La coalición supera un año de choques sobre vivienda, pero aún necesita el apoyo de sus socios parlamentarios

“En ningún momento ha peligrado el Gobierno de coalición. Ha habido un proceso de diálogo, de acercamiento de posturas que se ha intensificado en los últimos días”. Las palabras del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, resumen el sentir en el seno del Ejecutivo tras haber alcanzado un acuerdo para los Presupuestos Generales de 2022 y la ley de vivienda tras semanas de duras conversaciones internas en las que ambas partes daban por hecho que habría un acuerdo mientras se tensionaba la recta final de la negociación. PSOE y Unidas Podemos respiran con alivio tras haber cerrado el que ha sido uno de los principales escollos que han tenido en su año y medio de vida.

Ya en la anterior negociación presupuestaria la regulación de los precios del alquiler fue uno de los temas que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tuvieron que desencallar. En esta ocasión, el presidente y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han dado el visto bueno definitivo a un texto trabajado en las últimas horas por Bolaños y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. El reto que tiene ahora por delante Moncloa es pasar de los 155 votos que tiene en este momento a la mayoría suficiente para sacar adelante las cuentas públicas. Los aliados parlamentarios han recibido por ahora con escepticismo el anuncio.  

El primer trámite será sortear las enmiendas a la totalidad y, a partir de ahí, el Gobierno se tendrá que fajar en la negociación de la letra pequeña en la que tienen que conjugar los intereses diversos de formaciones de izquierdas como ERC, EH Bildu o Más País con las de derechas, como el PNV, y las regionalistas, PRC o Teruel Existe. La crítica que hasta ahora la mayoría de esos grupos han hecho a Moncloa es un cierto carácter altivo al dar por hecho que tendrán los votos mientras que la mayoría de esos grupos advierten de que tienen mucho menos que perder que los socialistas.

“Vemos al PSOE demasiado tranquilo; quizá pensando que con una negociación relámpago lo van a solucionar y no es así. El voto de ERC se suda”, ha advertido el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, que también ha enviado un recado a Unidas Podemos: “Que celebre las concesiones que consigue tras presionar al PSOE está muy bien. Que lo haga sobreactuando como lo hace e ignorando a quienes le acompañan en esa presión, ya no tanto”. Más allá de la letra pequeña de la ley de vivienda, el diputado republicano ha advertido que su grupo tiene exigencias en materia de pensiones o universidades -este mismo martes registró una enmienda a la totalidad a la ley de Convivencia Universitaria-, a lo que incorporó recientemente la nueva ley audiovisual obligue a plataformas como Netflix a que el 7,5% de su producción esté en catalán, euskera o gallego.

Más País ha avisado de que tiene que esperar a los detalles de las cuentas públicas para ver “cuánto tienen de verde” o “cuánto de progresistas”. En la última negociación, el Gobierno tuvo que trufar los intereses medioambientales con los del PNV, que obligó a eliminar el impuesto al diésel. En el Ejecutivo reconocen que, aunque han tenido contactos con todos los grupos, ahora toca el momento de sentarse a negociar.

Por ahora quiere guardar la mayoría de detalles presupuestarios para la presentación que hará la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros extraordinario del jueves. Pero lo que enfatizan desde el Gobierno es que serán de nuevo unas cuentas expansivas, que acompañarán el crecimiento económico para “una recuperación justa”. Incorporarán 25.000 de los 70.000 millones de euros en transferencias previstos en los fondos europeos para el próximo lustro. “Se abre camino un nuevo país -ha apuntado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz-. Vamos a tener unos presupuestos expansivos, que van a generar empleo y crecimiento en nuestro país”.

Las negociaciones para los Presupuestos dentro de la coalición comenzaron a principios de septiembre, pero se han intensificado en las últimas semanas con la participación cruzada de Bolaños, Montero, la titular de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, por la parte socialista, y la de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la vicepresidenta segunda por el grupo confederal. La semana pasada el socio minoritario incrementó la presión al reconocer que había divergencias importantes en materia fiscal y en la ley de vivienda -que vinculaban con los Presupuestos frente al criterio de los socialistas. Belarra también quería incorporar una prestación por crianza que finalmente ha quedado fuera del acuerdo. Ya la semana pasada se desbloqueó la inclusión de un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades.

El lunes a las 8 de la mañana se reunieron los ministros Bolaños, Montero, Sánchez y Belarra para intentar cerrar los flecos de la ley de vivienda. Fue en ese encuentro en el que Unidas Podemos relajó sus exigencias al plantear que la obligación de bajar el precio de los alquileres se circunscribiera a los grandes tenedores. En el encuentro no se alcanzó un entendimiento y Bolaños y Belarra se cruzaron los últimos documentos entrada la noche y se citan en Moncloa de nuevo a las 8 de la mañana. En esa cita se “ha perfilado cuestiones técnicas”, según fuentes gubernamentales. Sánchez les ha convocado posteriormente para dar el acuerdo por cerrado en un encuentro al que se ha sumado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

A partir de ahí, cada parte ha vendido lo suyo. Unidas Podemos ha puesto el énfasis en las cuestiones relacionadas con la regulación del precio del alquiler que básicamente quedarán en manos de las comunidades autónomas. La norma servirá como paraguas para que se pueda obligar en las zonas tensionadas a las personas jurídicas con más de diez viviendas a bajar los precios conforme a un índice público y, en el caso de las personas físicas tendrán que congelar los precios -o solo subirlos conforme al IPC- y podrán acogerse a un “paquete muy potente de bonificaciones fiscales” si bajan los precios.

Para Sánchez también era importante cerrar este martes el acuerdo y presentarse en el Foro Urbano que se celebraba en Sevilla con un anuncio: un plan de vivienda joven que recogerán los presupuestos para que las personas entre 18 y 35 años con menos de 23.725 euros de ingresos tengan una ayuda de 250 euros mensuales los próximos dos años.

Podemos cuestiona el bono joven de Sánchez

Sin embargo, esa medida no estaba consensuada con Unidas Podemos, según ha explicado la ministra Ione Belarra en una entrevista en Hora 25 (Cadena SER) en la que ha asegurado que desconocía esa iniciativa. “Estudiaremos la medida y le trasladaremos al PSOE lo que consideremos. Me preocupa que las ayudas en el fondo sean una vía para que los arrendadores suban el precio y no solo no ayudemos a los jóvenes sino que, además, todo el mundo se vea perjudicado porque el conjunto de los alquileres del país puedan subir como consecuencia de esas ayudas”, ha afirmado la líder de Podemos, que ha concedido que el presidente “tiene completa autonomía” para hacer los anuncios que “considere oportuno”.

La derecha ya se ha lanzado en tromba contra el Gobierno al considerar que la ley de vivienda “es un ataque a la propiedad privada”. Pero tampoco los socios parlamentarios del Ejecutivo están exultantes y quieren esperar a los detalles. Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y otras formaciones registraron recientemente, con el apoyo de sindicatos y la PAH, en el Congreso una proposición de ley más ambiciosa de la que ha pactado el bipartito. “Unas buenas medidas para garantizar el derecho a la vivienda no pueden ser ”optativas“ para ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Me temo que en más de la mitad del país no se aplicarán”, ha advertido Íñigo Errejón.