Ciudadanos ha ido sumando derrota tras derrota en las urnas tras las elecciones generales de noviembre de 2019 en las que pasó de los 57 diputados —que había conseguido unos meses antes, en abril— a quedarse con tan solo 10 en Congreso. El hundimiento forzó la salida de Albert Rivera y su relevo por Inés Arrimadas, que ahora mantiene una guerra fratricida con su portavoz parlamentario, Edmundo Bal, por el control del partido, que se dilucidará entre dos candidaturas enfrentadas en la Asamblea General extraordinaria fijada para mediados de mes.
Pero las caídas en los comicios, además, han supuesto un duro varapalo económico para el partido al que algunas encuestas llegaron a situar en la Moncloa en sus mejores momentos. En los últimos cuatro años, Ciudadanos ha dejado de recibir importantes ingresos en subvenciones institucionales, lo que le ha forzado a apretarse el cinturón, a realizar despidos de personal y a cerrar más de la mitad de las sedes provinciales que se habían ido inaugurando desde 2015, cuando el partido inició su andadura estatal logrando expandirse en un tiempo récord por toda España.
En los dos últimos años todo ha ido a peor. Ciudadanos ha perdido su representación en dos de las autonomías en las que antes gobernaba: Madrid y Andalucía. Y, en otras dos –Catalunya y Castilla y León–, su presencia ha pasado a ser casi testimonial. Todo ello ha repercutido en la situación económica del partido. En la actualidad, según confirman fuentes de la formación, no han tenido más remedio que cerrar al menos 28 sedes provinciales y no se descarta que tengan que clausurar más.
El presupuesto destinado a sostener esos locales pasó de algo más de los 1,5 millones que invirtieron en 2021 a menos de un millón (931.825 euros) en 2022, es decir, un 40,96% menos. No obstante, el partido mantiene abiertas aún algunas de las sedes de las principales capitales de provincias, entre ellas la de Madrid, un imponente edificio de 2.500 metros cuadrados y seis pisos situado en la calle Alcalá, junto a la plaza de Toros de las Ventas, cuyo alquiler le supone 35.000 euros mensuales. De momento, fuentes de la dirección aseguran que pueden aguantar el tirón y van a poder mantenerla hasta el final de la legislatura, ya que tienen pagado el alquiler a su propietario, la Aseguradora Caser, gracias al remanente que acumularon durante los años de vacas gordas. También insisten en que no tienen deudas con los bancos.
El batacazo en las autonómicas de Catalunya, en febrero de 2021, fue la primera gran derrota que sufrió el partido bajo el mandato de Arrimadas. Allí pasaron de 36 diputados a mantener solo seis y de ser la primera fuerza parlamentaria a quedarse casi en el furgón de cola del Parlament. Eso les obligó a trasladar la sede de Barcelona de la histórica calle Balmes a la Ronda de Sant Pau, en la zona del Eixample de la ciudad, algo más barata. Las sedes de L’Hospitalet de Llobregat, Tarragona y Lleida se cerraron y solo mantienen la nueva de Barcelona y la de Girona, que también peligra.
Precisamente estos dos últimos años bajo la batuta de la dirigente jerezana han sido especialmente dolorosos, los más duros. Después de Catalunya llegó el desastre de Madrid, donde desaparecieron de la Asamblea regional, lo que mermó considerablemente sus ingresos y les hizo clausurar también algunos locales en importantes municipios de la región, como los de Alcalá de Henares y San Sebastián de los Reyes.
La siguiente derrota la sufrieron en Castilla y León, donde solo conservan un procurador, Francisco Igea. Eso también ha desembocado el cierre de la sede de Salamanca. Se mantienen abiertas únicamente las de Valladolid y León. En Zamora, Burgos, Palencia –donde gobiernan en coalición con el PP–, Segovia y Soria no tenían sedes propiamente dichas.
El desastre de Andalucía y la espantada de Marín
El último desastre se centró en Andalucía. También desaparecieron del Parlamento, como les ocurrió en Madrid. Arrimadas, para su pesar, encima ha visto cómo el exlíder del partido en esa comunidad, Juan Marín, que juró y perjuró que se mantendría fiel a Ciudadanos, ha terminado en brazos del PP, al igual que algunos de sus consejeros del Gobierno de Juan Manuel Moreno. El descalabro orgánico ha sido allí tan brutal que de las ocho sedes provinciales que tenía el partido solo quedan dos abiertas: las de Sevilla y Cádiz. El resto han sido clausuradas, al igual que la de Jerez de la Frontera, una de las más emblemáticas al ser la tierra de Arrimadas y donde ha vivido Marín, que es de Sanlúcar de Barrameda, uno de los municipios en los que Ciudadanos cerró una coalición de gobierno con el PSOE. El acuerdo, sin embargo, terminó saltando por los aires después de que tres de los cinco concejales que tenía el partido dejaran la militancia pero no sus actas.
En Castilla La Mancha únicamente está abierta la de Albacete, donde comparten gobierno municipal con el PSOE. Las sedes de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara han sido clausuradas. En Extremadura solo permanece la de Mérida (Badajoz), a pesar de contar con siete diputados regionales. Pero el partido gobierna ahora el Ayuntamiento de la capital de provincia gracias al pacto de alternancia que cerró en 2019 con el PP. Entre las sedes que continúan abiertas están la de Santander, Oviedo, Gijón, La Rioja, Murcia –pese al fracaso de la moción de censura– y Pamplona. Recientemente ha cerrado la emblemática sede de Valencia, que junto a las de Castellón y Alicante –donde el partido se reúne ahora en un establecimiento de comida rápida– no han resistido la crisis del partido.
Aragón: el partido dividido y roto
Una que de momento aguanta es la de Zaragoza, donde Ciudadanos gobierna el ayuntamiento en coalición con el PP. Se han cerrado, en cambio, las sedes de las otras dos provincias aragonesas: Huesca y Teruel. Allí, a nivel autonómico, los de Arrimadas cuentan con 12 escaños, pero el grupo está enfrentado y roto.
La situación en el resto de España tampoco es muy halagüeña. En el País Vasco, a pesar de la alianza que cerraron con el PP para ir en listas conjuntas, la situación del partido es de debilidad absoluta tras pasarse uno de sus dos únicos diputados a las filas de la formación conservadora. Aunque de momento no se vislumbran allí elecciones, han decidido cerrar las sedes de San Sebastián y Vitoria, manteniendo abierta únicamente la de Bilbao.
En Galicia, donde tampoco toca ir en mayo a las urnas, no existe ya ninguna sede provincial dado que el partido carece de representación parlamentaria y no consigue levantar cabeza. Y, en las islas, el panorama tampoco es bueno: en Canarias, donde no han logrado remontar sus crisis internas, la única sede importante abierta es la de Tenerife. Y, en Baleares, la de Palma de Mallorca.
En el partido restan importancia a estos cierres y afirman que ahora los afiliados “reclaman que haya más actos con ellos en la calle” y si es necesario se utilizan las dependencias de los grupos municipales o autonómicos. Además, destacan que muchas reuniones se hacen de forma telemáticas facilitando así los encuentros entre miembros del partido y evitando desplazamientos“. ”Seguimos haciendo reuniones con afiliados en todas las provincias, como se está viendo durante el proceso de la refundación“, añaden las mismas fuentes.
La otra vertiente del declive sufrido por el partido es la caída en picado de su censo de afiliados, que también ayudaban a engordar las cuentas de la formación con sus cuotas mensuales (10 euros). Ciudadanos presumía de haber alcanzado en los años álgidos de la formación cerca de 34.000 afiliados. Luego, en 2019, rebajaron la cifra a unos 26.000 militantes. Y ahora no llegan ni a los 10.000. En 2022 el partido dejó de ingresar solo en cuotas de afiliados más de un millón de euros. Las cuentas sufrieron ese año un notable bajón en relación a las de 2021. En sus presupuestos para ese año, en total, Ciudadanos asumía una pérdida de casi tres millones de euros y un 27% menos de ingresos que el año anterior.