Las derechas agitan el bulo de los 20.000 millones de euros “del Ministerio de Igualdad” contra el Gobierno

“Que se destinen los más de 20.000 millones del Ministerio de Igualdad a ayudar a las familias”. La frase permitió a Isabel Díaz Ayuso atraer algunos focos durante la reciente Conferencia de Presidentes en la que el Gobierno y las Comunidades Autónomas abordaron las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. El protagonismo en el PP debía asumirlo el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, líder de facto del principal partido de la oposición en tanto que único candidato al congreso de abril. Pero la presidenta madrileña asumió el bulo lanzado por la ultraderecha de Vox y lo hizo propio. Dos días después, la dirección del PP, personificada en Cuca Gamarra, asumía el marco. “Estoy perfectamente de acuerdo”, dijo, preguntada por las palabras de Ayuso.

El problema es que esos 20.000 millones no son del Ministerio de Igualdad y, en buena parte, tienen como destino explícito el bolsillo de las familias. La ministra Irene Montero presentó el pasado 8 de marzo el “Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (2022-2025)”, un informe que aglutina en un único documento todas las políticas “feministas” programadas por el Gobierno para lo que resta de legislatura, y más allá.

Buena parte del dinero ya está presupuestado porque el informe incluye partidas como las prestaciones de maternidad, paternidad y lactancia. Salvo que la ley cambie, algo que no parece previsible, el Estado seguirá cubriendo a través de la Seguridad Social las bajas laborales para el cuidado de recién nacidos o niños adoptados. En la actualidad, por ejemplo, padres y madres disfrutan de 16 semanas intransferibles, además de 15 días para la atención al lactante.

Pese a que el plan es público, Ayuso insistió en el planteamiento: “Si hacen una encuesta y preguntan a cualquier mujer, creo que está perfectamente respaldado el hecho de que ayudemos a mujeres, a niñas, a niños, a todos, a salir adelante”.

La presidenta madrileña, que ha hecho de la “batalla cultural” contra las políticas progresistas uno de sus ejes de Gobierno, lo que le ha generado el apoyo incondicional de la derecha y ultraderecha mediática y económica, considera así que “ayudar a mujeres, niñas y niños” no es compatible con las prestaciones que cobran las mujeres con embarazos de riesgo, o para el cuidado de hijos e hijas con cáncer, o las bonificaciones a la contratación para el fomento del empleo, entre otras. Tras lograr echar a Pablo Casado del PP por poner en duda el contrato de su Gobierno por el que su hermano recibió pagos de una empresa, la presidenta regional dijo ante la dirección del partido: “Negar que quien hoy vota a Vox o en menor medida a Ciudadanos era nuestro votante, es estar completamente ciego y alejado de la realidad”.

Quizá por eso Ayuso ni siquiera fue original en su planteamiento. El miércoles 9 de marzo, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ya había recogido el plan presentado por el Gobierno para convertirlo en un bulo arrojadizo contra el movimiento feminista. “El Gobierno ha anunciado que va a extraer de los españoles 20.000 millones de euros para impulsar políticas feministas de forma transversal. 450 euros por cada español. Una familia de cuatro son 1.800 euros. Para políticas que satisfagan a la señora [Irene] Montero. Esto no es de recibo. Mi grupo estará en contra de todas las barbaridades que surjan con la excusa del 8 de marzo. Es realmente insultante a los españoles”, dijo en una comparecencia en la sala de prensa del Congreso.

Ese mismo miércoles, en la sesión de control, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz también arremetió contra el “sablazo de precisión” que atribuyó erróneamente a una inversión “en el Ministerio de Irene Montero”.

Feijóo y Gamarra compran el bulo

Hasta el fin de semana, el PP había logrado esquivar el asunto. Fue Ayuso quien, con sus declaraciones del fin de semana en la isla de La Palma, resituó el discurso de su partido, que tiene en su haber el impulso del primer Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se hizo bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

El futuro presidente del PP, que será formalmente elegido el próximo 2 de abril en el congreso extraordinario de Sevilla, también sostuvo que “no es acertado” el plan presentado por el Gobierno y que no está destinado a cubrir la “necesidad número uno”, que es “llegar a fin de mes”.

Feijóo ha repetido desde el fin de semana esta idea en cada una de las muchas intervenciones que realiza dentro de su gira por toda España para presentarse como futuro líder del PP. Sin atender casi preguntas de los medios, el todavía presidente de la Xunta ha asegurado: “En un momento en que no podemos pagar el precio de la luz, las fábricas están cerrando, los barcos no pueden salir a faenar y los sectores agrarios no pueden pagar la factura del combustible”.

En su opinión, “es cuestión de prioridades”. Pero cuando Feijóo se quita el sombrero de opositor al Gobierno de coalición y presume de su amplia experiencia en la gestión (desde el Insalud hasta la Xunta), sí saca pecho, por ejemplo, de la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, o del cheque bebé que abona la administración gallega a las madres.

En los 20.000 millones del plan de Igualdad a cuatro años presentado por el Gobierno se incluye una partida destinada precisamente a “avanzar en la universalización del acceso a la educación infantil 0-3 años a través de la red pública incrementando su cobertura y la flexibilidad horaria”, con una mención expresa al “aumento de la oferta de plazas”.

Aunque el desglose no es sencillo, entre los preceptores de fondos de este plan están las propias comunidades autónomas, así como los ayuntamientos. Un ejemplo es el plan Corresponsables, cuyo objetivo es dotar de recursos a los municipios para que programen actividades que permitan la conciliación familiar. Es decir, que los tutores puedan terminar su jornada laboral mientras sus hijos están atendidos sin que tengan que sufragarlo de su propio bolsillo.

Este martes, en un desayuno informativo, la portavoz parlamentaria y máxima dirigente efectiva del PP en este momento de interinidad, Cuca Gamarra, ratificaba las palabras de Ayuso. “Estoy perfectamente de acuerdo”, dijo. “Ayuso impulsa ayudas directas a la familia. Tiene legitimidad en reclamar y pedir explicaciones de qué son esos 20.000 millones”, añadió. Inmediatamente, Gamarra asumió el bulo propagado por la presidenta de Madrid al reconocer que no es dinero “del ministerio de Irene Montero”. “Es muy fácil buscar un eslogan y hablar de 20.000 millones, y a la hora de la verdad son 500 millones”, dijo, como si hubiera sido el Gobierno el que había situado el montante total del Plan de Igualdad en el departamento de la dirigente de Podemos. “¿Para qué sirve ese ministerio? Podría desaparecer y no pasaría nada. Iríamos a mejor”, zanjó.

Por la tarde, fue Ayuso quien asumió el papel de ariete contra las políticas de igualdad y el Ministerio de Irene Montero. Antes que asumir su error, la presidenta madrileña insistió en minusvalorar el plan presentado la semana pasada por el Gobierno. “Hemos leído algunas ideas de este plan. Hay un punto que me sorprende profundamente, el que dice 'feminizar la pobreza' en lugar de acabar con ella. Feminizarla”. Pero, en realidad, el plan sí habla de “luchar contra la feminización de la pobreza”. La presidenta madrileña en 2021 ya impidió a la ministra asistir a una charla invitada por unas alumnas de un instituto público de la región por motivos ideológicos,

El PP ha hecho de la política de Estado el eje del nuevo rumbo que quiere tomar Alberto Núñez Feijóo al partido. El dirigente gallego ha tendido la mano al PSOE (no al Gobierno) para alcanzar pactos conjuntos, aunque de momento se han negado a admitir que se reabra la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En el desayuno informativo de este martes, Gamarra dijo: “No sé si podemos esperar pactos de Estado porque los pactos de Estado necesitan a dos que pacten”.

En toda la legislatura solo se ha alcanzado un acuerdo de Estado, el que ha blindado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Fuera del acuerdo quedó la ultraderecha, con quien el PP ha llegado a un acuerdo de gobierno de coalición en Castilla y León que cuenta con el beneplácito de la dirección, pese al terremoto político que ha provocado en Europa, donde el eurodiputado Esteban González Pons ha tenido que tirar de teléfono para intentar convencer a sus aliados de que el pacto se justifica en la pandemia, la crisis y la guerra.