El Gobierno da por hechos los Presupuestos mientras los socios exigen un giro a la izquierda

Una vez sorteadas las enmiendas de rechazo de los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ve el camino libre para su aprobación definitiva en las Cortes a finales de diciembre. Moncloa da por hecho que las cuentas públicas para 2022 verán la luz al menos con el apoyo de los aliados de la investidura, a pesar de que en el debate en el Congreso le llegaron advertencias de todos ellos para que no se confíe. Fuentes gubernamentales se muestran convencidas de que en la letra pequeña habrá un entendimiento. 

El mantra que repite el Ejecutivo es que no se entendería que el Parlamento rechace unos presupuestos que son “objetivamente buenos para la sociedad” por el incremento del gasto social y, por ende, para los territorios en los que gobiernan sus aliados parlamentarios, especialmente ERC y PNV. Las fuentes consultadas consideran, además, que el 'sí' definitivo se allanará con el ajuste de millones en distintas partidas. 

“Ya no hay una votación como tal”, señala un alto cargo gubernamental. El proceso pasa ahora por el debate de enmiendas parciales y la convalidación de las distintas secciones –aunque tienen que salir adelante todas ellas para que las Cortes le den el visto bueno al proyecto presupuestario–. Una vez que los aliados parlamentarios se han mojado al apoyar hasta cierto punto las cuentas con su voto en contra de las enmiendas a la totalidad, las fuentes consultadas consideran que acompañarán todo el proceso, aunque admiten que queda negociar la letra pequeña. 

El optimismo del Gobierno respecto a la aprobación de las nuevas cuentas choca con las advertencias lanzadas este jueves por los socios que necesita para sacarlas adelante, si bien todos ellos facilitaron el primer trámite parlamentario de las mismas, tumbando las siete enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, Ciudadanos, Junts, CUP, Coalición Canaria y Foro. Los aliados con mayor peso en el Congreso, ERC, PNV y EH Bildu, quisieron lanzar un mismo mensaje al Ejecutivo: que no den aún por hechos sus votos a los Presupuestos porque tienen la intención de presionar hasta el último momento para tratar de introducir sus exigencias en el proyecto final. Lo que buscan esos grupos es, principalmente, un giro a la izquierda que pueda facilitar un nuevo escenario progresista y de redistribución de la riqueza para 2022. 

Rufián, al Gobierno: “Calculen bien sus fuerzas”

Con tono desafiante, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, lanzó al Ejecutivo una clara advertencia: que la superación del debate de totalidad ha sido solo “la primera fase de una negociación”. “De ustedes depende que se supere la segunda fase”, les espetó el parlamentario republicano a los dos socios del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, en el Pleno del jueves. “Olvidan que todavía dependen de los mismos para las mismas cosas y que empiezan a tener a demasiada gente cabreada. Calculen bien sus fuerzas porque quizás no tienen tanta gasolina para tanto viaje”, añadía. 

Lo que Rufián y los suyos reclaman es que “la promesa de ser los presupuestos más sociales de la historia” se materialice con más políticas progresistas. Para los republicanos en las cuentas se mantienen agravios e insuficiencias en ámbitos que van desde políticas sociales o juventud hasta fiscalidad o industria, con mención especial a la discriminación que siguen sufriendo las pymes, que, según denuncia ERC, se llevan solo un 8,3% de los recursos del capítulo y “sigue no habiendo una sola medida para combatir la principal causa de cierre de la pequeña y mediana empresa: la morosidad”. 

Rufián pidió este jueves medidas encaminadas a crear un sistema tributario “más justo y progresivo”. “No hay ni una sola medida para que aporte más quien más tenga”, denunciaba. “La riqueza real la crea la fuerza del trabajo y no la inversión de capital. Dignifiquen el primero y graven el segundo”, añadía, vinculando las cuentas también a la derogación de la reforma laboral del PP que ha generado fricciones en el seno del Gobierno de coalición en las últimas semanas. 

ERC plantea, además, un incremento del impuesto al juego online de hasta el 30% o una bajada de IVA general en productos de higiene femenina, pañales, servicios veterinarios, peluquería, residencias o cultura. Todas estas cuestiones serán introducidas por los republicanos en las negociaciones con el Ejecutivo y, según explican desde ERC, su aceptación terminará fijando la posición final de los republicanos a la hora de aprobar los Presupuestos.

La ley audiovisual

Una de las exigencias de ERC para dar su 'sí' definitivo excede el marco presupuestario: la introducción de un contenido mínimo de lenguas cooficiales en las plataformas de televisión como Netflix en la ley audiovisual. “Es salvable”, señalan fuentes del Gobierno conocedoras de las negociaciones. El punto de partida de los republicanos es que la norma establezca un porcentaje mínimo de producción en lenguas como el catalán, el gallego o el euskera. Ese planteamiento choca, a priori, con las intenciones de Moncloa, donde temen que esa exigencia espante a una industria que Pedro Sánchez ha fijado como estratégica en su apuesta por convertir España en una potencia de creación audiovisual.

El preacuerdo alcanzado por socialistas y republicanos establece que “se buscarán las mejores fórmulas para garantizar un porcentaje de producción, doblaje y subtitulación en lenguas cooficiales que requerirá de la conformidad de Esquerra Republicana para aprobar la ley”. La idea de los socialistas es que se establezca un sistema de exenciones fiscales o ayudas para la protección de las lenguas cooficiales en la producción audiovisual. “Trabajaremos para conciliar los intereses legítimos de los sectores audiovisuales con un marco constitucional que marca la protección de nuestra lengua”, expresó este jueves la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que apostó por proyectar con “naturalidad” los distintos idiomas cooficiales como un símbolo de “cohesión” y no de “distorsión”.  

Las peticiones del PNV, cuya portavoz en el debate de este jueves, Idoia Sagastizabal, mantuvo un tono completamente alejado al de Rufián, más conciliador, tienen más que ver con las inversiones en Euskadi y, especialmente, con la llegada del AVE al País Vasco después de que los nacionalistas vascos ya hayan conseguido uno de sus grandes objetivos en la primera fase de la negociación: el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital al Gobierno Vasco. 

“Hoy [por este jueves] todavía nos falta un buen trecho para acordar los Presupuestos”, insistía ella, aunque a renglón seguido reconocía que el rechazo a las enmiendas a la totalidad “es el punto de partida de una negociación para poder discutir las discrepancias”. “Los Presupuestos tienen margen de mejora, y en ese sentido presentaremos las enmiendas parciales con ánimo constructivo”, añadía Sagastizabal. 

El PNV quiere más inversiones para Euskadi

En su opinión, “las inversiones previstas para Euskadi no tienen un adecuado reflejo; más bien al contrario: las inversiones reales en Euskadi se han reducido respecto a 2021, especialmente lo que se refiere a organismos autónomos como ADIF o ENAIRE”. Así, la diputada nacionalista criticaba los retrasos en los cumplimientos de los acuerdos relativos a la llegada del AVE al País Vasco, la “infrainversión en las partidas recogidas con respecto a los aeropuertos vascos o la desaparición de las inversiones relacionadas con la seguridad y la accesibilidad de infraestructuras ferroviarias”.  

Sagastizabal aseguraba, en todo caso, que “es importante que el Estado y todas las administraciones cuenten con unos nuevos Presupuestos. ”Se necesita aprovechar la coyuntura abierta y aprovechar al máximo los fondos europeos al margen de reglas que encorseten las inversiones“, remachaba. 

La otra fuerza vasca que necesita el Gobierno para aprobar las cuentas es EH Bildu, que exige, como ERC, una mayor ambición izquierdista respecto a la reflejada en el proyecto inicial del Ejecutivo. Para los independentistas, que tratan de desligar en todo momento la negociación de los Presupuestos de la política penitenciaria de los presos de ETA –pese a las permanentes acusaciones de las derechas al Gobierno por “cambiar presos por Presupuestos”–, es imprescindible la derogación de la reforma laboral que ha dividido a PSOE y Unidas Podemos pero que ahora ambos consideran factible en el medio plazo. 

En el Pleno de este jueves, el portavoz de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, desconfió de que esa derogación sea una “prioridad” del Ejecutivo por apostar por una mera “derogación parcial y no total” de todos los puntos que su grupo quiere eliminar porque, según dijo, el PSOE pretende obtener el “permiso” de la patronal para la nueva legislación. “Ustedes hablan de diálogo social, nosotros de veto patronal”, apostillaba. Para la formación independentista, PSOE y Unidas Podemos cuentan con el apoyo sindical y político suficiente para derogar los aspectos más lesivos aún vigentes, por lo que si los socios del Ejecutivo actúan buscando el beneplácito de los empresarios “quizá pierdan el apoyo de la izquierda de la Cámara”. 

“No se la jueguen, cumplan su palabra y a todos nos irá mucho mejor, incluidos ustedes”, advertía el parlamentario. “Tenga una cosa clara”, le decía directamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “Si no derogan la reforma laboral, si no cumplen los acuerdos suscritos, es muy probable que pierdan las elecciones y serán los únicos responsables de que gobierne la derecha”. 

EH Bildu advierte: “No caben medias tintas”

EH Bildu considera, además, que en las cuentas presentadas por el Gobierno “falta ambición para revertir recortes en derechos”. “No caben medias tintas”, advertía Matute, que volvía a exigir “convertir lo extraordinario en norma”, como el llamado 'escudo social' para blindar de forma permanente el derecho a la vivienda y a los suministros básicos. “Hay que recuperar lo arrebatado y ampliar conquistas sociales. Nosotros no valoramos las palabras, sino los hechos, no bastan las promesas, queremos acciones”, insistía, reclamando una intervención pública “más decidida, fuerte y sostenida” para poner fin al actual modelo económico, tanto desde los Presupuestos como con otras leyes.

A las de estos socios con mayor peso parlamentario se suman las exigencias de otros grupos más pequeños que el Gobierno también necesita para aprobar las cuentas. Las prioridades de Compromís, además de las ya citadas de otros grupos como la derogación de la reforma laboral y un mayor blindaje social, tienen que ver con la exigencia de una financiación más justa para la Comunitat Valenciana. Más País pide, entre otras iniciativas, multiplicar plazas públicas de psicólogos y psiquiatras, la creación de una red de trenes nocturnos entre ciudades españolas y europeas y la puesta en marcha de una agencia estatal de auditoría de algoritmos. Y el PDeCat se limita a reclamar más inversiones para Catalunya.

Este viernes finaliza el plazo para presentar las enmiendas parciales a las cuentas y será a partir de entonces cuando empiece de nuevo la negociación entre los grupos y el Gobierno para tratar de incorporar todas esas exigencias. La Comisión de Presupuestos tendrá después hasta el 19 de ese mes para elaborar el dictamen que deberá ser aprobado en dicho órgano antes de llegar al Pleno, previsiblemente el que tendrá lugar del 22 al 25 de noviembre. Si las cuentas se aprueban entonces en el Congreso se enviarán al Senado donde, tras un nuevo plazo de enmiendas, deberá aprobarse el texto definitivo que regresará a la Cámara Baja para ser definitivamente aprobado antes de que termine el año.