema penal, está concebido como una garantía para evitar situaciones como la presente”. Y recuerda que Fernando Presencia y su asociación “no ha dejado de presentar diferentes escritos contra miembros del Gobierno, de la Judicatura y de otras Altas Instituciones del Estado sin mayor apoyo o base que ”presuntas denuncias“ que llegan a su correo; es decir, siempre amparadas en un anonimato que impide cualquier actuación seria, rigurosa y respetuosa con el estado de derecho, entendido este en un sentido amplio y garantista”.
Ahora serán los juzgados de su ciudad los que decidan si Fernando Presencia suma un nuevo proceso penal después de tres condenas, en este caso por basar sus denuncias en documentación falsificada. Una documentación falsificada cuya fuente no esconde: “(Nota importante. - La información junto con la documentación que se acompaña ha sido aportada al Buzón de Denuncias de ACODAP por el investigador Santiago Royuela Samit)”, dice la denuncia.