Arancha Pons empezó en abril el trámite para renovar la tarjeta de familia numerosa, un carné que otorga beneficios a las familias como la suya, con más de tres hijos. Presentó los documentos en una oficina del registro de Valencia y le dieron un papel temporal para acreditar su situación mientras la renovación estaba en trámite. Pero la gestión tardó tanto que hasta tuvo que renovar ese documento provisional. Por ley, estos trámites no deberían demorarse más de 90 días, pero en ciudades de Andalucía, la Comunidad Valenciana o Canarias las asociaciones denuncian retrasos de siete, seis y cuatro meses, respectivamente.
“La ley está porque se ha reconocido que las familias que tenemos más hijos tenemos más gastos”, se queja Pons. La normativa, que se remonta a 1941 pero que ha sido actualizada en diferentes ocasiones, otorga subvenciones a familias formadas por dos progenitores y tres o más hijos, a las que tienen dos hijos si uno de ellos tiene una discapacidad mayor del 33%, o a dos hermanos huérfanos, por ejemplo. El carné que obtienen tiene validez hasta que el mayor cumple 21 años, o 26 si estudia.
Las tardanzas que denuncian familias y asociaciones afectan a quienes solicitan por primera vez el título y a quienes necesitan renovarlo. Para la Federación Española de Familias Numerosas, los retrasos son “inadmisibles” ya que se trata de “un simple trámite administrativo que se debería poder gestionar de manera inmediata”, aseguran fuentes de esa entidad.
“La demora tiene un efecto económico claro”, critican las mismas fuentes. Los retrasos pueden suponer un impacto mayor o menor en la economía de cada familia según el beneficio que estén perdiendo. Puede ser un descuento del 20% o 50% en un billete de Renfe o una deducción fiscal, que es de 1.200 o 2.400 euros dependiendo del caso.
Isabel Herrera, presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Canarias –comunidad donde los retrasos superan los tres meses en algunas zonas si el trámite se hace de forma presencial– afirma que las ayudas suponen un ahorro “importante” para estas familias. Sobre todo, porque “hay familias numerosas de todo tipo”, señala.
En España hay casi 700.000 familias numerosas, según datos del Ministerio de Sanidad. Más de la mitad no supera los 2.500 euros de ingresos mensuales, de acuerdo con cifras de la federación española, y cuatro de cada diez aseguran que llegan “justos” a fin de mes. “Es cierto que muchas familias vivimos en casas más grandes o tenemos coches más caros, pero no los compramos por lujo o postureo, sino por necesidad. Yo, personalmente, soy dueña de un hipotecón”, afirma Celia Chavero, presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana y madre de seis hijos.
Aunque algunos gastos que tienen las familias se reembolsan cuando finalmente se resuelve su expediente, los afectados reclaman que el trámite se agilice para evitar que se acumulen los gastos cotidianos. “Nosotros vivimos al día. Necesito que me descuenten al mes porque no llego”, asegura Blanca Civantos, presidenta de la Federación Andaluza de Familias Numerosas y madre de cinco hijos.
En Sevilla y Málaga, las demoras para obtener el carné alcanzan los seis meses, según explica Civantos. La presidenta de la federación andaluza hace hincapié en que los retrasos impactan más allá de la economía de cada hogar. Lamenta, por ejemplo, los inconvenientes de que las familias “pierdan” los descuentos para enviar a sus hijos a las guarderías mientras aguardan la tarjeta: “Muchas familias se plantean si no sería mejor que uno de los dos se quede en casa, y suele ser la mujer”.
Incremento en la demanda desde 2015
Las administraciones reconocen las tardanzas y lo atribuyen, en parte, al “incremento de demanda” tras la modificación de la legislación estatal que amplía los supuestos para acceder al título. Desde 2015, la ley lo extiende hasta que el menor de los hijos cumple los 21 años (o 26 si está estudiando) para evitar “discriminación” entre hermanos y garantizar que todos puedan disfrutar los mismos beneficios.
Entre 2015 y 2018, en Canarias las solicitudes crecieron un 37% y en Andalucía, un 15%. En la Comunidad Valenciana, en los últimos cuatro años, el aumento fue del 17%. “[Son] realidades más complejas que requieren de más tiempo de dedicación del personal”, justifican fuentes de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano. Las mismas fuentes aseguran que han aumentado la plantilla y que trabajan en “nuevas mejoras”.
En la Consejería de Salud y Familia de Andalucía también han incorporado temporalmente nuevos trabajadores, según afirman, para compensar el “insuficiente” personal “heredado” de la anterior administración socialista. Desde la consejería explican que además han elaborado un anteproyecto de decreto para “simplificar” el trámite y han puesto en marcha la presentación telemática del título.
Aun así, fuentes de la federación española insisten en que “el problema persiste”. Arancha Pons, que recibió finalmente su título renovado en noviembre, siente “coraje”: “Yo lo he hecho en plazo y me he esforzado por ir ahí”. Ahora, tendrá que pedir otro día en el trabajo para presentar el carné en cada una de las empresas e instituciones que le otorgan descuentos: “Es una barbaridad. Tengo que ir al metro, haz cola; a la EMT, haz cola. Un rollo, nos pasamos la vida haciendo cola”.
En estos últimos siete meses no ha tenido acceso a las bonificaciones que le corresponden por ley en el transporte, en el bono social de la luz, en el agua, en la universidad de sus hijas... Las mayores, de 19 y 21 años, tampoco han podido acceder a los descuentos que les corresponden en Pamplona y Madrid, donde estudian, porque el título provisional que obtuvieron mientras se gestionaba la renovación solo tiene efecto en la Comunidad Valenciana. Pons se pregunta qué pasará con el dinero que ha perdido estos meses: “Vas sumando, vas sumando. ¿Alguien me lo va a devolver?”.