- El Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre tenía un servicio secreto para espiar a rivales políticos, según reveló El País en enero de 2009
Enero de 2009. El País revela que el Gobierno madrileño tenía un servicio secreto para espiar a políticos. Se hicieron seguimientos a Alfredo Prada y Manuel Cobo, que eran los principales adversarios de Esperanza Aguirre en la batalla por liderar el PP tras la derrota electoral de Mariano Rajoy en 2008.
Aguirre, ante ciertos dirigentes del partido, una parte de las bases y algunos medios de comunicación, se situaba como la mejor heredera del espíritu de José María Aznar frente a Rajoy, recién derrotado. La presidenta madrileña también amagó con disputar el cargo al presidente del partido en el congreso de julio de ese año en Valencia.
Cobo, que era el número dos de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de la capital, aseguró que Aguirre no se presentaría finalmente porque no tenía apoyos. Esas declaraciones las hizo en abril de 2008. En esa misma fecha hay partes de seguimientos efectuados por los agentes de contravigilancia próximos al consejero Francisco Granados en los que apuntaron los movimientos de Cobo y los diputados Alfredo Prada y Carmen Rodríguez.
Octubre de 2009. Manuel Cobo dijo en El País, en relación a Esperanza Aguirre y su equipo, comandado por quien luego le sucedió en el cargo, Ignacio González: “Vinieron a por Pío [García Escudero, expresidente del PP de Madrid], y yo no hablé porque no era de Pío; vinieron a por la tele y yo no hablé porque no era de la tele; vinieron a por la Cámara y yo no hablé porque no era de la Cámara; vinieron a por Ifema y yo no hablé porque no era de Ifema; vinieron a por la Caja y yo no hablé porque no era de la Caja; vinieron a por Rajoy y yo no hablé porque no era de Rajoy; vinieron a por el PP y yo no hablé porque no era del PP... Vinieron a por España”.
Cobo, actual responsable de Política Local del PP, retrataba así cómo Aguirre se había ido haciendo con las instituciones públicas y semipúblicas vinculadas tanto al PP como al Gobierno regional desde que desembarcó en la Puerta del Sol en 2003. Madrid, todo lo que pasaba en Madrid, tenía mucho que ver con el PP madrileño, en el poder en la capital desde 1991 y en la Comunidad desde 1995; un PP presidido por Aguirre y cuyo secretario general era Ignacio González, quien sustituyó a Granados tras caer éste en desgracia en 2011.
El epicentro son Aguirre y su equipo, y la incógnita sin despejar diez años después es la que, de rebote, la hizo presidenta de la Comunidad, el tamayazo, cuya comisión de investigación parlamentaria fue presidida por el propio Granados. Igual que aún queda por saber cómo se montó aquella trama de espionaje.
Así la definía Cobo en aquella entrevista en El País: “Aunque intentaron encontrarme algo que me hiciera dependiente de ellos, a través de esa Gestapillo que montaron y espiándome como espiaban a Alfredo Prada. Pero estaban equivocados, porque aunque hubieran encontrado algo con que chantajearme, me hubiera dado igual, porque siempre diría lo mismo, a mí no me han gamoneado ni me van a gamonear nunca” [en referencia a Sergio Gamón, alto cargo del Gobierno de Aguirre que montó el supuesto aparato de espionaje político“.
Tuvieron que pasar ocho años, hasta noviembre de 2016, para que un Gobierno de la Comunidad de Madrid admitiera que existió espionaje político durante el mandato de Aguirre y que las vigilancias a sus enemigos internos del PP se hicieron utilizando fondos de la Administración. Así consta en el escrito que el letrado que representa a la Comunidad de Madrid remitió el pasado 28 de junio al juzgado número cinco de Madrid que instruye el caso y que fue revelado por la Cadena SER.
En aquel documento de siete páginas, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid daban por hecho que entre marzo y mayo de 2008 –cuando Aguirre presidía el Gobierno regional– “se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Administración Regional que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les competía con ocasión de sus cargos”. “Esas personas”, continúa el escrito del letrado de la Comunidad de Madrid, “desarrollaron la actividad anómala en el marco de la entonces Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid”.
La tesis del actual Gobierno de Madrid es que “los teléfonos móviles corporativos y los vehículos oficiales” que la Administración puso en manos de estos trabajadores públicos “no fueron aplicados lealmente y con ocasión de sus leales funciones por los acusados”.
Junto a los cargos de seguridad de Aguirre, el Ejecutivo de Cifuentes también acusó a tres guardias civiles y a otro funcionario público, que “cumplieron las órdenes dadas por su superior desvirtuando así el legítimo uso” de los teléfonos y vehículos de la Comunidad de Madrid.
Con este escrito, el caso entraba en su recta final, después de que la jueza que lo instruye, Carmen Valcárcel, intentase cerrarlo hasta en tres ocasiones y después también de que la Audiencia Provincial forzase la reapertura de la causa otras tantas veces.
La actitud del Gobierno de Cifuentes ante el juzgado choca con lo que han hecho con este caso sus antecesores en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre e Ignacio González. Ambos han intentado enterrar el escándalo, e incluso el anterior grupo del PP en la Asamblea de Madrid impuso su tesis en una comisión de investigación presidida por Francisco Granados y concluyó que el espionaje no existió. No hace tanto la propia Aguirre negaba a preguntas del director de eldiario.es, Ignacio Escolar, en el programa La Sexta Noche que se hubiesen producido esos seguimientos.
“Es una falsedad como un pino. Si ha sucedido, ni yo lo he conocido ni yo lo he aprobado y el que dice lo contrario, miente. Nadie ha dicho que hayan existido esos espías”, alegó Aguirre en el programa televisivo.
Preguntada sobre si Gamón, que se encargó de su escolta cuando era ministra del Gobierno de Aznar y fue fichado posteriormente durante su mandato como director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, era una persona de su confianza, Aguirre admitió que había trabajado para ella pero volvió a despejar la cuestión: “Desconozco que este señor haya tenido que ver en esto, en las cosas que están sub iudice me gustaría que hablasen los jueces”.