La comisión que cobró el hermano de Isabel Díaz Ayuso por intervenir en la compraventa de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid en las primeras semanas de pandemia queda finalmente impune. La Fiscalía Europea ha decidido archivar su investigación al constatar que el millón y medio que pagó el gobierno regional a una empresa de un amigo de la presidenta no fue un precio inflado de manera irregular, después de que la Fiscalía Anticorrupción española llegase a la misma conclusión hace unos meses. Punto y final a un caso que no ha pasado por manos de los jueces y que hace un año desembocó en la caída de Pablo Casado como presidente del Partido Popular por denunciarlo.
Fue elDiario.es el que desveló el contrato que ambas fiscalías investigaron durante meses. Un total de 1,5 millones de euros que la Consejería de Sanidad adjudicó a dedo a la empresa Priviet Sportive SL a cambio de traer a España 250.000 mascarillas para uno de los pabellones de IFEMA en abril de 2020, durante las peores semanas de la pandemia. Detrás de esa empresa, sin relación con el sector sanitario, estaba un amigo de la infancia de la presidenta, Daniel Alcázar Barranco. Y detrás de ese contrato se escondía la comisión que cobró Tomás Díaz Ayuso.
Ese importe salió a la luz con el estallido de la guerra interna del Partido Popular. Pablo Casado, todavía presidente del partido, lanzó la acusación en forma de pregunta en los micrófonos de Carlos Herrera: “¿Cuando morían 700 personas al día puedes contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros?”. La pregunta sobre la posible corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, uno de los grandes activos electorales del PP, le costó el puesto a Casado tras una revolución interna que terminó con Alberto Núñez Feijóo en el poder.
La administración de Isabel Díaz Ayuso negó cualquier tipo de irregularidad y terminó reconociendo los números de la operación en la que participaron el hermano y el amigo de la infancia de la presidenta regional: un total de 283.000 euros en comisiones –que luego la Fiscalía dejó en 234.000– de los cuales 55.850 euros se correspondían directamente con el contrato, según la Comunidad de Madrid. La oposición llevó el caso por partida triple a Anticorrupción con varias sospechas: si Tomás Díaz Ayuso buscó una empresa pantalla para ejecutar una operación que él, como hermano de la presidenta, no podía ejecutar, o si la presencia de un familiar directo de Isabel Díaz Ayuso influyó en un proceso que se adjudicó sin publicidad.
La empresa con la que colaboraba el hermano de la presidenta regional pagó 540.000 euros por comprar las mascarillas a 'Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment' y traerlas hasta Madrid. Después cobró 1.512.500 euros de la Comunidad de Madrid, es decir, casi el triple de lo que habían costado. Tal y como explicó elDiario.es, el acuerdo de la administración regional con el amigo de los hermanos Díaz Ayuso fue uno de los más costosos de las grandes adquisiciones que se hicieron esos días en el mercado persa de las mascarillas durante las primeras semanas de pandemia.
La Fiscalía Anticorrupción asumió el caso y dictó su archivo en junio del año pasado, cerrando el paso a cualquier investigación judicial por un posible tráfico de influencias o un cohecho siempre difícil de probar: tiene que existir alguna irregularidad en la adjudicación y pruebas de que el comisionista participó en el amaño, además de constancia documental de la comisión y de un sobreprecio. Nada de esto, según los investigadores, ha quedado probado en el caso del hermano de la presidenta regional.
Isabel Díaz Ayuso, destacó la Fiscalía, “no ha intervenido en el procedimiento” y no benefició a su hermano. Nadie en Sanidad tenía relación familiar directa con Tomás Díaz Ayuso y él no era dueño o accionista de Priviet Sportive SL y, por tanto, no había causa de abstención para nadie. No hay pruebas de que él hiciera gestiones ante la administración madrileña y, además, tampoco hay pruebas de trato de favor: de hecho la empresa hizo varias ofertas más de mascarillas y la Comunidad de Madrid las rechazó “por considerar el precio excesivo y negarse a adelantar el pago de parte del precio”.
El precio no fue “desproporcionado”
El caso de la comisión de Tomás Díaz Ayuso supuso, además de un terremoto político sin precedentes en el PP, un enfrentamiento directo entre la Fiscalía española y la recién creada Fiscalía Europea, ya con Concepción Sabadell al frente. El Ministerio Público defendió que la investigación se quedara en Madrid mientras que el organismo comunitario abogaba por quedarse el caso ante el posible compromiso de fondos europeos en la operación bajo sospecha.
El resultado, casi un año después, también ha sido negativo. En una decisión cuyos detalles se han conocido a través de un comunicado, la Fiscalía Europea explica que tampoco han encontrado indicios de que la compra de mascarillas por casi el triple de su valor incluyera algún tipo de sobreprecio, tampoco para dar cabida a las comisiones del hermano de la presidenta regional. “no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa”, explica.
El comunicado, que desde la Comunidad consideran “demoledor” contra “los que vertieron insultos” contra la presidenta y su hermano, no da detalles de las pruebas que sustentan esas afirmaciones, pero explica que a lo largo del caso han tomado declaración a varias personas, han analizado la documentación que han aportado y han reclamado datos a la Agencia Tributaria, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) de la Comunidad y la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), encargada de certificar la calidad de las mascarillas. Existen también informes de la Guardia Civil y un peritaje.
La decisión de la Fiscalía Europea supone el carpetazo legal definitivo a este asunto. Un decreto de archivo de Anticorrupción y otro de la Fiscalía comunitaria hacen prácticamente inviable que pueda prosperar cualquier otro tipo de denuncia presentada directamente ante los tribunales. Los números de la operación quedan escritos en el decreto en el que los fiscales españoles dejaron por escrito que no había caso: Tomás Díaz Ayuso cobró, en total y en cuatro pagos, 234.103,52 euros, de los que 175.000 euros correspondían a su trabajo en todas las ofertas y 59.203,52 al éxito de la venta de mascarillas en una de ellas. Más de un 15% del total del contrato y del dinero que cobró la empresa de su amigo.
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