El Gobierno planteará una revisión de los delitos “más controvertidos” relacionados con la libertad de expresión para evitar que puedan dar lugar a penas de prisión. Según ha informado la Moncloa en un breve comunicado enviado al filo de las nueve de la noche de este lunes, la reforma hará que únicamente se castiguen conductas que supongan “claramente” un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de incidente violento y sólo con penas disuasorias, no privativas de libertad como ocurre en la actualidad.
En concreto, serán objeto de reforma el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, el delito de odio, los delitos de injurias a la Corona y a otras instituciones del Estado y los delitos contra los sentimientos religiosos. Estos tipos penales han dado lugar en los últimos años a una batería de procedimientos judiciales que preocupa a los juristas más comprometidos con la libertad de expresión. El anuncio llega después de que este lunes más de 200 artistas hayan firmado un manifiesto para apoyar al rapero Pablo Hasel ante su inminente entrada en prisión tras ser condenado por proferir mensajes contra la Corona y la Policía en tuits y canciones.
El Gobierno defiende que hay que apostar por una “interpretación restrictiva” de estos delitos por la difícil delimitación entre ejercicio del derecho fundamental y la conducta delictiva. Asimismo, sostienen que su reforma está justificada porque estos tipos penales adolecen de “una cierta indefinición del bien jurídico protegido” y porque generan “inseguridad” por la amplitud de la conducta descrita en la norma. “Todas estas cuestiones son exigencias de precisión y restricción de estos delitos, requeridas por parte del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Derecho Europeo”, afirman fuentes del Ministerio de Justicia.
Por otro lado, el Gobierno ha anunciado que la propuesta considerará que aquellos “excesos verbales” cometidos “en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales” se mantengan “al margen del castigo penal”. El Ejecutivo asegura que el derecho penal “ni es la herramienta más útil, ni es necesaria, ni es desde luego proporcionada para responder a comportamientos que, aun pudiendo rozar la ilicitud, su castigo penal supondría un desaliento para la libertad de expresión, tal y como han declarado el Tribunal Constitucional, el TEDH, la Unión Europea y la mayor parte de la doctrina española”.
El llamado efecto desaliento o chilling effect, en la extendida terminología en inglés, hace referencia a la posibilidad de que una norma, aplicada de determinada manera, pueda disuadir a los ciudadanos de ejercer en el futuro un derecho fundamental y les lleve incluso a la autocensura en materia de crítica política por el temor de que cualquier extralimitación sea sancionada, dada la repercusión mediática que acompaña a este tipo de sentencias.
El anuncio del Gobierno llega en medio de la polémica por la inminente entrada en prisión del rapero Pablo Hasel tras ser condenado a nueve meses de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo, e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por los mensajes que escribió en su cuenta de Twitter y expresó en sus canciones colgadas en Youtube, en uno de los primeros casos en los que condenados por los denominados 'delitos de opinión' termina en prisión.
Precisamente este lunes, más de 200 artistas de distintas disciplinas culturales, entre los que se encuentran el cantautor Joan Manuel Serrat o el cineasta Pedro Almodóvar, han firmado un manifiesto para apoyar al rapero. El texto pide la libertad del cantante y acusa al Estado español de “equipararse a países como Turquía o Marruecos, que también cuentan con varios artistas encarcelados por denunciar los abusos que se cometen desde el Estado”.
Consultado por elDiario.es, un portavoz del Ministerio de Justicia ha confirmado que esta posible reforma no influiría en una hipotética solicitud de indulto por parte del rapero que, por otro lado, ha afirmado que no tiene pensado solicitar esa medida de gracia porque no tiene “nada” de lo que arrepentirse.